El presente cuadro normativo ofrece una visualización completa y estructurada de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, integrando sus 218 artículos conforme a la organización real del texto legal y permitiendo su análisis mediante filtros por título, capítulo, tipo de modificación y estado de vigencia. A través de esta herramienta se identifican de manera clara las incorporaciones, modificaciones y derogaciones introducidas en el régimen laboral, facilitando una lectura técnica, ordenada y orientada a la práctica profesional. Asimismo, se incorpora el impacto de la suspensión cautelar parcial dispuesta en la causa “CGT RA c/ Estado Nacional” (CNT 10308/2026, 30/03/2026), que afecta la vigencia de un conjunto relevante de disposiciones hasta el dictado de sentencia definitiva, permitiendo distinguir con precisión el alcance efectivo actual de la reforma.

Se establece un nuevo criterio objetivo para determinar la conformación de los tribunales arbitrales dentro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC), en función del monto del conflicto. A partir de esta medida, se dispone que cuando el reclamo sea inferior o igual a 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), el tribunal arbitral será unipersonal, mientras que para montos superiores se conformará un tribunal colegiado.

La Comisión Nacional de Valores dispone la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para recibir opiniones y propuestas sobre un proyecto de reglamentación de los fondos comunes de inversión abiertos ETF. La iniciativa apunta a incorporar en el mercado local un régimen específico para los FCIA ETF, definidos como fondos de gestión pasiva destinados exclusivamente a replicar el comportamiento de un índice bursátil o financiero o de una canasta de activos, con cuotapartes sujetas a oferta pública y negociación en mercados autorizados por la CNV.

La Comisión Nacional de Valores dispone la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para recibir opiniones y propuestas sobre un proyecto de modificación del Capítulo VIII del Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.), referido al régimen aplicable a los CEDEAR y CEVA. La iniciativa busca revisar y actualizar el marco regulatorio de estos instrumentos, con especial foco en la operatoria de los CEVA, a fin de adecuarlo a las condiciones actuales del mercado, mejorar la transparencia, simplificar la regulación y fortalecer la protección del inversor.

Se aprueba la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Expansión Fase 1B”, presentado por Minera del Altiplano S.A. Sucursal Dedicada (MDASD), en el marco de la ampliación del proyecto preexistente Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. La iniciativa, encuadrada en el sector Minería, subsector potasio y litio, tiene por objeto aumentar la capacidad instalada de producción de carbonato de litio en 9.500 toneladas anuales adicionales, elevando la producción del complejo desde 28.500 a 38.000 toneladas anuales, con beneficios del RIGI aplicables exclusivamente a esa expansión y no al proyecto preexistente.

Se habilita el otorgamiento de anticipos financieros a 12 provincias por hasta un monto máximo de $400.000.000.000, a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, con el objeto de atender dificultades financieras transitorias vinculadas con la ejecución de sus presupuestos y la amortización de deudas. La medida alcanza a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, y prevé que los fondos sean reintegrados dentro del ejercicio fiscal 2026.

En la causa 'Vicentin SAIC c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había determinado de oficio el IVA correspondiente a varios períodos fiscales. El tribunal consideró que la actora no logró demostrar la veracidad de las operaciones con los proveedores cuestionados, quienes presentaban irregularidades que ponían en duda su capacidad económica y operativa. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la actora y se ratificó la resolución del Fisco.

Se analiza el alcance subjetivo de la exención en el Impuesto a las Ganancias para alquileres con destino a casa habitación incorporada por la Ley 27.802. Se concluye que la exención resulta aplicable tanto a personas humanas como a personas jurídicas, dado que no se encuentra excluida expresamente para estos sujetos en la ley, quedando su aplicación sujeta a la reglamentación.

Se analiza el alcance de los mecanismos de cese laboral introducidos por la Ley 27.802, diferenciando entre el sistema sustitutivo por convenio colectivo, los fondos optativos del empleador y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se concluye que, en general, no existe una distinción entre empleados actuales y futuros, aunque la implementación depende del tipo de instrumento y, en algunos casos, de la negociación colectiva. Asimismo, el empleador mantiene la responsabilidad por las indemnizaciones.

Se analiza la vigencia de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 respecto del contenido del recibo de sueldo. Si bien la norma rige desde el 6 de marzo de 2026, la falta de reglamentación y de adecuación de los sistemas impide su aplicación inmediata. En consecuencia, no resultaría exigible implementar los nuevos recibos en la liquidación de marzo hasta que se definan formalmente los aspectos operativos.

Se analiza la obligación de confeccionar y presentar el Formulario 1359 para el período fiscal 2025 conforme la RG 4003 (t.o. RG 5531/2024). Se establece que resulta obligatorio cuando los ingresos brutos anuales del trabajador igualan o superan $26.143.532,02, determinado en función de las deducciones personales. Asimismo, la obligación subsiste aun por debajo de ese umbral cuando no se haya practicado la totalidad de las retenciones correspondientes.

Se analiza el tratamiento fiscal de la indemnización por finalización de un contrato a plazo fijo. Se concluye que, en la medida en que se trate de la compensación legal prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, tiene carácter indemnizatorio y no se encuentra alcanzada por el Impuesto a las Ganancias. Solo podría quedar gravado el eventual excedente en casos de personal directivo o ejecutivo.

Se actualizan los valores de la prestación por desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo instituido por la Ley 25.191 para los trabajadores rurales, con vigencia desde el 1 de abril de 2026. En ese marco, el RENATRE aprueba un incremento del 2% sobre el beneficio ordinario y fija un monto máximo de $374.954 y un monto mínimo de $187.477, dejando sin efecto la escala anterior aprobada a comienzos de marzo.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa actualiza los parámetros de categorización para el Registro de Empresas MiPyMES, incorporando nuevos límites de ventas totales anuales, personal ocupado y activos, con vigencia a partir del 1° de abril de 2026.

