El Ministerio de Justicia dispone la prórroga por 90 días corridos de la entrada en vigencia del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, originalmente prevista para el 29 de marzo de 2026 conforme al cronograma establecido por el Decreto 696/2025. La medida se adopta ante la necesidad de completar el desarrollo de funcionalidades críticas del sistema, así como de finalizar adecuaciones normativas, procesos administrativos y acciones de capacitación y difusión dirigidas a los actores del régimen de mediación.

Se dispone la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 17 de marzo de 2031” por un monto de hasta USD 9.625.325, a ser entregada al Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de lo previsto en el artículo 55 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026. La medida tiene por finalidad cancelar el 60% de los servicios de intereses correspondientes a letras intransferibles previamente emitidas, cuyos vencimientos operan a fines de marzo y comienzos de abril de 2026.

La Secretaría Nacional de Discapacidad establece una actualización del 2,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad correspondiente al mes de marzo de 2026, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026. La medida alcanza a todas las prestaciones incluidas en el nomenclador vigente aprobado por la Resolución 428/1999, sin distinción por tipo de prestación.

Se establece el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en abril de 2026, destinado a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas y graciables a cargo de ANSES. El beneficio se liquida por titular y alcanza tanto a prestaciones contributivas como no contributivas, siempre que los haberes se encuentren vigentes en el mes de pago.

En la causa “ARAUCO ARGENTINA SA c/ DGA”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 793/2018. Asimismo, se admitió la acción de repetición de derechos de exportación abonados sin causa, reconociendo el derecho de la actora a obtener el reintegro correspondiente. La decisión se fundamentó en la incompatibilidad del decreto con el texto constitucional y la falta de validez de los derechos de exportación establecidos por normas extralegales.

Se actualiza el valor de la suma fija destinada al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), prevista en el artículo 5° del Decreto 590/1997, estableciéndola en $ 1.637 para el devengado de marzo de 2026. La suma actualizada deberá abonarse a partir de abril de 2026 y resulta aplicable a las unidades productivas comprendidas en el Régimen General del sistema de riesgos del trabajo.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) incorpora la obligación de elaborar y publicar una “Ficha Única” para cada fondo común de inversión (FCI) abierto, con el objetivo de estandarizar la información relevante para inversores y mejorar la transparencia del mercado. 

Se dispone la ampliación de la Zona Franca Minorista (Tienda Libre) de Puerto Iguazú mediante la autorización de una nueva delimitación y superficie del predio destinado a la venta al por menor de mercaderías bajo régimen de zona franca.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca elimina la exigencia de acreditar habilitación municipal o provincial en diversos regímenes de inscripción y certificación vinculados al sector agropecuario, pesquero y de fertilizantes. La medida se enmarca en el proceso de desregulación impulsado por el Decreto 70/2023 y en el relevamiento normativo dispuesto por el Decreto 90/2025, con el objetivo de simplificar trámites y reducir cargas administrativas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) actualiza los importes de las multas previstas en el artículo 15 de la Ley 17.622 aplicables a los incumplimientos en el suministro de información requerida por el Sistema Estadístico Nacional (SEN), así como el monto de inapelabilidad establecido en el artículo 22 del Decreto 3110/1970, en función de la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) correspondiente al segundo semestre de 2025.

Escala de alícuotas vigente para el período fiscal 2025 según el artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019) correspondiente a personas humanas y sucesiones indivisas.

Se analiza el tratamiento en el impuesto a las ganancias de rendimientos financieros del exterior obtenidos por una persona humana monotributista, provenientes de bonos y ETF. Se concluye que dichas rentas constituyen ganancias de segunda categoría de fuente extranjera, deben declararse bajo criterio de lo percibido e integrarse al esquema general del impuesto. Asimismo, se aclara que la existencia de deducciones personales no exime de la obligación de presentar la declaración jurada si se obtuvieron rentas gravadas.

Se analiza la posibilidad de computar el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de contribuciones patronales al SIPA en el marco del régimen vigente. Se concluye que este beneficio se encuentra limitado exclusivamente a microempresas, quedando excluidas las pequeñas empresas aun cuando cuenten con certificado MiPyME vigente. Asimismo, se aclara que estas últimas solo pueden aplicar el cómputo general contra el impuesto a las ganancias.

Se analiza el límite de deducción de honorarios de directorio en el impuesto a las ganancias y su vinculación con la distribución de utilidades. Se concluye que el tope del 25% solo resulta aplicable cuando existe distribución de dividendos, mientras que, en ausencia de distribución, el límite deducible se reduce al 5% de la utilidad contable ajustada. Asimismo, se destaca la posibilidad de aplicar un criterio proporcional cuando la distribución es parcial.

Se analiza la validez contable de presentar estados contables con patrimonio neto negativo en una sociedad sin actividad, así como sus implicancias societarias en términos de causal de disolución. Asimismo, se aborda el tratamiento impositivo aplicable a la venta del único bien del activo (inmueble rural), concluyendo que la operación se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias, sin gravabilidad en IVA en condiciones generales, y con posibles efectos en el impuesto de sellos.

Se analiza el tratamiento contable del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios cuando excede su capacidad de cómputo contra el impuesto a las ganancias en una MiPyME. Se concluye que el saldo no computable ni trasladable pierde su carácter de activo y debe reconocerse como gasto en el mismo ejercicio en que se determina el impuesto a las ganancias, momento en el cual se verifica su irrecuperabilidad. Asimismo, se aborda el criterio de imputación temporal y su exposición considerando el ajuste por inflación (RECPAM).

