Se simplifican los requisitos exigidos para el transporte internacional terrestre de carácter ocasional y se adecua la normativa nacional a los lineamientos del Acuerdo de Alcance Parcial de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo adecua los datos mínimos de los Formularios A “Constancia de Alta Médica” y B “Constancia de Fin de Tratamiento”, a fin de incorporar referencias al nuevo marco regulatorio aplicable a la valoración de secuelas incapacitantes y a las prestaciones en salud mental.

Se aprueba un nuevo régimen integral para el etiquetado de productos fitosanitarios, incorporando las directrices del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de la ONU. La normativa establece requisitos técnicos, formales y de contenido que deberán cumplir las etiquetas de estos productos destinados a su comercialización en el territorio nacional, con el objetivo de mejorar la comunicación de peligros, la seguridad en el uso y la armonización con estándares internacionales.

Se prorroga hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones anuales 2025, exigidas a los funcionarios alcanzados por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar que había suspendido la vigencia de numerosos artículos de la Ley 27.802, promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En consecuencia, la decisión implica que la suspensión dispuesta en primera instancia queda sin efecto mientras se sustancia la apelación, reestableciendo la vigencia de las disposiciones cuestionadas. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 13 de la Ley 26.854, que establece como regla el efecto suspensivo cuando se trata de medidas cautelares que afectan normas de jerarquía legal, salvo supuestos excepcionales que no se verificaron en el caso.

En la causa “Central Puerto SA c/ EN-AFIP-DGI”, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a la AFIP reintegrar a la actora la suma de $33.264.583,41, correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, por no haberse aplicado el ajuste por inflación. El tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, destacando la confiscatoriedad del tributo en cuestión debido a la falta de ajuste inflacionario, lo que generó una alícuota efectiva superior al 100%. Asimismo, se rechazaron los agravios de la demandada sobre la prescripción y la tasa de interés aplicable.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

La Inspección General de Justicia dispone la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, para el tratamiento de proyectos de resoluciones generales y propuestas de modificación a la normativa vigente del organismo. La medida se enmarca en un proceso de revisión integral del régimen regulatorio, orientado a simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y adecuar la normativa a estándares de transparencia y gobierno abierto.

En el marco del conflicto suscitado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dispuso la elevación de las actuaciones a la Cámara del fuero, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 26.854. El tribunal consideró que, ante un conflicto positivo de competencia entre jueces de distinto fuero, corresponde que la resolución sea adoptada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con independencia del tipo de proceso y del fuero que hubiera intervenido en primer término. Asimismo, se destacó que, pese al rechazo de la inhibitoria por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, subsiste el conflicto, lo que impone su remisión al tribunal de alzada competente.

Se analiza el procedimiento aplicable cuando, habiéndose emitido el Formulario 1359, queda un saldo del Impuesto a las Ganancias sin retener por parte del empleador. Se concluye que el trabajador puede cancelar dicho saldo mediante un VEP bajo el mecanismo de autorretención voluntaria —sin necesidad de inscribirse— o, alternativamente, inscribirse en el impuesto y presentar la declaración jurada anual bajo el régimen general, ingresando el saldo resultante.

Se analiza la posibilidad de utilizar el crédito del impuesto a los débitos y créditos bancarios de períodos anteriores para cancelar anticipos del Impuesto a las Ganancias, así como su tratamiento en ejercicios con quebranto. Se concluye que los saldos no utilizados pueden trasladarse a ejercicios futuros y aplicarse a anticipos, y que su cómputo como pago a cuenta no depende del resultado fiscal del período sino de la categorización del contribuyente (micro, pequeña, mediana o general), siendo del 33% con carácter general y pudiendo alcanzar el 100% para micro y pequeñas empresas.

Se analiza si los fondos exteriorizados bajo el régimen de “Inocencia Fiscal” pueden destinarse a una sociedad, ya sea mediante préstamo o aporte de capital, incluyendo el caso de entidades del exterior. Se concluye que, en principio, el régimen no restringe el destino de los fondos, siempre que se cumplan las condiciones de bancarización y trazabilidad. Sin embargo, en operaciones con sociedades extranjeras deben considerarse adicionalmente aspectos cambiarios, fiscales internacionales y de prevención de lavado, lo que exige un análisis integral del caso.

Se analiza el caso de un contribuyente que, tras facturar una operación significativa como responsable inscripto, intenta adherirse al Monotributo bajo una actividad distinta. Se concluye que, conforme a la Ley 24.977, los ingresos brutos deben computarse en forma global por contribuyente —sin distinción de actividades— a efectos de la categorización y permanencia en el régimen. En consecuencia, los ingresos facturados previamente integran el parámetro de los últimos 12 meses, pudiendo generar exclusión o impedir la adhesión, aun cuando exista un cambio de actividad o se invoque un “nuevo inicio”.

Se analiza el encuadre tributario de las inversiones realizadas a nombre de menores de edad, particularmente en cuentas comitentes habilitadas por normativa de la CNV. Se concluye que el menor es el sujeto contribuyente tanto en el Impuesto a las Ganancias como en Bienes Personales, debiendo declarar las rentas y bienes a su nombre. Los padres o representantes legales actúan únicamente como responsables por deuda ajena, cumpliendo las obligaciones formales sin incorporar dichos activos o ingresos en sus propias declaraciones juradas.

