En la causa 'Inspección General de Justicia c/ GYC Comunicaciones SA', la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de la IGJ que impuso una multa de $4.000.000 a la empresa y su presidenta por la falta de presentación de estados contables correspondientes a varios ejercicios. El tribunal consideró que la apelante no logró desvirtuar la sanción, a pesar de argumentar imposibilidad material para presentar la documentación requerida debido a su incautación en un proceso penal. Asimismo, se evaluó la proporcionalidad de la multa en relación a la gravedad de la falta cometida.

La Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Salta dispuso la implementación gradual y progresiva de un sistema de gestión digital de expedientes a través de su Portal Web Ciudadano, aplicable a la tramitación de inscripciones de constitución de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, así como a la presentación de documentación anual obligatoria, modificaciones estatutarias, regularización de irregularidades, reserva de denominación, solicitudes de certificados y diligenciamiento de oficios.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba aprueba un nuevo marco reglamentario para la designación y actuación de veedores, inspectores y autoridades de presidencia en actos sociales de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones. La medida redefine el esquema de fiscalización administrativa, estableciendo pautas específicas para la intervención del organismo en asambleas, reuniones de órganos de administración y procesos de control.

La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la Provincia de Corrientes aprueba un modelo de estatuto tipo destinado a asociaciones civiles con finalidad vecinal, con el objetivo de simplificar y agilizar los trámites de constitución y regularización de estas entidades, en el marco de lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación y el Decreto Ley N° 28/00. 

La Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas de Salta establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico mediante correo electrónico en toda presentación inicial o nota rogatoria, en el cual serán válidas las notificaciones cursadas en el marco de los expedientes administrativos. 

Se implementa un régimen de tramitación electrónica obligatoria bajo un sistema mixto para expedientes registrales y crea formalmente el Archivo Digital del organismo, en el marco de las Leyes 10.898, 11.100 y 7.060, la adhesión provincial a la Ley 25.506 de firma digital y el Decreto 2638/2025 que puso en funcionamiento la plataforma “Mi Entre Ríos”.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPJyRP) de la Provincia de Entre Ríos establece la obligatoriedad de constituir domicilio electrónico para todas las personas jurídicas sometidas a su control, a efectos de la recepción de actos administrativos de alcance particular. 

Se analiza si en una SAS es obligatorio designar administradores suplentes y si el vicepresidente puede cumplir ese rol. Te contamos cómo lo regula la Ley 27.349 y en qué casos la designación de suplentes resulta exigible.

Se analiza si es válido, desde el punto de vista laboral y fiscal, que una sociedad sin empleados registre como trabajador en relación de dependencia a su propio socio gerente —incluido el socio único de una SAS— y si el organismo fiscal puede desconocer esa relación, impugnar la deducción del salario y caracterizar los pagos como utilidades o dividendos encubiertos.

Se analiza el régimen legal aplicable a la duración del mandato de las autoridades en las SAS y se explica cómo la ley permite optar por cargos con plazo determinado o indeterminado, según lo establezca el estatuto, aclarando cuándo corresponde —o no— la renovación de autoridades.

Se analiza si en una sociedad simple es válido acordar una distribución de utilidades diferente al porcentaje de participación de cada socio.

Se establece un régimen de simplificación contable aplicable a asociaciones civiles radicadas en la provincia de Entre Ríos cuyos ingresos brutos anuales no superen el límite máximo previsto para la categoría G del régimen simplificado vigente al cierre de cada ejercicio, que permite sustituir la presentación de estados contables tradicionales por un Estado de Recursos y Gastos confeccionado bajo un modelo uniforme. 

Se reconoce a las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas no católicas con domicilio en la provincia como personas jurídicas privadas, otorgándoles un encuadre jurídico específico conforme al régimen del Código Civil y Comercial.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) extiende por 120 días adicionales la suspensión de la ejecutoriedad de la Resolución 581/2020, cuya aplicación había sido previamente suspendida por la Resolución 218/2025. La medida había dejado sin efecto la Resolución N.° 1510/1994 que prohibía que cooperativas de trabajo se dedicaran a actividades vinculadas a agencias de colocación, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia y servicios eventuales.

