Se analiza el tratamiento contable del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios cuando excede su capacidad de cómputo contra el impuesto a las ganancias en una MiPyME. Se concluye que el saldo no computable ni trasladable pierde su carácter de activo y debe reconocerse como gasto en el mismo ejercicio en que se determina el impuesto a las ganancias, momento en el cual se verifica su irrecuperabilidad. Asimismo, se aborda el criterio de imputación temporal y su exposición considerando el ajuste por inflación (RECPAM).

La consulta analiza el tratamiento impositivo aplicable a la venta de un inmueble rural adquirido por una persona humana con posterioridad a enero de 2018 y destinado a alquiler no habitual. Se concluye que, si bien estas operaciones estaban alcanzadas por el impuesto cedular del 15% sobre la ganancia, a partir de la reforma introducida por la Ley 27.802, los resultados derivados de la enajenación de inmuebles quedan exentos en el Impuesto a las Ganancias para operaciones realizadas desde el 1° de enero de 2026. Asimismo, se recuerda que el ITI fue derogado, por lo que la operación no se encuentra alcanzada por ningún tributo nacional.

La consulta trata sobre el tratamiento fiscal de bienes totalmente amortizados, específicamente un automotor, en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales. Se aclara que, en el Impuesto a las Ganancias, estos bienes deben mantenerse valuados a su costo histórico sin deducir la amortización acumulada, ya que esta solo impacta en el resultado impositivo. En cambio, en Bienes Personales, una vez superada la vida útil (5 años para automotores), el bien continúa informándose en el patrimonio pero con valor residual cero, sin aplicar comparación con valores de mercado, hasta su baja definitiva.

La consulta analiza en qué período fiscal deben declararse los honorarios y dividendos asignados por acta de socios cuando no fueron percibidos en el mismo ejercicio. Se concluye que los honorarios de directores o socios administradores se imputan al período en que fueron asignados por la asamblea, aun sin pago, salvo que la asignación haya sido global y se individualice posteriormente. En cambio, los dividendos siguen el criterio del percibido, por lo que se declaran en el ejercicio en que se ponen a disposición o se cobran. La respuesta distingue así el tratamiento diferencial entre ambas rentas dentro del Impuesto a las Ganancias.

La consulta aborda el tratamiento impositivo del rescate total de un seguro de retiro en el Impuesto a las Ganancias, en el caso de un contribuyente inscripto por su condición de director de sociedad. Se analiza la determinación del resultado gravado conforme al artículo 48 inciso e) de la ley, concluyendo que el beneficio se calcula como la diferencia entre el monto cobrado y los aportes no deducidos sin actualización, dado que la normativa no habilita el ajuste por inflación. Asimismo, se indica que el resultado constituye renta de segunda categoría y que la retención practicada por la aseguradora debe computarse como pago a cuenta en la declaración jurada.

La consulta se refiere al tratamiento fiscal del alquiler de inmuebles destinados a casa-habitación en el impuesto a las ganancias y a la obligación de registrar el contrato en el servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI”. Se menciona que el artículo 85, inciso k), de la Ley del Impuesto a las Ganancias permite deducir el 10% del monto anual del alquiler, y que la RG 5545/2024 exige la registración previa del contrato para acceder a determinados beneficios fiscales. También se detallan el plazo, la modalidad y los datos requeridos para efectuar dicha registración.

Se analiza la obligación de informar vínculos familiares (cónyuge e hijos) en el sistema registral al dar de alta un trabajador. Se concluye que no constituye un requisito obligatorio para la registración laboral, pero su omisión puede impactar en la correcta liquidación y percepción de asignaciones familiares bajo el sistema SUAF, generando perjuicios para el trabajador.

Se analiza la posibilidad de otorgar una licencia paga por enfermedad sin respaldo médico en el marco de la LCT, destacando las facultades del empleador para adoptar medidas preventivas y la importancia del control médico laboral. Asimismo, se distingue el tratamiento del período de licencia según exista o no acreditación médica de la incapacidad, a efectos del cómputo de los plazos del artículo 208 y sus implicancias posteriores.

Se analizan los rubros que integran la liquidación final del trabajador según el tipo de extinción del contrato —con justa causa, sin causa y durante el período de prueba— a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802. Se detallan las diferencias en materia indemnizatoria, el alcance de los conceptos devengados y las exclusiones aplicables en cada supuesto, así como el plazo legal para el pago de las acreencias laborales.

Se describe el procedimiento aplicable ante inspecciones del Ministerio de Trabajo en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, incluyendo las etapas de fiscalización, verificación registral, intimación a regularizar, audiencia de descargo y eventual imposición de sanciones. Asimismo, se detallan las alternativas del empleador frente a la multa, su posible reducción por regularización temprana y las consecuencias del incumplimiento, como la inclusión en el REPSAL y la determinación de deudas previsionales.

Se analiza el tratamiento aplicable cuando un trabajador del régimen de casas particulares accede al beneficio jubilatorio o continúa prestando tareas una vez jubilado. Se detallan las obligaciones del empleador en relación con la actualización de la condición en el sistema ARCA, así como las modificaciones en los aportes y contribuciones, destacando la reducción de cargas y la exclusión del aporte a la obra social.

