La decisión se apoya en la complejidad institucional y operativa del distrito, la necesidad de profundizar obras y adecuaciones, reforzar recursos humanos y tecnológicos, y completar condiciones de infraestructura para asegurar una implementación ordenada y sostenible del sistema acusatorio.

El Ministerio de Justicia dispuso una nueva postergación de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la Justicia Federal Penal y Penal Económica con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de la Resolución 186/2026, la implementación quedó reprogramada para las 00:00 horas del 15 de febrero de 2027.

La medida alcanza específicamente a las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. Hasta ahora, el inicio había quedado previsto para el 20 de abril de 2026, luego de sucesivas postergaciones dispuestas durante 2025 y comienzos de 2026.

Según surge de los fundamentos de la resolución, el Ministerio consideró que todavía persisten dificultades técnicas, operativas, edilicias y de recursos humanos que impiden garantizar una puesta en marcha en condiciones óptimas. En particular, se remarca que la Justicia Federal Penal y Penal Económica porteña presenta una escala y complejidad superiores a las de otros distritos ya alcanzados por la reforma.

El texto oficial destaca que en ese ámbito se concentra una parte sustancial de la dotación de magistrados del Ministerio Público Fiscal y de los cargos judiciales federales del país. A ello se suma que la Ciudad de Buenos Aires constituye el principal centro institucional y económico de la Argentina, lo que implica una fuerte concentración de investigaciones de alta complejidad vinculadas con corrupción, delitos económicos, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas y criminalidad organizada.

Otro de los factores señalados es la presión operativa que genera la necesidad de administrar simultáneamente la transición hacia el sistema acusatorio y el tratamiento de un volumen significativo de causas complejas que continúan bajo el sistema mixto. Para el Ministerio, esa situación exige profundizar la planificación y asegurar bases materiales equivalentes a las que acompañaron las implementaciones exitosas en otras jurisdicciones del país.

En ese marco, la resolución repasa los avances realizados en los últimos meses. Entre ellos, menciona la puesta en valor de salas de audiencias en los edificios de Comodoro Py 2002 y de la avenida de los Inmigrantes 1950, el equipamiento informático, audiovisual y de conectividad para la grabación integral de audiencias, y la adquisición de sistemas UFED y otros recursos vinculados con análisis forense digital.

También se destacan las acciones de capacitación y estandarización operativa dirigidas a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, así como el trabajo coordinado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

Sin embargo, el Ministerio advirtió que la Procuración General informó recientemente una insuficiencia crítica de espacios físicos en las fiscalías actuales y la necesidad de concluir tareas de readecuación edilicia. Entre los puntos observados se incluyen la asignación de sedes adecuadas para mesa de entradas única, recepción y custodia de evidencias, y áreas vinculadas a la protección de víctimas.

A su vez, se identificaron asimetrías en materia de recursos humanos y tecnológicos, con necesidad de ampliar la planta, incorporar personal con capacitación específica y renovar licencias de herramientas de investigación avanzada, como UFED y Pathfinder, para sostener la eficacia de las investigaciones bajo el nuevo esquema procesal.

La resolución se dicta en el marco de la Ley 27.150, que prevé la entrada en vigencia progresiva del Código Procesal Penal Federal conforme al cronograma que determine el Ministerio de Justicia. En los considerandos, la cartera sostiene que el proceso constituye una política de Estado y ratifica su compromiso de completar la instauración del sistema acusatorio en todo el país.

Además del nuevo diferimiento en la Ciudad de Buenos Aires, la norma anticipa la realización de relevamientos técnicos en las ciudades con asiento de la justicia federal donde todavía no se encuentre vigente el ordenamiento procesal. El objetivo es contar con diagnósticos que permitan diseñar un cronograma de implementación adecuado para las jurisdicciones pendientes.

De este modo, el Gobierno mantiene la continuidad formal del proceso de reforma, pero extiende nuevamente los plazos para uno de los distritos de mayor complejidad institucional del sistema penal federal.