El acuerdo establece un incremento salarial para el mes de abril de 2026, adicionando al básico de la cuarta categoría una suma de $20.000 para trabajadores de jornada completa y $10.000 para otras categorías, descontados de una suma fija anterior.

La Disposición 17/2026 homologa el acuerdo salarial celebrado entre la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y diversas entidades gremiales empleadoras bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 183/92. Este acuerdo establece nuevas condiciones salariales con un alcance que se circunscribe a la representatividad de las partes firmantes, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

La resolución homologa el acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Confederación Argentina de Mutualidades, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 107/75. El acuerdo establece condiciones salariales específicas y su ámbito de aplicación se limita a la representación del sector empresario firmante y la entidad sindical correspondiente. 

La Disposición (DNRYRT) 19/2026 homologa el acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y las cámaras CEDIM y CADIME, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 108/75. El acuerdo establece condiciones salariales para los trabajadores de centros de diagnóstico médico, con un ámbito de aplicación que corresponde a la representación de las partes firmantes.

El acuerdo salarial homologado establece un incremento del 18% no remunerativo para el periodo comprendido entre abril de 2020 y marzo de 2021.

El acuerdo establece un incremento salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 508/07, a ser abonado en tres cuotas consecutivas durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

El acuerdo establece un incremento salarial para los trabajadores del sector, a ser abonado en tres cuotas consecutivas durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

El acuerdo celebrado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) establece un incremento salarial de carácter remunerativo para el personal representado por SMATA, aplicable desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2026.

El acuerdo celebrado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) y la Cámara Argentina de Talleres de Revisión de Auto Transporte Interjurisdiccional (CATRAI) establece un incremento en los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026.

Se homologa el acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Asociación de Hospitales de Colectividades y Particulares sin Fines de Lucro, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 103/75. El acuerdo establece condiciones salariales y su ámbito de aplicación se limita a la representación del sector empleador y la entidad sindical involucrada. Las partes han ratificado su contenido y se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales.

Se homologa el acuerdo paritario celebrado entre FATSA y las cámaras empresarias del sector asistencial privado comprendido en el CCT 122/75, aplicable a clínicas, sanatorios, hospitales privados, establecimientos psiquiátricos, geriátricos y demás entidades prestadoras de salud. El convenio fija nuevas escalas de salarios básicos para noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026, incorpora sumas no remunerativas mensuales de $66.000 para noviembre y diciembre de 2025 y de $70.000 desde enero de 2026, y prevé además una asignación extraordinaria no remunerativa de pago único de $60.245 por el Día de la Sanidad, a abonarse en septiembre de 2026.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la acción colectiva promovida por la CGT contra el Estado Nacional, resolvió que la inhibitoria planteada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 no se encuentra firme, por no haber sido aún aceptada ni rechazada. En consecuencia, el planteo de competencia no produce efectos suspensivos ni desplaza la jurisdicción, manteniéndose la competencia del fuero laboral. Además, admitió la intervención de la Unión Industrial Argentina como tercero necesario en el proceso y se suspendió el desarrollo del proceso hasta la incorporación de los litigantes omitidos.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dispuso el sobreseimiento total de los imputados en una causa por evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social y retención indebida de aportes de empleados, al aplicar retroactivamente la Ley 27.799. La reforma elevó significativamente los umbrales de punibilidad —a $7.000.000 para evasión y $3.500.000 para retención indebida por cada período mensual—, lo que determinó que los montos imputados no alcanzaran el mínimo legal exigido. En consecuencia, el tribunal consideró que las conductas resultaban atípicas y extinguió la acción penal conforme al principio de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal) y la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal”.

Valores de aportes personales de los trabajadores autónomos que rigen a partir del 15 de abril de 2026 según las categorías mínimas de revista. Los nuevos valores son de aplicación para el período devengado abril/2026 y períodos anteriores que se encuentren adeudados.

El acuerdo establece incrementos salariales para las categorías laborales del Convenio Colectivo de Trabajo N° 526/08, aplicables desde marzo y abril de 2026.

El acuerdo celebrado entre la UOETSYLRA y FEDELARA establece nuevas remuneraciones para todas las categorías laborales del Convenio Colectivo de Trabajo N° 526/08, Rama Lavaderos.

La Ley 27.802 establece la obligatoriedad de abonar las remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria, conforme la modificación del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dado que la norma no prevé un régimen transitorio y reviste carácter de orden público, su aplicación es inmediata desde su entrada en vigencia (6/3/2026), alcanzando tanto a nuevas contrataciones como a relaciones laborales ya existentes. En consecuencia, desde dicha fecha, todos los empleadores deben adecuar la modalidad de pago, independientemente de cuándo se haya iniciado el vínculo laboral.