Se analiza si un monotributista que renuncia al régimen simplificado e inicia una actividad distinta al incorporarse al régimen general puede acceder a los beneficios del “IVA puente” previstos por la Ley 27.618. Se concluye que el cambio de actividad no impide la aplicación de la reducción progresiva del saldo deudor de IVA, siempre que se cumplan los requisitos generales. Sin embargo, limita el acceso al beneficio adicional del cómputo de créditos fiscales y deducciones vinculadas a los 12 meses previos, por la exigencia de continuidad de la actividad.

Se analiza el encuadre impositivo de los ingresos por alquiler de un inmueble explotado en condominio por personas humanas. Se concluye que el condominio no actúa como sujeto fiscal independiente, sino que cada condómino tributa individualmente por su participación. Se detallan las opciones de facturación y el tratamiento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, donde también corresponde la inscripción individual de cada titular.

Se analiza el régimen sancionatorio aplicable a la recategorización de oficio en el Monotributo, aclarando que la normativa establece una sanción del 50% sobre el impuesto integrado y el componente previsional omitidos, con posibilidad de reducción si el contribuyente acepta la determinación dentro del plazo legal o evita la infracción mediante recategorización voluntaria previa.

Se analiza la posibilidad de modificar el método de exposición del estado de flujo de efectivo (directo o indirecto) conforme a la RT 54. Se concluye que el cambio es admisible, pero implica una modificación en la presentación que obliga a reexpresar la información comparativa del período anterior para mantener la uniformidad. Asimismo, deben revelarse en notas la naturaleza del cambio, sus efectos y las razones que lo motivan, salvo que la reexpresión resulte impracticable.

Se analiza si un profesional en ciencias económicas puede firmar estados contables de una sociedad en la que se desempeña como empleado concluyendo que la relación de dependencia afecta la independencia requerida por la Resolución Técnica 37 de la FACPCE, impidiendo la emisión de informes profesionales sobre dichos estados. 

Los profesionales que obtienen rentas por el ejercicio de su actividad pueden computar la deducción especial prevista en el artículo 30, inciso c), apartado 1 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Para ello, la norma exige como condición el cumplimiento de los aportes previsionales correspondientes al período fiscal. Este requisito se considera satisfecho tanto cuando se realizan aportes al régimen de trabajadores autónomos como cuando el profesional aporta a una caja previsional profesional que actúa como régimen sustitutivo del sistema previsional general. 

El socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada debe inscribirse en el régimen de trabajadores autónomos por el ejercicio de funciones de administración dentro de la sociedad. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la obligación de inscripción y de presentación de declaración jurada anual no surge únicamente por el hecho de ocupar el cargo, sino por la obtención de rentas gravadas atribuibles, como honorarios por la función o utilidades societarias. 

Las micro y pequeñas empresas con certificado MiPyME pueden computar el 100% del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, conforme al artículo 6° de la Ley 27.264. Sin embargo, dicho cómputo solo puede aplicarse contra el impuesto determinado del mismo ejercicio. Cuando el período fiscal arroja quebranto y no existe impuesto a las ganancias a ingresar, ese beneficio no puede trasladarse a ejercicios futuros. No obstante, la normativa general del impuesto al cheque permite trasladar únicamente el porcentaje computable previsto en el régimen general (por ejemplo, el 33% del gravamen), que sí puede aplicarse como pago a cuenta en períodos fiscales posteriores hasta su agotamiento.

En los juicios de ejecución fiscal iniciados conforme al artículo 92 de la Ley 11.683, el mandamiento de intimación de pago suele incluir el capital de la deuda tributaria, los intereses devengados y una estimación de intereses y costas del proceso. El capital y los intereses pueden regularizarse mediante planes de facilidades de pago previstos por ARCA (como el régimen permanente), lo que generalmente requiere el allanamiento o desistimiento de la acción y derecho. En cambio, las costas judiciales tienen un tratamiento diferenciado: los gastos del proceso deben abonarse al contado una vez firme su liquidación, mientras que los honorarios de los representantes o apoderados del Fisco pueden cancelarse al contado o financiarse en cuotas mediante el procedimiento específico previsto para ejecuciones fiscales.

A partir del 2 de marzo de 2026, la Resolución General (ARCA) 5809/2026 modificó el procedimiento de registración y validación del domicilio fiscal en el sistema registral. La norma reemplazó el esquema previo de validación automática o sistémica —que en ciertos casos permitía confirmar o modificar domicilios sin presentar documentación— por un modelo de verificación administrativa basado en respaldo documental. En consecuencia, cuando el domicilio declarado no se encuentra previamente validado en las bases de ARCA o en registros externos, el sistema exige adjuntar documentación probatoria para su confirmación, quedando el domicilio en estado “Declarado por Internet” hasta su validación por el organismo.

