El fallo cuestiona cambios en contrato de trabajo, indemnizaciones, jornada, negociación colectiva, huelga, teletrabajo y libertad sindical, mientras avanza la discusión de fondo sobre su constitucionalidad.

La Justicia Nacional del Trabajo resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y dispuso la suspensión provisoria de 82 artículos de la Ley 27.802, la norma de reforma laboral publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026.

La decisión fue adoptada en el expediente CNT 10308/2026, en el marco de una acción declarativa iniciada por la central sindical contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de obtener un pronunciamiento sobre la invalidez constitucional de numerosos artículos de la reforma.

Según surge de la resolución, la CGT sostuvo que las disposiciones cuestionadas vulneran de manera ostensible garantías de máxima jerarquía constitucional, entre ellas la protección del trabajo, la progresividad, la razonabilidad, la tutela judicial efectiva, la libertad sindical, la defensa en juicio y el debido proceso.

El tribunal entendió, en esta etapa preliminar, que se configuran los presupuestos para el dictado de la cautelar. En particular, consideró acreditado un estado actual de incertidumbre jurídica, la posibilidad de una lesión inmediata sobre los trabajadores y sus organizaciones, y la inexistencia de otra vía más idónea para obtener certeza en forma urgente.

Uno de los puntos centrales del fallo es el reconocimiento de la legitimación activa de la CGT para actuar en representación del colectivo de trabajadores. El Estado Nacional había cuestionado esa representación, pero el juzgado rechazó ese planteo y destacó que la central obrera posee aptitud para promover una acción de este alcance tanto en materia de derechos colectivos como respecto de aspectos individuales comunes y homogéneos.

En ese marco, la resolución señala que la medida resulta aplicable a todos los trabajadores y empleadores de la República Argentina cuyas relaciones laborales se encuentren reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo y sus normas complementarias. Además, remarca que el proceso ya fue inscripto en el Registro Público de Juicios Colectivos para evitar sentencias contradictorias y dispendio jurisdiccional.

En cuanto al fondo cautelar, el juez sostuvo que no corresponde anticipar una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la ley, pero sí efectuar una evaluación prudente y preliminar sobre la apariencia de buen derecho. Desde esa perspectiva, afirmó que existe una verosimilitud del derecho calificada, suficiente para preservar el statu quo mientras se sustancia el proceso principal.

La resolución repasa, además, una por una las normas atacadas y marca objeciones prima facie en materias especialmente sensibles. Entre ellas aparecen los cambios sobre el ámbito de aplicación de la LCT, la eliminación del in dubio pro operario en la interpretación normativa, la reducción del principio de irrenunciabilidad, la limitación de la antigüedad computable, la modificación de la presunción del artículo 23, la restricción de la responsabilidad solidaria en tercerización y grupos económicos, y la ampliación del ius variandi.

También quedaron alcanzadas por la suspensión provisoria las reformas vinculadas con certificados laborales, formación profesional, contrato a tiempo parcial, beneficios sociales, propinas, salario dinámico, pago en moneda extranjera, vacaciones, banco de horas, régimen de enfermedad o accidente, preaviso, extinción por mutuo acuerdo, indemnización por despido, actualización de sumas en extinciones anteriores y reglas sobre intereses y actualización en juicios laborales.

Un capítulo especialmente relevante del fallo es el referido a los artículos 58 a 77, que crean los Fondos de Asistencia Laboral. El juzgado entendió, en forma preliminar, que ese esquema podría no satisfacer adecuadamente la protección frente al despido arbitrario y que su puesta en marcha antes de una revisión de fondo podría generar efectos jurídicos, institucionales y patrimoniales difíciles de revertir.

La cautelar también alcanza cambios en la Ley 11.544 sobre jornada, en la Ley 25.877 respecto del régimen de huelga y servicios mínimos, en el trabajo en casas particulares, en el trabajo agrario y en la Ley 18.345, en cuanto deriva competencias hacia el fuero contencioso administrativo cuando interviene el Estado Nacional.

En materia de derecho colectivo del trabajo, el pronunciamiento suspende las modificaciones introducidas en la Ley 14.250 y en la Ley 23.551. Allí se incluyen cuestiones vinculadas con la ultraactividad de los convenios, los aportes sindicales, la integración de comisiones paritarias, la prelación entre convenios de distinto ámbito, las asambleas, la tutela de representantes y candidatos gremiales, las prácticas desleales y distintas facultades asignadas a la autoridad administrativa laboral.

Asimismo, la resolución incluye entre las normas suspendidas la derogación de la Ley 27.555 de Teletrabajo, así como la derogación de artículos de la LCT y de la Ley 14.250 que, a criterio del juzgado, cumplían funciones tuitivas o estructurales dentro del sistema de relaciones laborales.

Para justificar el peligro en la demora, el tribunal advirtió que la aplicación inmediata de las normas impugnadas podría producir un verdadero “consumo de derecho”, con efectos graves e irreparables sobre personas e instituciones. En ese sentido, puso como ejemplo el eventual funcionamiento del nuevo sistema de fondos laborales o mecanismos de deshomologación colectiva antes de que exista una sentencia definitiva sobre su validez.

El fallo también rechaza la postura del Estado Nacional según la cual la suspensión cautelar afectaría el interés público y la división de poderes. Por el contrario, sostiene que la intervención judicial en este caso forma parte del control de constitucionalidad y convencionalidad que corresponde al Poder Judicial cuando están comprometidos derechos fundamentales.

En ese razonamiento, la resolución cita la doctrina de la preferente tutela constitucional del trabajador y recuerda que las reformas legislativas no pueden vaciar el contenido de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. A la vez, enfatiza que la discusión de fondo recién se dará en una etapa posterior, con mayor debate y amplitud de defensa.

Finalmente, el juez concluyó que se verifican los requisitos exigidos por la Ley 26.854 para suspender los efectos de una ley: perjuicios graves, verosimilitud del derecho, verosimilitud de la ilegitimidad, no afectación del interés público y ausencia de efectos irreversibles derivados de la suspensión provisoria.

Con ese fundamento, resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa y suspender la vigencia de los artículos cuestionados de la Ley 27.802, difiriendo la imposición de costas y honorarios para la sentencia definitiva. Además, ordenó correr el traslado previsto en el artículo 8 de la Ley 26.854 para continuar con el trámite del proceso principal.

En los hechos, la decisión judicial frena temporalmente una parte sustancial de la reforma laboral y abre una nueva etapa de litigio constitucional sobre el alcance de los cambios introducidos por la Ley 27.802, con impacto directo sobre empleadores, trabajadores, sindicatos, asesores laborales y operadores judiciales.