Se analiza la obligación de informar vínculos familiares (cónyuge e hijos) en el sistema registral al dar de alta un trabajador. Se concluye que no constituye un requisito obligatorio para la registración laboral, pero su omisión puede impactar en la correcta liquidación y percepción de asignaciones familiares bajo el sistema SUAF, generando perjuicios para el trabajador.

Se analiza la posibilidad de otorgar una licencia paga por enfermedad sin respaldo médico en el marco de la LCT, destacando las facultades del empleador para adoptar medidas preventivas y la importancia del control médico laboral. Asimismo, se distingue el tratamiento del período de licencia según exista o no acreditación médica de la incapacidad, a efectos del cómputo de los plazos del artículo 208 y sus implicancias posteriores.

Se analizan los rubros que integran la liquidación final del trabajador según el tipo de extinción del contrato —con justa causa, sin causa y durante el período de prueba— a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802. Se detallan las diferencias en materia indemnizatoria, el alcance de los conceptos devengados y las exclusiones aplicables en cada supuesto, así como el plazo legal para el pago de las acreencias laborales.

Se describe el procedimiento aplicable ante inspecciones del Ministerio de Trabajo en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, incluyendo las etapas de fiscalización, verificación registral, intimación a regularizar, audiencia de descargo y eventual imposición de sanciones. Asimismo, se detallan las alternativas del empleador frente a la multa, su posible reducción por regularización temprana y las consecuencias del incumplimiento, como la inclusión en el REPSAL y la determinación de deudas previsionales.

Se analiza el tratamiento aplicable cuando un trabajador del régimen de casas particulares accede al beneficio jubilatorio o continúa prestando tareas una vez jubilado. Se detallan las obligaciones del empleador en relación con la actualización de la condición en el sistema ARCA, así como las modificaciones en los aportes y contribuciones, destacando la reducción de cargas y la exclusión del aporte a la obra social.

La Superintendencia de Servicios de Salud incorpora una sección especial dentro del Registro de Agentes del Seguro de Salud para la cobertura médico asistencial de pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado, con el fin de identificar a las obras sociales que acepten recibir afiliados monotributistas provenientes de agentes del seguro de salud dados de baja.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

En la causa “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional s/ medida cautelar”, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 hizo lugar a la medida precautoria solicitada por el sindicato actor y dispuso la suspensión de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la función judicial laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802.

La Superintendencia de Seguros de la Nación redefine integralmente el régimen aplicable a la disolución voluntaria de entidades aseguradoras. La norma establece un procedimiento más estricto para comunicar la decisión societaria, presentar la documentación respaldatoria, acreditar la situación patrimonial de la entidad y detallar el plan de liquidación, bajo supervisión directa del organismo de control. La resolución entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Se derogan las pautas específicas para el examen de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas vigentes desde 2012, estableciendo que el análisis de las solicitudes se realizará en todos los casos conforme a los criterios generales previstos en la Ley 24.481 y sus modificatorias, es decir, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, bajo la competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

El presente cuadro comparativo expone, de manera sistemática y artículo por artículo, las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen laboral argentino, abarcando tanto la Ley de Contrato de Trabajo como otras normas complementarias. A través de la confrontación entre el texto anterior y el texto reformado, se identifican con precisión los cambios relevantes en materia de ámbito de aplicación, principios interpretativos, modalidades contractuales, jornada, remuneración, registración, responsabilidad empresaria y régimen indemnizatorio, así como las derogaciones y nuevas incorporaciones. La herramienta permite visualizar de forma integral el alcance de la reforma, facilitando su análisis técnico y su aplicación práctica en el ámbito profesional.

Se analiza si un monotributista que renuncia al régimen simplificado e inicia una actividad distinta al incorporarse al régimen general puede acceder a los beneficios del “IVA puente” previstos por la Ley 27.618. Se concluye que el cambio de actividad no impide la aplicación de la reducción progresiva del saldo deudor de IVA, siempre que se cumplan los requisitos generales. Sin embargo, limita el acceso al beneficio adicional del cómputo de créditos fiscales y deducciones vinculadas a los 12 meses previos, por la exigencia de continuidad de la actividad.

