Valores de aportes personales de los trabajadores autónomos que rigen a partir del 15 de octubre de 2025 según las categorías mínimas de revista. Los nuevos valores son de aplicación para el período devengado octubre/2025 y períodos anteriores que se encuentren adeudados.

Se dispone la implementación obligatoria del Domicilio Electrónico (DE) como medio oficial de comunicación entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y todas las personas humanas y jurídicas inscriptas en sus registros y sistemas habilitantes. La medida otorga plena validez jurídica a las notificaciones, intimaciones y comunicaciones enviadas electrónicamente, equiparándolas al domicilio legal tradicional.

Se modifica el Título XXII de las Normas (N.T. 2013 y mod.) para ampliar el alcance del régimen de representación digital de valores negociables (“tokenización”) y flexibilizar sus condiciones operativas.

La Ley de Contrato de Trabajo no reconoce un derecho automático a reducir la jornada por motivos personales tras la licencia por maternidad. Solo prevé la reincorporación, la rescisión con compensación o el pedido de excedencia sin goce de haberes (arts. 183 a 186 LCT).

Los hoteles y restaurantes pueden emitir factura tipo “A” a nombre y CUIT de la empresa que contrata el servicio, sin necesidad de presentar el antiguo Formulario 8001, eliminado por la RG 4520. No obstante, el IVA incluido en esos comprobantes no sería computable como crédito fiscal, ya que la ley presume que los servicios de alojamiento y gastronomía no guardan relación directa con operaciones gravadas.

Las ventas de productos desde el territorio continental (como CABA) hacia Tierra del Fuego se consideran exportaciones según la Ley 19.640, por lo que deben documentarse con factura tipo “E”. Estas operaciones no llevan IVA, ya que se efectúan hacia el Área Aduanera Especial.

La baja de oficio prevista por el Decreto 1299/98 se aplica cuando el contribuyente no presenta declaraciones juradas durante tres períodos anuales o treinta y seis mensuales consecutivos. En estos casos, la baja rige desde el período siguiente al incumplimiento. Para verificar qué debe regularizar, la contribuyente debe ingresar al “Sistema Registral” de ARCA y consultar en “Consultas / Motivos de Baja”.

Cuando un inmueble pertenece a varios condóminos, el condominio debe contar con un CUIT propio —aunque no tribute impuestos— para identificar la relación entre sus integrantes. Cada condómino declara su parte proporcional del alquiler, pudiendo adherir individualmente al Monotributo o tributar en el régimen general según corresponda. El CUIT del condominio se gestiona conforme a la RG 1032/2001 mediante el Formulario 460/J, consignando como forma jurídica el código 241 “Condominio” y presentando la escritura o contrato del inmueble junto con la constancia de domicilio fiscal. El trámite se realiza en el servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas” de ARCA.

Se dispone la derogación de ocho resoluciones dictadas entre 1991 y 2006 vinculadas a la sanidad vegetal, la certificación de calidad, la producción de viveros, la cuarentena post-entrada y programas fitosanitarios específicos, en el marco del proceso de modernización y desregulación impulsado por el Decreto 70/2023.

Se dispone un aumento del 10% en los topes mínimo y máximo de la prestación por desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo establecido por la Ley 25.191, fijándose en $165.000 el monto mínimo y en $330.000 el máximo, con vigencia desde el 1 de noviembre de 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la ampliación del alcance del régimen de facilidades de pago transitorio aprobado por la RG 5711/2025 para la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social. A partir de la nueva disposición, podrán incluirse deudas y multas aplicadas hasta el 31 de agosto de 2025, en reemplazo del límite anterior fijado al 30 de abril.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero introduce modificaciones en la Resolución General 5321 que reglamenta el régimen permanente de facilidades de pago para obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

Se flexibiliza el régimen de facilidades de pago destinado a la regularización de saldos del Impuesto a las Ganancias correspondientes a ejercicios con quebrantos mal imputados o rectificados.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) establece el 9 de octubre de 2025 como día de asueto administrativo, declarándolo inhábil a los efectos del cómputo de plazos administrativos. La medida responde al traslado de la conmemoración del “Día del Trabajador Rural”, originalmente fijado para el 8 de octubre por Resolución CNTA 7/2004. 

La Ley 27.796 declara por un año la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a servicios de salud infantil, recomponer salarios del personal sanitario y asegurar el funcionamiento de hospitales públicos como el Garrahan.

Se promulga la Ley 27.795 que establece un régimen de financiamiento integral y actualizado para las universidades públicas, con actualización bimestral de partidas según IPC, recomposición salarial docente y no docente retroactiva a diciembre de 2023, incorporación de sumas no remunerativas al salario básico, paritarias obligatorias con cláusula de ajuste mensual por inflación y actualización automática de becas estudiantiles.

Se modifica el artículo 24 de la resolución general 2.226 para agilizar la obtención del “Certificado de Exclusión de Retención y/o Percepción del IVA”, permitiendo que, en operaciones que reciban subsidios, compensaciones tarifarias o asistencia económica del Estado nacional y/o estén alcanzadas por alícuota reducida, el juez administrativo pueda resolver el recurso de disconformidad sin exigir el requisito del inciso h) del artículo 4, siempre que no exista un régimen operativo de devolución de saldos técnicos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone la incorporación del “Aviso de Importación” y la “Autorización de Importación” de fertilizantes y enmiendas al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), conforme a lo previsto en el Decreto 101/2025 y la Resolución 214/2025 del SENASA.

Se dispone la abrogación de la Resolución General 5306 que había creado el Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (RICOI), en el marco del proceso de simplificación normativa impulsado por el Decreto 353/2025.