En el régimen de personal de casas particulares, el recibo de sueldo continúa siendo obligatorio, manteniéndose los requisitos formales de contenido establecidos por la normativa vigente, aun cuando se avanza hacia esquemas de registración electrónica. En cuanto al medio de pago, la ley establece que la remuneración debe abonarse en efectivo y, en caso de imposibilidad, mediante cheque o depósito en cuenta bancaria a nombre del trabajador. Las billeteras virtuales no se encuentran contempladas como medio de pago válido, por lo que su utilización no se ajusta al marco legal vigente.

La Ley 27.802 modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que las remuneraciones deben abonarse exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria, eliminando la posibilidad de pago en efectivo en el régimen general. No obstante, el régimen de personal de casas particulares (Ley 26.844) mantiene la validez del pago en efectivo, permitiéndolo como modalidad principal, con opción de bancarización en caso de imposibilidad. En consecuencia, la obligación de pago mediante cuenta bancaria no resulta aplicable a este régimen especial.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago de remuneraciones mediante acreditación bancaria debe realizarse en una cuenta sueldo a nombre del trabajador, con las condiciones específicas de gratuidad y disponibilidad previstas por la normativa. No resulta válido utilizar cualquier cuenta bancaria común, salvo que sea previamente reconvertida a cuenta sueldo por la entidad financiera. La reglamentación del BCRA permite transformar una cuenta existente en cuenta sueldo a solicitud del trabajador, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.

El régimen de reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones, incorporado por la Ley 27.802 (RIFL), se encuentra formalmente vigente pero no resulta aplicable en la práctica. La norma establece alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses de la relación laboral, sin embargo, su operatividad depende de la reglamentación por parte de ARCA y de su implementación en los sistemas de liquidación (F. 931), lo cual aún no ha ocurrido. En consecuencia, al momento de dar de alta a un trabajador, deben aplicarse las alícuotas generales vigentes hasta tanto se habilite el régimen.

La normativa laboral vigente establece que los recibos de sueldo pueden emitirse en formato papel o digital, sin imponer la obligatoriedad de su digitalización. La Ley de Contrato de Trabajo, modificada por la Ley 27.802, admite el uso de firma digital o electrónica como alternativa válida, mientras que la Resolución 346/2019 de la Secretaría de Trabajo regula los requisitos del formato digital. Asimismo, se reconoce la posibilidad de digitalizar los recibos a efectos de su conservación, otorgándoles plena validez jurídica equivalente al soporte papel.

El presente trabajo analiza el estado de situación normativa derivado de la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y su interacción con la medida cautelar dictada el 30 de marzo de 2026 en el marco de la causa “CGT c/ Estado Nacional”. Se examina el alcance de la suspensión judicial de determinados artículos, la vigencia residual del régimen reformado y las implicancias prácticas para la liquidación de haberes, la documentación laboral y los sistemas de registración. En tal sentido, se procura delimitar criterios de prudencia técnica en un contexto de inestabilidad normativa, identificando los institutos plenamente operativos, aquellos sujetos a reglamentación y los alcanzados por cuestionamiento judicial.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos ratifica la vigencia de la Resolución 0098/20 y consolida la utilización de plataformas virtuales para la realización de audiencias de conciliación laboral, incorporando un esquema que habilita su desarrollo en modalidad presencial, virtual o mixta.

El acuerdo establece nuevos salarios básicos conformados con vigencia al 31 de marzo de 2026 y al 1 de abril de 2026, los cuales incidirán sobre los adicionales convencionales.

El acuerdo establece un incremento del 6% sobre los salarios básicos convencionales vigentes al 31 de marzo de 2026, aplicable a partir del 1 de abril de 2026. Este aumento también se extiende al adicional por antigüedad.

La Suprema Corte de Buenos Aires confirmó en lo sustancial la multa impuesta a Repartos Ya S.A. por infracciones laborales detectadas en inspecciones sobre repartidores vinculados a la plataforma, al considerar válida la actuación del Ministerio de Trabajo y la aplicación de la presunción de laboralidad respecto de quienes prestaban servicios reconocidos por la empresa. Sin embargo, revocó parcialmente la sentencia en relación con ocho personas respecto de las cuales la firma negó toda vinculación, al sostener que en esos casos no corresponde aplicar automáticamente la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y que la existencia del vínculo debía ser probada por quien la invocaba. Por ello, ordenó reenviar la causa al tribunal de origen, con nueva integración, para que dicte un nuevo pronunciamiento limitado a ese aspecto.