La Procuración General de la Nación aprobó lineamientos obligatorios para el uso, desarrollo e implementación de herramientas de inteligencia artificial en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Las reglas exigen supervisión humana, evaluación previa de impacto, trazabilidad y protección de datos. Hasta que se dicte una regulación específica, queda prohibido ingresar información reservada, actuaciones de causas en trámite y datos personales o sensibles en herramientas de IA de acceso público.
La medida fue adoptada mediante la Resolución PGN 64/2026, dictada el 4 de septiembre, y alcanza a magistrados, funcionarios, empleados, equipos técnicos y administrativos y áreas de control que intervengan directa o indirectamente en el ciclo de vida de estos sistemas.
El marco comprende el diseño, desarrollo, adquisición, validación, implementación, evaluación, uso operativo, mantenimiento, actualización y eventual baja de herramientas de inteligencia artificial. También debe ser tomado como referencia por terceros que accedan a información institucional o participen en proyectos vinculados con IA mediante convenios, contratos o acuerdos de cooperación.
La resolución dispone que estas tecnologías funcionen como herramientas auxiliares y complementarias. No pueden reemplazar el juicio jurídico, la interpretación normativa ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos, y sus resultados deben ser revisados y verificados por personal idóneo antes de incorporarse a una actuación institucional.
Prohibiciones y evaluación de riesgos
La restricción transitoria alcanza al uso individual de modelos y asistentes públicos. Los integrantes del organismo no podrán cargar información reservada, datos de causas en trámite, datos personales o sensibles ni metadatos que puedan comprometer la confidencialidad o permitir la reidentificación de personas.
Los lineamientos advierten que los sistemas generativos públicos no funcionan necesariamente como buscadores ni como bases documentales autorizadas. Por ese motivo, sus respuestas deberán contrastarse con fuentes oficiales y no podrán utilizarse como fundamento único de una decisión.
Para las herramientas que se incorporen institucionalmente se establece una evaluación anticipada de impacto. El análisis deberá considerar la función a la que se aplicará el sistema, el tratamiento de datos, la posibilidad de control humano, la transparencia y trazabilidad operativa y los riesgos de sesgos, errores o afectación de garantías.
El esquema clasifica las soluciones en cuatro niveles: riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo. Las herramientas incompatibles con derechos fundamentales, como las vinculadas con vigilancia masiva en tiempo real, manipulación del comportamiento o calificación social, quedan prohibidas. Las de riesgo alto requerirán evaluación y autorización formal del Programa de Inteligencia Artificial.
Implementación, capacitación y control
La Procuración encomendó a la Dirección General de Capacitación y Escuela, junto con la Secretaría de Coordinación Institucional, el diseño de un programa permanente de formación práctica. La capacitación deberá abarcar formulación de instrucciones, validación de resultados y mitigación de sesgos.
También ordenó a la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías avanzar en entornos y herramientas propias y seguras para el análisis de datos y la gestión documental. Los lineamientos priorizan el desarrollo interno cuando sea posible, con el objetivo de mantener el control del ciclo de datos y facilitar la auditoría y la trazabilidad.
Las áreas interesadas en utilizar una solución deberán iniciar el trámite mediante la plataforma de expediente digital del organismo y justificar la necesidad, el beneficio esperado y la viabilidad del proyecto. El Programa de Inteligencia Artificial tendrá a su cargo la evaluación y la definición de la modalidad y el alcance de cada implementación.
La Unidad de Auditoría Interna realizará controles posteriores e independientes sobre el diseño y la eficacia de los mecanismos de supervisión. Además, cada agente continuará siendo responsable por el uso que haga de las herramientas y por las decisiones o acciones adoptadas sobre la base de sus resultados.
La iniciativa se apoya en un relevamiento interno realizado entre agosto y septiembre de 2025. Según la Procuración, el 93,3% de las personas encuestadas respaldó una adopción regulada de la inteligencia artificial y el 90,4% consideró necesario un plan integral de capacitación práctica.
Los lineamientos fueron concebidos como un marco general sujeto a revisión y adaptación permanente, en función de la evolución tecnológica y de las necesidades del servicio de justicia.
