Se analiza la situación en la que un trabajador solicita dejar de prestar tareas durante parte de la jornada en determinados días de la semana, con acuerdo del empleador. En estos casos, no corresponde registrar esas horas como ausencias injustificadas, sino que debe instrumentarse una modificación consensuada de la jornada laboral. El cambio debe formalizarse por escrito y reflejarse en la remuneración proporcional. Asimismo, la reorganización del tiempo de trabajo también puede instrumentarse mediante un sistema de banco de horas previsto en la reciente reforma laboral, que permite compensar horas trabajadas en distintos momentos sin reducir necesariamente el salario.

Se analiza el tratamiento indemnizatorio cuando un trabajador atraviesa una enfermedad inculpable que deriva en incapacidad absoluta. Aunque el empleador haya abonado los salarios durante el período legal de licencia por enfermedad y posteriormente haya operado la reserva del puesto por un año, la extinción del vínculo en estos casos se rige por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma establece que, cuando la incapacidad es absoluta y permanente e impide la continuidad laboral, corresponde abonar una indemnización equivalente a la prevista para el despido sin causa (artículo 245 LCT), independientemente de que se hayan cumplido previamente las etapas de licencia paga y reserva del puesto.

Se analiza si corresponde abonar la integración del mes de despido cuando el empleador está comprendido en el régimen de pequeñas empresas de la Ley 24.467. Mientras que el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé la integración cuando el despido sin preaviso se produce en una fecha que no coincide con el último día del mes, el artículo 95 de la Ley 24.467 establece un régimen especial de preaviso de un mes para las pymes. Esta particularidad ha generado distintas interpretaciones: una postura entiende que la integración sigue siendo aplicable, mientras que otra —respaldada por cierta jurisprudencia— considera que el régimen especial desplaza la aplicación del artículo 233 de la LCT, por lo que no correspondería abonarla.

Se analiza si un empleador puede abonar en cuotas la indemnización derivada de un despido sin causa. Se concluye que, conforme al régimen laboral vigente, la liquidación final debe pagarse en forma inmediata al extinguirse el vínculo laboral. La posibilidad de cancelar el crédito laboral en cuotas introducida por la Ley 27.802 se limita exclusivamente a sentencias judiciales condenatorias, permitiendo hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas o personas humanas. Por lo tanto, el pago en cuotas solo sería posible mediante un acuerdo con el trabajador debidamente formalizado y, preferentemente, homologado ante la autoridad administrativa o judicial.

Se dispone una nueva operación de financiamiento del Tesoro Nacional mediante una licitación por efectivo a realizarse el 12 de marzo de 2026, que incluye la emisión de nuevas letras en pesos capitalizables, letras ajustadas por CER y letras vinculadas al dólar estadounidense, junto con la ampliación de diversos instrumentos ya emitidos y la afectación a las autorizaciones presupuestarias de 2026 del saldo emitido y no colocado de un bono CER con vencimiento en marzo de 2027. 

La Comisión Nacional de Valores establece un plazo único de cumplimiento en la remisión de información sobre posiciones abiertas en contratos de futuros y opciones por parte de los mercados autorizados. La medida se vincula con el régimen informativo incorporado por la Resolución General 1113, orientado a fortalecer el monitoreo de riesgos en el mercado de derivados y mejorar las herramientas de supervisión de la CNV.

La Comisión Nacional de Valores reduce a 1 día hábil el plazo de difusión y colocación primaria de valores negociables emitidos por emisores frecuentes, con un mínimo de 5 horas de difusión. 

Se establece un nuevo esquema para las campañas oficiales de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, al habilitar que los titulares de RENSPA puedan acordar y seleccionar libremente a un veterinario privado acreditado ante el organismo como vacunador. La medida alcanza tanto a la vacunación sistemática como a las vacunaciones estratégicas, y redefine la participación de los veterinarios privados en el marco del Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa y del Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina en la República Argentina.

El Ministerio de Seguridad Nacional crea el Consejo Federal de Delitos Económicos, un ámbito de coordinación interjurisdiccional destinado a fortalecer la prevención, investigación y análisis de la criminalidad económica en el territorio nacional. 

Se establece el procedimiento para realizar el análisis de los impactos en la comercialización que podrían derivarse de la autorización de organismos genéticamente modificados (OGM) de uso agroindustrial. La norma reglamenta la instancia de evaluación comercial prevista en la Resolución 255/2026 del Ministerio de Economía y asigna esta función a la Dirección de Políticas de Mercados de la mencionada Secretaría, que deberá emitir un dictamen técnico previo a la eventual autorización comercial de los eventos biotecnológicos.

