El Banco Central de la República Argentina publica los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL), conforme a la Ley 27.551, correspondientes al período del 17 de abril de 2026 al 16 de mayo de 2026.

El Ministerio de Justicia difiere el 15 de febrero de 2027 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La medida alcanza al tramo de implementación del sistema acusatorio previsto para la Justicia Federal Penal y Penal Económica con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, cuya puesta en marcha había sido previamente reprogramada para el 20 de abril de 2026.

Se redefine el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) con el objetivo de ampliar su alcance, flexibilizar sus condiciones de adhesión y facilitar su utilización por parte de un mayor número de empresas industriales. La reforma incorpora expresamente a los proveedores de establecimientos adheridos, quienes podrán importar mercaderías como proveedores asociados cuando estas se integren a un proceso productivo destinado a generar bienes intermedios para su posterior incorporación al bien final producido bajo el régimen. 

Se analiza el efecto de la incorporación de un nuevo local comercial con contrato de alquiler en el régimen de Monotributo. Se concluye que el parámetro “alquileres devengados” debe evaluarse en forma acumulada considerando los últimos 12 meses, por lo que el exceso individual de un nuevo contrato no obliga a una recategorización inmediata, salvo que configure una causal de exclusión. La adecuación corresponde efectuarse en la recategorización semestral.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de los importes percibidos en un juicio laboral con sentencia favorable por despido indirecto. Se concluye que las indemnizaciones derivadas de la desvinculación laboral no se encuentran gravadas, salvo en el caso de cargos directivos o ejecutivos. Asimismo, se aclara que los conceptos remunerativos o accesorios sí pueden quedar alcanzados y sujetos a retención, la cual debe practicarse en el marco del pago judicial conforme al régimen vigente.

Se analiza la determinación del ajuste por inflación impositivo en sociedades simples y su imputación a los socios. Se concluye que el ajuste —tanto estático como dinámico— se calcula a nivel de la sociedad como un único resultado impositivo, sin segmentación por socio, y luego se atribuye íntegramente según la participación societaria, sin considerar consumos individuales.

Se analiza el alcance del cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, ante un cambio de categorización MiPyME durante el ejercicio. Se concluye que el beneficio del cómputo del 100% se mantiene hasta el mes inclusive en que se conserva la condición de pequeña empresa, y que a partir de su pérdida corresponde aplicar el porcentaje general. En el anticipo, debe considerarse el crédito acumulado hasta el mes anterior al vencimiento, diferenciando los porcentajes según el período en que se generó el impuesto.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto sobre los Bienes Personales de un inmueble adquirido mediante cesión de derechos de boleto de compraventa, cuando no se ha otorgado la escritura traslativa de dominio al cierre del período fiscal. Se concluye que, conforme a la normativa vigente, la posesión del bien al 31 de diciembre resulta suficiente para su incorporación al patrimonio del cesionario, aun sin escritura, debiendo declararse como inmueble.

Se establece la realización de una licitación de instrumentos de deuda pública en el mercado local, disponiendo la emisión de una letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 14/08/2026 y la ampliación de múltiples bonos en pesos y en dólares, incluyendo títulos ajustados por CER, a tasa TAMAR y vinculados al dólar, en el marco del programa financiero 2026. Asimismo, se instrumenta una operación de conversión de deuda mediante la cual determinados bonos con vencimientos en 2026 y 2027 podrán ser canjeados por nuevos títulos con vencimientos más largos, incluyendo el BONCER TZXM8 y un nuevo bono a tasa TAMAR con vencimiento el 25/02/2028.

Se dispone la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 17 de marzo de 2031” por hasta VNO USD 25.904.348, para su entrega al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a la par, en el marco del mecanismo previsto en el artículo 55 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026. La medida se adopta para cancelar el 60% de los servicios de intereses que vencen el 20 de abril de 2026 correspondientes a dos letras intransferibles en dólares en cartera de la autoridad monetaria.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) para precisar el régimen aplicable a la difusión de prospectos, suplementos de prospecto y demás documentos de oferta preliminares en el marco de ofertas públicas, tanto en emisiones que requieren autorización previa como en aquellas alcanzadas por regímenes de autorización automática, programas globales o el régimen de emisor frecuente.

Se amplía el listado de vehículos automotores usados con características especiales de uso, finalidad o prestación que pueden tramitar su importación definitiva para consumo bajo el régimen aplicable a bienes usados. En ese marco, sustituye el Anexo I de la Resolución 293/2025 e incorpora la posición arancelaria NCM 8704.23.40 correspondiente a máquinas “forwarder” destinadas al transporte de troncos, con el objetivo de atender necesidades productivas del sector foresto-industrial argentino.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dispuso el sobreseimiento total de los imputados en una causa por evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social y retención indebida de aportes de empleados, al aplicar retroactivamente la Ley 27.799. La reforma elevó significativamente los umbrales de punibilidad —a $7.000.000 para evasión y $3.500.000 para retención indebida por cada período mensual—, lo que determinó que los montos imputados no alcanzaran el mínimo legal exigido. En consecuencia, el tribunal consideró que las conductas resultaban atípicas y extinguió la acción penal conforme al principio de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal) y la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal”.

Valores de aportes personales de los trabajadores autónomos que rigen a partir del 15 de abril de 2026 según las categorías mínimas de revista. Los nuevos valores son de aplicación para el período devengado abril/2026 y períodos anteriores que se encuentren adeudados.

Detalle de las deducciones generales computables en la declaración jurada del impuesto a las ganancias para el período fiscal 2025 para autónomos y empleados en relación de dependencia.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa actualiza los parámetros de categorización para el Registro de Empresas MiPyMES, incorporando nuevos límites de ventas totales anuales, personal ocupado y activos, con vigencia a partir del 1° de abril de 2026.