Se analiza la posibilidad de que en una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) con un único socio, éste asuma los roles de administrador titular y representante legal y qué requisitos mínimos deben cumplirse respecto a la administración y designación de suplentes en ausencia de órgano de fiscalización.

Se analiza el tratamiento de los aportes irrevocables en sociedades de responsabilidad limitada y se aclara que no es obligatorio que los socios contribuyan en proporción a sus cuotas. 

Se rectifica el artículo 12 inciso f) de la Disposición N° 36/2025 de la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones, referido a los requisitos formales para la presentación de la nómina de miembros de los órganos de una fundación.

Se establece el 15 de diciembre de 2025 como fecha de vencimiento para el pago de la tasa anual que deben abonar las sociedades por acciones inscriptas ante la Inspección General de Justicia (IGJ), conforme lo previsto en el artículo 4° de la Decisión Administrativa 46/2001. Dicha tasa se calcula en función del capital social y la cuenta ajuste de capital consignados en los estados contables. 

Se crea un registro específico para iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas no católicas en el ámbito de la Inspección General de Justicia, permitiendo su inscripción voluntaria bajo estatutos propios y habilitando el acceso a la rúbrica de libros conforme a los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial.

Se crea un registro especial para iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas reconocidas por el Registro Nacional de Cultos, destinado a la individualización y rúbrica de libros obligatorios y voluntarios exigidos por el Código Civil y Comercial.

Se exime, en forma excepcional y transitoria, de la obligación de presentar balances y estados contables para asociaciones civiles y fundaciones con fines religiosos reconocidas y que desarrollen actividades en la provincia, así como a las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas que cuenten con reconocimiento oficial del Ministerio  de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. La medida alcanza los ejercicios adeudados hasta el 31 de diciembre de 2025.

Se analiza si corresponde la inscripción en el régimen de trabajadores autónomos y en el IVA Exento para personas que tienen participación minoritaria en sociedades sin prestar servicios personales.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) de la Provincia de Buenos Aires deben rubricar sus libros contables exclusivamente de forma digital ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), según lo dispuesto en la Disposición 49/2024. El proceso incluye: solicitud de habilitación online, creación de usuario externo con CUIT, generación de hash para cada archivo, y su registro en el sistema con trazabilidad entre archivos. Se deben respetar los plazos legales para cada tipo de libro y conservar tres copias por seguridad. La falta de cumplimiento en los 90 días posteriores a la constitución puede implicar ser consideradas inactivas.

Se dispone la extensión del plazo para que sociedades, entidades civiles, fundaciones y sociedades extranjeras en la órbita registral puedan presentar los estados contables adeudados bajo el régimen de regularización vigente, trasladando el vencimiento al 30 de junio de 2026.

Se incorpora a la Resolución Técnica N° 54 “Normas Contables Profesionales: Norma Unificada Argentina de Contabilidad” un nuevo Capítulo destinado a los estados contables de entidades cooperativas, con el objetivo de integrar en la norma unificada los requisitos contables específicos que hasta ahora estaban previstos en la Resolución Técnica N° 24. 

Se aprueba una reforma integral del marco normativo aplicable a la negociación de valores negociables de emisión individual —como cheques de pago diferido, pagarés, facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, certificados de depósito y warrants—, con el fin de simplificar procedimientos, ampliar instrumentos disponibles y mejorar la transparencia operativa en los mercados bajo competencia de la CNV.

La Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones deja sin efecto la Disposición 169/2008 y dicta una nueva norma integral que actualiza los requisitos y procedimientos para la constitución, inscripción, funcionamiento y control de las entidades civiles —asociaciones, fundaciones, filiales, delegaciones, cámaras, federaciones y confederaciones—.