La Superintendencia de Servicios de Salud extendió por 30 días el plazo para que las entidades de medicina prepaga y los agentes del seguro de salud adecúen sus contratos, facturas y estados de cuenta al modelo de “Cuota Transparente” establecido por la Resolución 1725/2025. La prórroga se suma a la extensión anterior por 90 días dispuesta por la Resolución 1941/2025.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares actualizó las remuneraciones mínimas del personal comprendido en la Ley 26.844 con dos incrementos consecutivos del 1,5%: el primero desde febrero de 2026 sobre los salarios mínimos vigentes a enero de 2026 y el segundo acumulativo desde marzo de 2026 sobre los valores de febrero. Además, estableció el pago de una suma no remunerativa para los salarios de febrero y marzo de 2026, diferenciada según la carga horaria semanal.

Se analiza el tratamiento contable de ajustes fiscales originados en una Acción de Control Electrónico de ARCA vinculada a facturas de proveedores incluidos en la base APOC correspondientes a un ejercicio anterior. Se concluye que, si al cierre del ejercicio la entidad no tenía conocimiento ni podía razonablemente conocer la condición de los proveedores, la publicación posterior en la base APOC constituye un hecho posterior no confirmatorio. En consecuencia, los mayores impuestos derivados del allanamiento deben reconocerse en el ejercicio en que se produce la fiscalización y aceptación de la pretensión fiscal, mientras que en los estados contables del ejercicio cerrado previamente solo corresponde su revelación en notas como hecho posterior al cierre, conforme a los criterios de la Resolución Técnica 56 de la FACPCE.

Se analiza si un contribuyente que cesó su actividad en diciembre de 2023 como responsable inscripto puede adherirse nuevamente al Monotributo para iniciar una actividad distinta. Se concluye que la restricción de permanencia fuera del régimen simplificado prevista en el artículo 19 del Anexo de la Ley 24.977 solo aplica cuando hubo renuncia al Monotributo. Si el contribuyente simplemente cesó su actividad como responsable inscripto y posteriormente inicia una actividad diferente —perteneciente a otro grupo económico según la clasificación de actividades—, puede considerarse un nuevo inicio de actividad y resultar procedente la adhesión al Monotributo.

Se consulta si existe un sistema para verificar la validez de los tickets emitidos por controladores fiscales, similar al mecanismo de consulta del CAI o CAE para facturas. Se aclara que los comprobantes emitidos por controladores fiscales homologados por ARCA tienen validez fiscal siempre que cumplan con los requisitos formales establecidos para este tipo de equipos. 

Se analiza la posibilidad de rectificar una declaración jurada de IVA cuando se omitió trasladar el saldo técnico del período anterior, aun cuando el impuesto determinado resulte cero por existir mayor crédito fiscal que débito fiscal. Se concluye que la rectificación es procedente para reflejar correctamente el saldo técnico a trasladar. No obstante, cuando la rectificativa implica una modificación “en menos” desde el punto de vista formal y no se cumplen las condiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 11.683 (presentación dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento y variación menor al 5%), su registración en el sistema de cuentas tributarias requiere la validación del organismo fiscal mediante una Presentación Digital solicitando la registración de la declaración jurada rectificativa.

Se analiza si una factura emitida en un mes que hace referencia a operaciones realizadas en un mes previo, puede computarse como crédito fiscal en el IVA de este último período fiscal. Se concluye que, conforme a los artículos 5, 12, 37 y 41 de la Ley de IVA, el crédito fiscal debe imputarse al período en el que se emite la factura o documento equivalente. 

El Banco Central de la República Argentina publica los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL), conforme a la Ley 27.551, correspondientes al período del 17 de febrero de 2026 al 16 de marzo de 2026.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial actualiza el listado de cláusulas abusivas que no podrán incluirse en contratos de consumo celebrados con consumidores o usuarios. El nuevo marco normativo mantiene los principales supuestos históricos de cláusulas abusivas —como la interpretación unilateral del contrato por el proveedor, la modificación unilateral de condiciones o la limitación de la responsabilidad— pero introduce ajustes en su redacción y reorganiza el listado para adecuarlo al marco jurídico vigente. En particular, incorpora referencias expresas al Código Civil y Comercial de la Nación y a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, además de actualizar criterios vinculados con la contratación a distancia, el comercio electrónico y la protección de grupos vulnerables.