La Ley 27.802 establece la obligatoriedad de abonar las remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria, conforme la modificación del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dado que la norma no prevé un régimen transitorio y reviste carácter de orden público, su aplicación es inmediata desde su entrada en vigencia (6/3/2026), alcanzando tanto a nuevas contrataciones como a relaciones laborales ya existentes. En consecuencia, desde dicha fecha, todos los empleadores deben adecuar la modalidad de pago, independientemente de cuándo se haya iniciado el vínculo laboral.

En el régimen de personal de casas particulares, el recibo de sueldo continúa siendo obligatorio, manteniéndose los requisitos formales de contenido establecidos por la normativa vigente, aun cuando se avanza hacia esquemas de registración electrónica. En cuanto al medio de pago, la ley establece que la remuneración debe abonarse en efectivo y, en caso de imposibilidad, mediante cheque o depósito en cuenta bancaria a nombre del trabajador. Las billeteras virtuales no se encuentran contempladas como medio de pago válido, por lo que su utilización no se ajusta al marco legal vigente.

La Ley 27.802 modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que las remuneraciones deben abonarse exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria, eliminando la posibilidad de pago en efectivo en el régimen general. No obstante, el régimen de personal de casas particulares (Ley 26.844) mantiene la validez del pago en efectivo, permitiéndolo como modalidad principal, con opción de bancarización en caso de imposibilidad. En consecuencia, la obligación de pago mediante cuenta bancaria no resulta aplicable a este régimen especial.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago de remuneraciones mediante acreditación bancaria debe realizarse en una cuenta sueldo a nombre del trabajador, con las condiciones específicas de gratuidad y disponibilidad previstas por la normativa. No resulta válido utilizar cualquier cuenta bancaria común, salvo que sea previamente reconvertida a cuenta sueldo por la entidad financiera. La reglamentación del BCRA permite transformar una cuenta existente en cuenta sueldo a solicitud del trabajador, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.

El régimen de reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones, incorporado por la Ley 27.802 (RIFL), se encuentra formalmente vigente pero no resulta aplicable en la práctica. La norma establece alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses de la relación laboral, sin embargo, su operatividad depende de la reglamentación por parte de ARCA y de su implementación en los sistemas de liquidación (F. 931), lo cual aún no ha ocurrido. En consecuencia, al momento de dar de alta a un trabajador, deben aplicarse las alícuotas generales vigentes hasta tanto se habilite el régimen.

La normativa laboral vigente establece que los recibos de sueldo pueden emitirse en formato papel o digital, sin imponer la obligatoriedad de su digitalización. La Ley de Contrato de Trabajo, modificada por la Ley 27.802, admite el uso de firma digital o electrónica como alternativa válida, mientras que la Resolución 346/2019 de la Secretaría de Trabajo regula los requisitos del formato digital. Asimismo, se reconoce la posibilidad de digitalizar los recibos a efectos de su conservación, otorgándoles plena validez jurídica equivalente al soporte papel.

Se establece un esquema de conversión de instrumentos de deuda del Tesoro en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante el canje de Letras del Tesoro de corto plazo por bonos y letras con vencimientos posteriores, tanto en pesos como vinculados al dólar estadounidense. 

La Unidad de Información Financiera (UIF) reemplaza el esquema de registración previsto en la Resolución UIF 50/2011 y profundiza la digitalización del trámite de inscripción de los sujetos obligados mediante el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). La medida exige que, al momento de registrarse, los sujetos obligados adjunten en formato digital la documentación respaldatoria correspondiente, la cual quedará sujeta a revisión y validación por parte del organismo, con posibilidad de requerir rectificaciones o faltantes por la misma vía.

El Ministerio de Capital Humano amplía a 48 meses la vigencia del Programa de Acompañamiento Social (PAS), originalmente creado por el Decreto 198/2024, y sustituye integralmente sus lineamientos operativos con el objetivo de optimizar su implementación, focalización y eficiencia en la asignación de recursos públicos. La medida redefine condiciones de acceso, permanencia y egreso del programa, así como las corresponsabilidades exigidas a los beneficiarios, en un contexto de mejora de los indicadores de pobreza e indigencia relevados por el INDEC.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.

El Banco Central introduce una serie de adecuaciones al régimen de Exterior y Cambios que amplían las excepciones a la obligación de liquidar divisas para personas humanas, flexibilizan plazos para el ingreso y liquidación de cobros de exportaciones, alivian restricciones para determinados pagos financieros y redefinen condiciones para transferencias de divisas al exterior.

Se establece el carácter declarativo de la inscripción de designaciones y cesaciones de administradores y representantes societarios, aclarando que dichos actos producen efectos desde su aprobación por el órgano social y no desde su registración. En este marco, la norma precisa que la falta de inscripción no invalida ni priva de eficacia a los actos realizados por autoridades válidamente designadas, ni impide el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la obligación legal de registrarlos.

El Ministerio de Economía modifica el criterio para determinar el carácter de largo plazo de las inversiones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), elevando del 30% al 35% el umbral del cociente entre el valor presente del flujo neto de caja esperado —excluidas inversiones— durante los primeros 3 años y el valor presente neto de las inversiones de capital en ese mismo período. La adecuación se aplica de manera uniforme a todos los sectores alcanzados por el régimen, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 172 de la Ley 27.742.

Se crea el Programa “Formando Capital Humano”, orientado a promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales mediante el acceso a cursos de formación profesional financiados a través de un sistema de vouchers. La iniciativa apunta a personas mayores de 18 años con problemáticas de empleo, incluyendo desocupados, trabajadores informales, monotributistas sociales y de categoría A, trabajadores con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, personal de casas particulares y trabajadores rurales temporarios o estacionales.