Se analiza la situación en la que un trabajador solicita dejar de prestar tareas durante parte de la jornada en determinados días de la semana, con acuerdo del empleador. En estos casos, no corresponde registrar esas horas como ausencias injustificadas, sino que debe instrumentarse una modificación consensuada de la jornada laboral. El cambio debe formalizarse por escrito y reflejarse en la remuneración proporcional. Asimismo, la reorganización del tiempo de trabajo también puede instrumentarse mediante un sistema de banco de horas previsto en la reciente reforma laboral, que permite compensar horas trabajadas en distintos momentos sin reducir necesariamente el salario.

Se analiza el tratamiento indemnizatorio cuando un trabajador atraviesa una enfermedad inculpable que deriva en incapacidad absoluta. Aunque el empleador haya abonado los salarios durante el período legal de licencia por enfermedad y posteriormente haya operado la reserva del puesto por un año, la extinción del vínculo en estos casos se rige por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma establece que, cuando la incapacidad es absoluta y permanente e impide la continuidad laboral, corresponde abonar una indemnización equivalente a la prevista para el despido sin causa (artículo 245 LCT), independientemente de que se hayan cumplido previamente las etapas de licencia paga y reserva del puesto.

Se analiza si corresponde abonar la integración del mes de despido cuando el empleador está comprendido en el régimen de pequeñas empresas de la Ley 24.467. Mientras que el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé la integración cuando el despido sin preaviso se produce en una fecha que no coincide con el último día del mes, el artículo 95 de la Ley 24.467 establece un régimen especial de preaviso de un mes para las pymes. Esta particularidad ha generado distintas interpretaciones: una postura entiende que la integración sigue siendo aplicable, mientras que otra —respaldada por cierta jurisprudencia— considera que el régimen especial desplaza la aplicación del artículo 233 de la LCT, por lo que no correspondería abonarla.

Se analiza si un empleador puede abonar en cuotas la indemnización derivada de un despido sin causa. Se concluye que, conforme al régimen laboral vigente, la liquidación final debe pagarse en forma inmediata al extinguirse el vínculo laboral. La posibilidad de cancelar el crédito laboral en cuotas introducida por la Ley 27.802 se limita exclusivamente a sentencias judiciales condenatorias, permitiendo hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas o personas humanas. Por lo tanto, el pago en cuotas solo sería posible mediante un acuerdo con el trabajador debidamente formalizado y, preferentemente, homologado ante la autoridad administrativa o judicial.

Se analiza el tratamiento contable de ajustes fiscales originados en una Acción de Control Electrónico de ARCA vinculada a facturas de proveedores incluidos en la base APOC correspondientes a un ejercicio anterior. Se concluye que, si al cierre del ejercicio la entidad no tenía conocimiento ni podía razonablemente conocer la condición de los proveedores, la publicación posterior en la base APOC constituye un hecho posterior no confirmatorio. En consecuencia, los mayores impuestos derivados del allanamiento deben reconocerse en el ejercicio en que se produce la fiscalización y aceptación de la pretensión fiscal, mientras que en los estados contables del ejercicio cerrado previamente solo corresponde su revelación en notas como hecho posterior al cierre, conforme a los criterios de la Resolución Técnica 56 de la FACPCE.

Se analiza si un contribuyente que cesó su actividad en diciembre de 2023 como responsable inscripto puede adherirse nuevamente al Monotributo para iniciar una actividad distinta. Se concluye que la restricción de permanencia fuera del régimen simplificado prevista en el artículo 19 del Anexo de la Ley 24.977 solo aplica cuando hubo renuncia al Monotributo. Si el contribuyente simplemente cesó su actividad como responsable inscripto y posteriormente inicia una actividad diferente —perteneciente a otro grupo económico según la clasificación de actividades—, puede considerarse un nuevo inicio de actividad y resultar procedente la adhesión al Monotributo.

Se consulta si existe un sistema para verificar la validez de los tickets emitidos por controladores fiscales, similar al mecanismo de consulta del CAI o CAE para facturas. Se aclara que los comprobantes emitidos por controladores fiscales homologados por ARCA tienen validez fiscal siempre que cumplan con los requisitos formales establecidos para este tipo de equipos. 

Se analiza la posibilidad de rectificar una declaración jurada de IVA cuando se omitió trasladar el saldo técnico del período anterior, aun cuando el impuesto determinado resulte cero por existir mayor crédito fiscal que débito fiscal. Se concluye que la rectificación es procedente para reflejar correctamente el saldo técnico a trasladar. No obstante, cuando la rectificativa implica una modificación “en menos” desde el punto de vista formal y no se cumplen las condiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 11.683 (presentación dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento y variación menor al 5%), su registración en el sistema de cuentas tributarias requiere la validación del organismo fiscal mediante una Presentación Digital solicitando la registración de la declaración jurada rectificativa.

Se analiza si una factura emitida en un mes que hace referencia a operaciones realizadas en un mes previo, puede computarse como crédito fiscal en el IVA de este último período fiscal. Se concluye que, conforme a los artículos 5, 12, 37 y 41 de la Ley de IVA, el crédito fiscal debe imputarse al período en el que se emite la factura o documento equivalente.