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) corrige el valor del arancel y la cantidad de UMAPIS aplicables al ítem 331800, correspondiente al pedido de examen de fondo de modelos de utilidad de hasta 10 reivindicaciones, y sustituye el anexo de la Resolución INPI 75/2026 que contiene el detalle integral de aranceles y UMAPIS del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La rectificación fija para ese trámite un importe de $79.920 y 222 UMAPIS.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había admitido parcialmente la potestad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para ejercer poderes de policía e imposición sobre el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El Tribunal puso el eje en la invalidez constitucional de la ley provincial 3978 de Río Negro, que había anexado al ejido municipal el territorio donde se emplaza la estación aérea, ubicado dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi –Zona Gutiérrez–. Con remisión a su precedente de Fallos: 347:552, la Corte reiteró que esas tierras integran un establecimiento sometido a jurisdicción federal y que la provincia no podía realizar actos de disposición sobre ellas. En consecuencia, la pretensión municipal de exigir habilitación comercial, declaraciones de ingresos y el pago de la tasa de seguridad e higiene carece de causa jurídica suficiente. 

Se aprueba el Manual de Procedimientos de Auditoría aplicable al Régimen de Inversiones para la Actividad Minera previsto en la Ley 24.196, con el objetivo de estandarizar criterios de fiscalización, optimizar recursos y fortalecer el control sobre el uso de los beneficios fiscales y promocionales otorgados al sector.

Se introducen modificaciones al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado Nacional y las provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, originalmente creado por el Decreto 969/2024, con el objetivo de ampliar los plazos de adhesión, presentación de documentación y negociación de deudas, así como redefinir aspectos operativos del sistema.

La Resolución Técnica N° 54 (Texto Ordenado) de la FACPCE aprueba la Norma Unificada Argentina de Contabilidad, consolidando en un único cuerpo normativo los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información contable para entidades que no aplican NIIF. La norma incorpora modificaciones posteriores (RT 56, 59 y 62 y resoluciones de Junta de Gobierno) y define un marco integral aplicable a distintos tipos de entes, incluyendo entidades pequeñas, medianas y otras, con criterios diferenciados según su clasificación.

La consulta analiza el tratamiento impositivo aplicable a la venta de un inmueble rural adquirido por una persona humana con posterioridad a enero de 2018 y destinado a alquiler no habitual. Se concluye que, si bien estas operaciones estaban alcanzadas por el impuesto cedular del 15% sobre la ganancia, a partir de la reforma introducida por la Ley 27.802, los resultados derivados de la enajenación de inmuebles quedan exentos en el Impuesto a las Ganancias para operaciones realizadas desde el 1° de enero de 2026. Asimismo, se recuerda que el ITI fue derogado, por lo que la operación no se encuentra alcanzada por ningún tributo nacional.

La consulta trata sobre el tratamiento fiscal de bienes totalmente amortizados, específicamente un automotor, en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales. Se aclara que, en el Impuesto a las Ganancias, estos bienes deben mantenerse valuados a su costo histórico sin deducir la amortización acumulada, ya que esta solo impacta en el resultado impositivo. En cambio, en Bienes Personales, una vez superada la vida útil (5 años para automotores), el bien continúa informándose en el patrimonio pero con valor residual cero, sin aplicar comparación con valores de mercado, hasta su baja definitiva.

La consulta analiza en qué período fiscal deben declararse los honorarios y dividendos asignados por acta de socios cuando no fueron percibidos en el mismo ejercicio. Se concluye que los honorarios de directores o socios administradores se imputan al período en que fueron asignados por la asamblea, aun sin pago, salvo que la asignación haya sido global y se individualice posteriormente. En cambio, los dividendos siguen el criterio del percibido, por lo que se declaran en el ejercicio en que se ponen a disposición o se cobran. La respuesta distingue así el tratamiento diferencial entre ambas rentas dentro del Impuesto a las Ganancias.

La consulta aborda el tratamiento impositivo del rescate total de un seguro de retiro en el Impuesto a las Ganancias, en el caso de un contribuyente inscripto por su condición de director de sociedad. Se analiza la determinación del resultado gravado conforme al artículo 48 inciso e) de la ley, concluyendo que el beneficio se calcula como la diferencia entre el monto cobrado y los aportes no deducidos sin actualización, dado que la normativa no habilita el ajuste por inflación. Asimismo, se indica que el resultado constituye renta de segunda categoría y que la retención practicada por la aseguradora debe computarse como pago a cuenta en la declaración jurada.

La consulta se refiere al tratamiento fiscal del alquiler de inmuebles destinados a casa-habitación en el impuesto a las ganancias y a la obligación de registrar el contrato en el servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI”. Se menciona que el artículo 85, inciso k), de la Ley del Impuesto a las Ganancias permite deducir el 10% del monto anual del alquiler, y que la RG 5545/2024 exige la registración previa del contrato para acceder a determinados beneficios fiscales. También se detallan el plazo, la modalidad y los datos requeridos para efectuar dicha registración.

El Banco Central de la República Argentina publica los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL), conforme a la Ley 27.551, correspondientes al período del 17 de marzo de 2026 al 16 de abril de 2026.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ratifica la validez en término de las presentaciones y pagos del anticipo 1/2026 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes comprendidos en el sistema SIFERE, afectados por inconvenientes técnicos derivados de fallas en proveedores de internet. La medida alcanza a los vencimientos originalmente previstos para los días 13, 18 y 19 de febrero de 2026, considerándose cumplidas en término aquellas obligaciones efectivizadas hasta el 20 de febrero de 2026.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) dispone la actualización de los aranceles aplicables a los servicios de propiedad industrial a partir del 1/04/2026 y crea la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI), un nuevo parámetro de referencia para expresar los importes de dichos aranceles.