Se aprueba el “Modelo de Código de Gobierno Societario” aplicable a las empresas y sociedades del Estado comprendidas en el artículo 8°, inciso b), de la Ley 24.156, estableciendo la obligación de adoptar un código propio basado en dicho modelo, con el objetivo de fortalecer los estándares de control interno, transparencia, integridad y gestión eficiente en el sector público empresarial. El modelo tiene carácter orientador, pero fija lineamientos mínimos estructurados en principios, recomendaciones y directrices que deben ser considerados al momento de su implementación.

Se aprueba una operación de conversión voluntaria de la “Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de abril de 2026” (LELINK D30A6) por el “Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026” (BONO DÓLAR LINKED TZV26).

Se establece un nuevo marco normativo integral para el registro y control aduanero de los artefactos navales y demás mercaderías destinadas a la investigación, exploración y explotación de recursos naturales en el mar territorial argentino, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, mediante su instrumentación en el Sistema Informático MALVINA (SIM), sustituyendo el régimen anterior previsto en la Resolución 3.277/1996 (ANA) y la Nota Externa 15/2005 (DGA).

La Disposición 17/2026 homologa el acuerdo salarial celebrado entre la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y diversas entidades gremiales empleadoras bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 183/92. Este acuerdo establece nuevas condiciones salariales con un alcance que se circunscribe a la representatividad de las partes firmantes, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

La resolución homologa el acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Confederación Argentina de Mutualidades, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 107/75. El acuerdo establece condiciones salariales específicas y su ámbito de aplicación se limita a la representación del sector empresario firmante y la entidad sindical correspondiente. 

La Disposición (DNRYRT) 19/2026 homologa el acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y las cámaras CEDIM y CADIME, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 108/75. El acuerdo establece condiciones salariales para los trabajadores de centros de diagnóstico médico, con un ámbito de aplicación que corresponde a la representación de las partes firmantes.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la resolución de primera instancia que había rechazado la medida cautelar solicitada por Finadiet S.A. y ordenó a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y/o a su Comité de Administración abstenerse de efectuar, respecto de la actora, las detracciones y retenciones previstas en las Resoluciones Generales (C.A.) 104/2004 y 6/2020, aplicadas a través de los sistemas SIRCREB y SIRPEI, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó en 3,40% los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de abril de 2026. La adecuación alcanza al Nomenclador de Prestaciones Básicas aprobado en el marco de la Ley 24.901.

Se sustituye el régimen aplicable al sistema “marcador/reagente” para el control de los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, y redefine el procedimiento de trazado químico de combustibles con destino exento, con exención parcial o con reducción de impuestos. La norma alcanza a sujetos pasivos del tributo, distribuidores, adquirentes, titulares de estaciones de servicio y bocas de expendio, y regula las condiciones de marcado, detección, información, homologación de sistemas y documentación respaldatoria de las operaciones.

La ARCA incorporó a LOGROS S.A. a la nómina de sujetos comprendidos en el régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Resolución General 2.854 y sus modificatorias. La medida implica que la empresa pasará a integrar el Anexo II de ese régimen, aplicable a operaciones que, por su naturaleza, generan crédito fiscal en el IVA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introduce modificaciones a la Resolución General 5.692 a fin de incorporar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la Resolución General 5.820. La norma establece que los contribuyentes podrán cumplir con la determinación anual del gravamen tanto bajo el régimen general como mediante la modalidad simplificada, adecuando los procedimientos, formularios y condiciones operativas aplicables.

Se homologa el acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Asociación de Hospitales de Colectividades y Particulares sin Fines de Lucro, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 103/75. El acuerdo establece condiciones salariales y su ámbito de aplicación se limita a la representación del sector empleador y la entidad sindical involucrada. Las partes han ratificado su contenido y se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales.

Se homologa el acuerdo paritario celebrado entre FATSA y las cámaras empresarias del sector asistencial privado comprendido en el CCT 122/75, aplicable a clínicas, sanatorios, hospitales privados, establecimientos psiquiátricos, geriátricos y demás entidades prestadoras de salud. El convenio fija nuevas escalas de salarios básicos para noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026, incorpora sumas no remunerativas mensuales de $66.000 para noviembre y diciembre de 2025 y de $70.000 desde enero de 2026, y prevé además una asignación extraordinaria no remunerativa de pago único de $60.245 por el Día de la Sanidad, a abonarse en septiembre de 2026.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la acción colectiva promovida por la CGT contra el Estado Nacional, resolvió que la inhibitoria planteada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 no se encuentra firme, por no haber sido aún aceptada ni rechazada. En consecuencia, el planteo de competencia no produce efectos suspensivos ni desplaza la jurisdicción, manteniéndose la competencia del fuero laboral. Además, admitió la intervención de la Unión Industrial Argentina como tercero necesario en el proceso y se suspendió el desarrollo del proceso hasta la incorporación de los litigantes omitidos.

En la causa 'Monteverde SA c/ GCBA-AGIP-DGR', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la inconstitucionalidad de la alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos establecida por la Ley N° 5.723. El tribunal argumentó que la aplicación de una alícuota mayor a empresas radicadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vulnera el principio de igualdad y la libertad de elección de los contribuyentes en el ejercicio de sus actividades económicas. En consecuencia, se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, manteniendo la decisión de primera instancia que favoreció a la actora.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.