Se aprueba la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación Fases 8 y 9 del Sistema de Lixiviación en Valle de Mina Veladero”, presentado por Minera Andina del Sol S.R.L. Sucursal Dedicada 1 (MAS-SD1), en el sector minería. La iniciativa contempla una inversión total en activos computables de USD 380.116.079,91 destinada a incrementar la capacidad productiva mediante la incorporación de nuevas plataformas de lixiviación, lo que permitirá procesar un volumen adicional de 1.626.034 onzas de oro sin extender la vida útil de la mina.

La ANSES dispone la actualización de los montos de las asignaciones familiares, así como de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, aplicable a partir de abril de 2026, en el marco del régimen establecido por la Ley 24.714 y la movilidad prevista en la Ley 27.160. El ajuste se fija en un 2,90%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026, conforme el esquema de movilidad mensual vigente.

La ANSES establece los nuevos valores de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) aplicables a partir de abril de 2026, en función de la movilidad mensual determinada por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Para el período considerado, la actualización resulta en un incremento del 2,90%, correspondiente a la variación del IPC de febrero de 2026.

Se extiende hasta el 30 de abril de 2026 el diferimiento parcial de los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones de 2024 y 2025 del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono aplicables a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. De este modo, la entrada en vigencia de esos aumentos, que por el esquema anterior debía operar desde el 1° de abril de 2026, se traslada al 1° de mayo de 2026.

Se dispone la ampliación de la emisión del Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 29/9/2028, originalmente emitido mediante la Resolución Conjunta 16/2026, con el objeto de atender la demanda registrada en la licitación por efectivo realizada el 27/3/2026. La ampliación podrá alcanzar hasta un monto máximo de valor nominal original de $ 1.000.000.000.000, en el marco del programa de financiamiento autorizado para el ejercicio 2026.

Se instrumenta una licitación de deuda pública con colocaciones en pesos, ajustadas por CER, atadas al dólar y en dólares, junto con una conversión de títulos y ampliaciones de emisiones vigentes.

Se modifican las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) para actualizar el régimen informativo de pasivos financieros aplicable a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), estableciendo con mayor precisión el alcance, contenido y periodicidad de la información que deben remitir a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF). La normativa alcanza a los pasivos financieros asumidos por los agentes y a los acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables, incluyendo aquellos vinculados a clientes comprendidos en el concepto de cartera propia ampliada.

Se establece un nuevo régimen de intercambio de información en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP) entre los organismos de contralor específicos —Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación e Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social— así como con organismos similares extranjeros. 

Se crea el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, como parte del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), con el objetivo de consolidar en una única base de datos la información de las personas que reciben prestaciones o servicios sociales. El registro funcionará como un repositorio administrativo que integra, armoniza y centraliza los datos provenientes de los distintos organismos y programas de la Administración Pública Nacional, permitiendo identificar a los beneficiarios y sus características asociadas.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

La FACPCE aprobó una dispensa transitoria y excepcional para las entidades que apliquen por primera vez la Resolución Técnica N° 54 – Norma Unificada Argentina de Contabilidad, permitiéndoles mantener durante el primer ejercicio las denominaciones, expresiones y criterios de agregación y desagregación de partidas utilizados bajo normas contables anteriores, únicamente en materia de presentación de los estados contables básicos. La medida no implica una prórroga ni un diferimiento de la RT 54, sino una norma complementaria del régimen de transición previsto en su Apéndice A, orientada a facilitar una implementación ordenada de los cambios de exposición.

Se analiza el alcance de la reforma laboral (Ley 27.802) respecto de la posibilidad de contratar trabajadores bajo la figura de monotributo. Se concluye que la norma no habilita la utilización del monotributo para encubrir relaciones laborales en actividades comerciales, como un ayudante de pizzero. La figura del colaborador independiente está limitada a supuestos específicos —principalmente profesionales— y no elimina los criterios clásicos de relación de dependencia previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, subsiste el riesgo de reclamos laborales si se utiliza indebidamente.

Se analiza el tratamiento de los saldos a favor del componente impositivo del Monotributo en casos de exclusión de oficio con efectos retroactivos. Conforme la RG (AFIP) 4309/2018, dichos saldos no pueden aplicarse libremente, sino que deben seguir un orden de imputación obligatorio: primero a deudas del propio régimen simplificado, luego a aportes de autónomos y, en caso de remanente, a otros impuestos como IVA o Ganancias. 

Se analiza el tratamiento de los saldos a favor del componente impositivo del Monotributo en casos de exclusión de oficio con efectos retroactivos. Conforme la RG (AFIP) 4309/2018, dichos saldos no pueden aplicarse libremente, sino que deben seguir un orden de imputación obligatorio: primero a deudas del propio régimen simplificado, luego a aportes de autónomos y, en caso de remanente, a otros impuestos como IVA o Ganancias. 

Se detallan los contribuyentes que no pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias según la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la RG (ARCA) 5820/2026. La exclusión se configura por incumplimiento de requisitos objetivos (niveles de ingresos, patrimonio, categorización como gran contribuyente) y formales (estado de CUIT y alta en el impuesto). Asimismo, se aclara que los socios de SRL, SA o SAS no están excluidos por su condición.

Se analiza la condición previa de inscripción en el Impuesto a las Ganancias para poder optar por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada correspondiente al período fiscal 2025. Se concluye que, en caso de no estar inscripto, el contribuyente debe gestionar el alta retroactiva en el impuesto con efecto en dicho período mediante Presentaciones Digitales de ARCA.