ARCA elimina del “Sistema Registral” el estado administrativo de la CUIT denominado “Limitado por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico”, adecuando la Resolución General 3.832 al nuevo esquema de fiscalización electrónica vigente. La modificación responde a la sustitución del SIACE por el “Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario”, implementado por la Resolución General 5.823, régimen que ya no prevé la limitación de la Clave Única de Identificación Tributaria por falta de respuesta a requerimientos electrónicos o fiscalizaciones electrónicas.

Se establece un nuevo marco regulatorio para las actividades que involucren organismos genéticamente modificados (OGM), incluyendo sus productos y subproductos derivados, destinados a usos agropecuarios, agroalimentarios o agroindustriales. El régimen regula tanto la liberación al agroecosistema con fines experimentales como los procedimientos de autorización para su comercialización, centralizando la intervención en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y actualizando los lineamientos vigentes para la evaluación de estos organismos.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social actualiza el monto de la asignación estímulo mensual no remunerativa destinada a trabajadores con discapacidad que se desempeñan en Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), en el marco del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción. El nuevo importe se fija en $143.890 mensuales, calculado como el 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) promedio vigente entre enero y agosto de 2026, y será liquidado con efectos retroactivos al 1 de enero de 2026.

Se consulta sobre la deducibilidad de los intereses devengados por un préstamo otorgado por un socio a una sociedad, en el marco de la liquidación del Impuesto a las Ganancias. Se analiza la aplicación de la limitación prevista en el artículo 85 de la ley del gravamen y su reglamentación, que establece que los intereses deducibles no pueden superar el 30% de la ganancia neta del ejercicio antes de deducir intereses y amortizaciones. Se concluye que los intereses provenientes de préstamos de socios quedan alcanzados por esta regla y que el excedente no deducible puede trasladarse a ejercicios fiscales posteriores dentro de los límites previstos por la normativa.

Se consulta si la rectificativa de una declaración jurada del Impuesto a las Ganancias que originalmente arrojaba quebranto impositivo, cuando incrementa el monto de dicho quebranto, debe considerarse una rectificativa en menos. Se concluye que, al no existir impuesto determinado ni saldo a ingresar en la declaración original, el aumento del quebranto no configura una rectificativa en menos en los términos del artículo 13 de la Ley 11.683, sino una modificación del resultado negativo trasladable a ejercicios futuros.

Se analiza el tratamiento de los pagos a cuenta en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias cuando el ejercicio fiscal arroja quebranto impositivo. Se examina la posibilidad de computar retenciones, percepciones y anticipos sufridos durante el período y su generación como saldo a favor del contribuyente. Asimismo, se estudia el tratamiento del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, cuyo cómputo como pago a cuenta se encuentra sujeto a límites y solo procede hasta el monto del impuesto determinado, por lo que en caso de quebranto su utilización queda restringida a los supuestos en que la normativa permite su traslado a ejercicios futuros.

Se consulta sobre el tratamiento del excedente del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por empresas micro o pequeñas con certificado MiPyME vigente. Se analiza el alcance del beneficio previsto en la Ley 27.264 que permite computar el 100% del impuesto al cheque contra ganancias y la limitación establecida por el Decreto 1101/2016 respecto del traslado de remanentes. Se concluye que el excedente originado exclusivamente por la ampliación al 100% no puede trasladarse a ejercicios futuros ni imputarse a anticipos, mientras que solo la porción correspondiente al régimen general (33% o 20%) conserva carácter trasladable.

Se analiza el tratamiento contable e impositivo de un contrato de leasing automotor celebrado por una sociedad anónima con una entidad financiera, en el marco de la Ley 25.248 y el Decreto 1038/2000. Se examina la deducción de los cánones en el impuesto a las ganancias, las limitaciones aplicables a automóviles, el tratamiento en el IVA y el reconocimiento contable del contrato. Asimismo, se abordan las implicancias fiscales al ejercer la opción de compra y transferir posteriormente el vehículo a un directivo de la sociedad, considerando los riesgos de ajustes por transferencia a valores inferiores al de mercado o por posible distribución indirecta de utilidades.

Se aprueba una operación de conversión de instrumentos de deuda pública en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante el canje de la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (LECAP S16M6) y del Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa dual con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (TTM26) por una canasta compuesta en partes iguales por el Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de abril de 2027 (BONCAP T30A7) y el Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027 (BONCAP T30J7). 

Se detallan las fechas de entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral; en general y en los casos particulares de acuerdo a lo estipulado en cada título, capítulo o sección.

Se consulta sobre el procedimiento para solicitar la excedencia luego de la licencia por maternidad, su duración, los efectos sobre la remuneración y la cobertura de obra social, y qué corresponde percibir si la trabajadora decide renunciar.