Se analiza el encuadre impositivo de los ingresos por alquiler de un inmueble explotado en condominio por personas humanas. Se concluye que el condominio no actúa como sujeto fiscal independiente, sino que cada condómino tributa individualmente por su participación. Se detallan las opciones de facturación y el tratamiento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, donde también corresponde la inscripción individual de cada titular.

Se analiza el régimen sancionatorio aplicable a la recategorización de oficio en el Monotributo, aclarando que la normativa establece una sanción del 50% sobre el impuesto integrado y el componente previsional omitidos, con posibilidad de reducción si el contribuyente acepta la determinación dentro del plazo legal o evita la infracción mediante recategorización voluntaria previa.

Se analiza la posibilidad de modificar el método de exposición del estado de flujo de efectivo (directo o indirecto) conforme a la RT 54. Se concluye que el cambio es admisible, pero implica una modificación en la presentación que obliga a reexpresar la información comparativa del período anterior para mantener la uniformidad. Asimismo, deben revelarse en notas la naturaleza del cambio, sus efectos y las razones que lo motivan, salvo que la reexpresión resulte impracticable.

Se analiza si un profesional en ciencias económicas puede firmar estados contables de una sociedad en la que se desempeña como empleado concluyendo que la relación de dependencia afecta la independencia requerida por la Resolución Técnica 37 de la FACPCE, impidiendo la emisión de informes profesionales sobre dichos estados. 

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral fijó a partir del 1 de abril de 2026 la entrada en vigencia del sistema informático “Domicilio Fiscal Electrónico Federal”, aprobado previamente por la Resolución General CA 14/2025. Se trata de una herramienta destinada a que cada jurisdicción pueda realizar comunicaciones electrónicas a contribuyentes y responsables comprendidos en el Convenio Multilateral, así como a otros sujetos obligados locales de las propias jurisdicciones, y recibir sus respuestas a través de ese canal.

Los profesionales que obtienen rentas por el ejercicio de su actividad pueden computar la deducción especial prevista en el artículo 30, inciso c), apartado 1 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Para ello, la norma exige como condición el cumplimiento de los aportes previsionales correspondientes al período fiscal. Este requisito se considera satisfecho tanto cuando se realizan aportes al régimen de trabajadores autónomos como cuando el profesional aporta a una caja previsional profesional que actúa como régimen sustitutivo del sistema previsional general. 

El socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada debe inscribirse en el régimen de trabajadores autónomos por el ejercicio de funciones de administración dentro de la sociedad. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la obligación de inscripción y de presentación de declaración jurada anual no surge únicamente por el hecho de ocupar el cargo, sino por la obtención de rentas gravadas atribuibles, como honorarios por la función o utilidades societarias. 

Las micro y pequeñas empresas con certificado MiPyME pueden computar el 100% del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, conforme al artículo 6° de la Ley 27.264. Sin embargo, dicho cómputo solo puede aplicarse contra el impuesto determinado del mismo ejercicio. Cuando el período fiscal arroja quebranto y no existe impuesto a las ganancias a ingresar, ese beneficio no puede trasladarse a ejercicios futuros. No obstante, la normativa general del impuesto al cheque permite trasladar únicamente el porcentaje computable previsto en el régimen general (por ejemplo, el 33% del gravamen), que sí puede aplicarse como pago a cuenta en períodos fiscales posteriores hasta su agotamiento.

En los juicios de ejecución fiscal iniciados conforme al artículo 92 de la Ley 11.683, el mandamiento de intimación de pago suele incluir el capital de la deuda tributaria, los intereses devengados y una estimación de intereses y costas del proceso. El capital y los intereses pueden regularizarse mediante planes de facilidades de pago previstos por ARCA (como el régimen permanente), lo que generalmente requiere el allanamiento o desistimiento de la acción y derecho. En cambio, las costas judiciales tienen un tratamiento diferenciado: los gastos del proceso deben abonarse al contado una vez firme su liquidación, mientras que los honorarios de los representantes o apoderados del Fisco pueden cancelarse al contado o financiarse en cuotas mediante el procedimiento específico previsto para ejecuciones fiscales.