La documentación contable y fiscal debe conservarse por al menos diez años desde su fecha de emisión o del último asiento, según el artículo 328 del Código Civil y Comercial de la Nación. Puede mantenerse en soporte digital solo si la empresa obtiene autorización previa del Registro Público (IGJ u organismo competente) conforme al artículo 329, mediante un trámite que requiere descripción técnica del sistema, dictamen de contador y transcripción de la resolución de autorización en los libros societarios. En materia impositiva, la Ley 11.683 y el Decreto 1397/79 también exigen conservar la documentación por diez años, ya que se suman los cinco años de prescripción más cinco adicionales.

Cuando una empleada de casas particulares trabaja menos de 12 horas semanales, tanto la Asignación por Embarazo como la Asignación por Maternidad son abonadas íntegramente por ANSES, sin participación del empleador. Durante la licencia por maternidad —que se extiende por 90 días, distribuidos 45 antes y 45 después del parto, o 30 y 60 según la opción de la trabajadora—, el empleador solo otorga la licencia, pero no paga salario ni parte alguna de la asignación. La trabajadora debe gestionar el beneficio ante ANSES con el formulario PS 2.75, acreditando el embarazo y su relación laboral registrada. Si presenta la solicitud después del parto, ANSES puede reconocer el beneficio retroactivamente siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el trabajador con licencia por enfermedad con más de cinco años de antigüedad conserva su remuneración durante seis meses, y por doce meses si acredita cargas de familia. Aunque la ley no define el concepto, la interpretación más aceptada lo vincula con quienes generan derecho a asignaciones familiares o cobertura de obra social: cónyuge, conviviente e hijos hasta 18 años (o hasta 21 si estudian y dependen económicamente), y sin límite de edad si están incapacitados. 

El artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, vencido el plazo de licencia paga por enfermedad o accidente inculpable, el empleador debe conservar el puesto de trabajo durante un año más, sin obligación de pagar remuneraciones. Si el trabajador recibe el alta con una incapacidad parcial y permanente, el empleador debe reasignarle tareas compatibles sin reducir su salario; si no puede hacerlo, abona la indemnización reducida del artículo 247 LCT.

Las inasistencias injustificadas no generan automáticamente una causal de despido con justa causa. Para que constituyan injuria laboral conforme al artículo 242 de la LCT, deben ser de tal gravedad que impidan la continuidad del vínculo. En los casos de abandono de trabajo (artículo 244), el empleador debe intimar previamente al trabajador mediante carta documento a presentarse o justificar sus ausencias dentro de un plazo de dos días, bajo apercibimiento de considerarlo despedido por abandono. Si el trabajador no responde ni se reincorpora, el despido será válido sin derecho a indemnización. No existe un número fijo de inasistencias: la valoración depende de la reiteración, falta de aviso y actitud del trabajador frente a la intimación.

Las pensiones graciables están alcanzadas por el impuesto a las ganancias cuando derivan del trabajo personal del beneficiario. El artículo 82 inciso c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias incluye las jubilaciones, pensiones y retiros como rentas de cuarta categoría siempre que tengan origen laboral. Según el dictamen DiALIR 7/08, este criterio también comprende las pensiones graciables otorgadas por el Congreso bajo el artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional.

El archivo .txt del Formulario 1359 solo debe generarse y presentarse en las liquidaciones finales, anuales o informativas de aquellos empleados que hayan estado alcanzados por retenciones del Impuesto a las Ganancias en el ejercicio fiscal. Según la Resolución General 4003 (ARCA, ex AFIP), el empleador solo está obligado a confeccionar la liquidación cuando el trabajador fue pasible de retenciones.

El trabajo eventual se regula por los artículos 99 y 100 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y los artículos 68 a 74 de la Ley 24.013. Esta modalidad aplica cuando se cubren necesidades extraordinarias o transitorias —como la contratación de personal para eventos o ferias— y debe formalizarse por escrito, indicando la causa específica de la eventualidad. Las cargas sociales y el encuadre sindical son iguales a los de cualquier relación laboral: se deben efectuar los aportes y contribuciones completos a la seguridad social y encuadrar al trabajador bajo el convenio colectivo y obra social de la actividad donde presta servicios. Si la contratación se realiza por intermedio de una empresa de servicios eventuales habilitada, el empleador usuario responde solidariamente por las obligaciones laborales y previsionales (art. 29 bis LCT).

La exclusión del monotributo opera automáticamente desde el momento en que se verifica la causal —por ejemplo, superar el límite de ingresos—, sin necesidad de notificación previa de ARCA. El contribuyente debe gestionar de inmediato la baja en el monotributo y las altas en IVA, Ganancias y Autónomos. Sigue vigente el Procedimiento Permanente de Transición al Régimen General, que reemplaza al antiguo “puente” y otorga beneficios: cómputo del IVA de los últimos 12 meses como crédito fiscal, deducción en Ganancias del IVA neto de ese mismo período y reducción progresiva del saldo deudor en IVA durante tres años. 

La obligación de aportar a la obra social como jornada completa depende del monto de la remuneración. El artículo 18 de la Ley 23.660 establece que, en principio, los aportes y contribuciones se determinan sobre una base mínima equivalente a la jornada completa solo si el salario supera la base imponible mínima fijada por ANSES. Si el trabajador gana menos de ese umbral, puede optar por mantener la cobertura abonando la diferencia (Decreto 330/2010); de lo contrario, no se realizan aportes ni contribuciones. En los casos de ausencias o licencias sin goce, los aportes se calculan sobre la remuneración efectivamente devengada.

El Banco Central de la República Argentina publica los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL), conforme a la Ley 27.551, correspondientes al período del 17 de octubre de 2025 al 16 de noviembre del mismo año.