El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa del proceso de simplificación regulatoria mediante la derogación de decenas de resoluciones y disposiciones que sustentaban programas de intervención económica implementados durante los últimos años.

La Secretaría de Industria y Comercio, a través de la Resolución 12/2026, dispuso la derogación de un amplio conjunto de resoluciones y disposiciones vinculadas a programas de control de precios, financiamiento subsidiado al consumo, regulación de aranceles educativos y mecanismos de intervención en mercados específicos.

La decisión se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional desde la entrada en vigencia del Decreto 70/2023 y la posterior sanción de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Uno de los bloques más importantes alcanzados por la resolución corresponde al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado durante la gestión anterior con el objetivo de desacoplar los precios internos del trigo de las variaciones internacionales.

La liquidación del fideicomiso había sido dispuesta por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 142/2024. Como consecuencia, la Secretaría consideró que todas las normas reglamentarias y complementarias asociadas al funcionamiento del fondo habían quedado sin objeto jurídico.

En total, se eliminan 22 normativas relacionadas con este esquema de intervención sobre la cadena triguera.

La resolución también elimina el conjunto normativo que regulaba los programas de financiamiento al consumo Ahora 12 y posteriormente Cuota Simple.

Según explica la Secretaría, dichos programas dejaron de encontrarse vigentes al no haberse dispuesto su prórroga conforme a las previsiones establecidas por la Resolución 486/2024.

La cartera económica sostiene que la no renovación de estos instrumentos responde a un proceso de normalización del mercado crediticio, orientado a restablecer señales de precios y eliminar distorsiones en la asignación de recursos financieros.

En este marco se derogan 30 normas que regulaban aspectos operativos y complementarios de estos programas.

Otro de los ejes de la resolución es la derogación de normas vinculadas al régimen de control estatal sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada.

La medida se relaciona con la derogación previa del Decreto 2417/1993 realizada mediante el Decreto 787/2025.

A criterio del Gobierno, el esquema anterior obligaba a los colegios privados a informar y solicitar autorización estatal para modificar sus cuotas, limitando su capacidad para adaptar precios frente a cambios en los costos operativos.

Como consecuencia, se eliminan cuatro normas que complementaban ese régimen regulatorio.

La resolución también alcanza a disposiciones vinculadas al programa Precios Cuidados.

Si bien gran parte del entramado normativo asociado ya había sido desactivado durante 2024 y 2025, la Secretaría avanzó ahora con la derogación de normativa accesoria que permanecía formalmente vigente.

Simplificación y seguridad jurídica

Entre los fundamentos de la medida, la Secretaría señala que la acumulación histórica de leyes, decretos, resoluciones y disposiciones generó superposición normativa, desactualización de regulaciones y dificultades para determinar con precisión cuáles son las normas efectivamente vigentes.

El organismo sostiene que la eliminación de disposiciones sin aplicación práctica contribuye a brindar mayor seguridad jurídica, mejorar la transparencia regulatoria y facilitar el conocimiento de las normas por parte de ciudadanos, empresas y operadores económicos.

Con esta resolución, el Gobierno continúa profundizando el proceso de revisión normativa iniciado en 2024, orientado a reducir regulaciones consideradas incompatibles con el nuevo esquema de libre formación de precios y menor intervención estatal en los mercados.