A partir del 2 de marzo de 2026, la Resolución General (ARCA) 5809/2026 modificó el procedimiento de registración y validación del domicilio fiscal en el sistema registral. La norma reemplazó el esquema previo de validación automática o sistémica —que en ciertos casos permitía confirmar o modificar domicilios sin presentar documentación— por un modelo de verificación administrativa basado en respaldo documental. En consecuencia, cuando el domicilio declarado no se encuentra previamente validado en las bases de ARCA o en registros externos, el sistema exige adjuntar documentación probatoria para su confirmación, quedando el domicilio en estado “Declarado por Internet” hasta su validación por el organismo.

Se dispone la emisión de una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 17 de marzo de 2031, por hasta VNO USD 21.086.082, para ser entregada al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Ministerio de Seguridad Nacional aprueba el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia integral orientada a prevenir, detectar y responder a las estafas y delitos cometidos mediante herramientas digitales, redes sociales, plataformas financieras y otras tecnologías de información. 

Se analiza la situación en la que un trabajador solicita dejar de prestar tareas durante parte de la jornada en determinados días de la semana, con acuerdo del empleador. En estos casos, no corresponde registrar esas horas como ausencias injustificadas, sino que debe instrumentarse una modificación consensuada de la jornada laboral. El cambio debe formalizarse por escrito y reflejarse en la remuneración proporcional. Asimismo, la reorganización del tiempo de trabajo también puede instrumentarse mediante un sistema de banco de horas previsto en la reciente reforma laboral, que permite compensar horas trabajadas en distintos momentos sin reducir necesariamente el salario.

Se analiza el tratamiento indemnizatorio cuando un trabajador atraviesa una enfermedad inculpable que deriva en incapacidad absoluta. Aunque el empleador haya abonado los salarios durante el período legal de licencia por enfermedad y posteriormente haya operado la reserva del puesto por un año, la extinción del vínculo en estos casos se rige por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma establece que, cuando la incapacidad es absoluta y permanente e impide la continuidad laboral, corresponde abonar una indemnización equivalente a la prevista para el despido sin causa (artículo 245 LCT), independientemente de que se hayan cumplido previamente las etapas de licencia paga y reserva del puesto.

Se analiza si corresponde abonar la integración del mes de despido cuando el empleador está comprendido en el régimen de pequeñas empresas de la Ley 24.467. Mientras que el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé la integración cuando el despido sin preaviso se produce en una fecha que no coincide con el último día del mes, el artículo 95 de la Ley 24.467 establece un régimen especial de preaviso de un mes para las pymes. Esta particularidad ha generado distintas interpretaciones: una postura entiende que la integración sigue siendo aplicable, mientras que otra —respaldada por cierta jurisprudencia— considera que el régimen especial desplaza la aplicación del artículo 233 de la LCT, por lo que no correspondería abonarla.

Se analiza si un empleador puede abonar en cuotas la indemnización derivada de un despido sin causa. Se concluye que, conforme al régimen laboral vigente, la liquidación final debe pagarse en forma inmediata al extinguirse el vínculo laboral. La posibilidad de cancelar el crédito laboral en cuotas introducida por la Ley 27.802 se limita exclusivamente a sentencias judiciales condenatorias, permitiendo hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas o personas humanas. Por lo tanto, el pago en cuotas solo sería posible mediante un acuerdo con el trabajador debidamente formalizado y, preferentemente, homologado ante la autoridad administrativa o judicial.

Se dispone una nueva operación de financiamiento del Tesoro Nacional mediante una licitación por efectivo a realizarse el 12 de marzo de 2026, que incluye la emisión de nuevas letras en pesos capitalizables, letras ajustadas por CER y letras vinculadas al dólar estadounidense, junto con la ampliación de diversos instrumentos ya emitidos y la afectación a las autorizaciones presupuestarias de 2026 del saldo emitido y no colocado de un bono CER con vencimiento en marzo de 2027.