Se actualizan de manera sustancial los montos mínimos que determinan la configuración de los delitos tributarios y previsionales, elevando los umbrales económicos aplicables a la evasión, la apropiación indebida de tributos y los ilícitos vinculados a la seguridad social.

Se establece un nuevo marco normativo unificado para los procedimientos de inscripción, modificación de datos y cancelación de la inscripción de personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas y demás sujetos obligados.

Se dispone la abrogación de la Resolución General 5306 que había creado el Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (RICOI), en el marco del proceso de simplificación normativa impulsado por el Decreto 353/2025.

Según la RG 3985/2017, art. 8, cuando la reconsideración del nivel SIPER es rechazada, el contribuyente puede presentar una disconformidad dentro de los 15 días corridos desde la notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico. Si la disconformidad es admitida, el contribuyente cuenta con 10 días corridos para fundamentar su reclamo y aportar documentación a través de “Presentaciones Digitales”.

Se establece el procedimiento operativo para la utilización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) Serie 4A como medio de pago de obligaciones impositivas y aduaneras ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conforme al Decreto 384/2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero fija como período de feria fiscal de invierno del año 2025 el período comprendido entre el 14 y el 25 de julio, ambas fechas inclusive, durante el cual se suspenderá el cómputo de los plazos procedimentales vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, en línea con lo previsto en la Resolución General 1.983 y sus modificatorias.

Se autoriza a los tenedores de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) Serie 4, emitidos por el Banco Central de la República Argentina entre la fecha del decreto y el 30 de septiembre de 2025, a utilizarlos como dación en pago para cancelar obligaciones impositivas y aduaneras, con sus intereses, multas y accesorios.

El proyecto de Principio de Inocencia Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo busca actualizar y modernizar el sistema penal tributario, adecuar los montos y plazos de la Ley de Procedimiento Fiscal N° 11.683 y establecer un nuevo régimen simplificado para la determinación del Impuesto a las Ganancias aplicable a personas humanas. Entre sus principales objetivos, se destacan la adecuación de los umbrales penales a valores económicos actuales, la concentración de la persecución penal en casos de significativa evasión y la introducción de un nuevo paradigma de confianza fiscal basado en la presunción de inocencia.

Se incorporan los consorcios de propiedad horizontal al régimen de excepción que permite sustituir la certificación notarial de documentación por la certificación directa en sede de ARCA, en el marco de solicitudes de inscripción y gestión de la clave fiscal. La medida alcanza también a otras entidades civiles sin fines de lucro, como asociaciones de bomberos, bibliotecas populares, clubes barriales, centros vecinales, cooperadoras escolares, comunidades indígenas, y entidades religiosas, entre otras.

Se establece un conjunto de medidas orientadas a la simplificación y desregulación de los trámites vinculados a la inversión, la adquisición de bienes y el cumplimiento de obligaciones fiscales, en el marco del proceso de modernización y reactivación económica impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

En el marco del proceso de simplificación normativa impulsado por los Decretos 70/2023 y 353/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero abroga una serie de regímenes de información que alcanzaban a escribanos, concesionarios de vehículos usados, empresas de servicios públicos y administradores de consorcios o barrios privados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero abroga la Resolución General 2.371 y sus normas complementarias, eliminando la obligación de informar las negociaciones, ofertas o transferencias de bienes inmuebles mediante el régimen COTI.

Se restablece la protección del secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la Ley 11.683, prohibiendo a los sujetos obligados en los términos del artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificaciones, solicitar a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La Secretaría de Energía instrumenta la emisión de Certificados de Crédito Fiscal por compensación a favor de empresas productoras de gas propano destinado a redes de distribución de gas propano indiluido, conforme lo previsto en el Acuerdo de Abastecimiento ratificado por el Decreto 183/2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un conjunto de beneficios fiscales para contribuyentes con domicilio fiscal en Bahía Blanca, Ingeniero White y General Daniel Cerri (provincia de Buenos Aires), afectados por el temporal del 6 de marzo de 2025.

Se establece un nuevo régimen para definir la nómina de grandes contribuyentes nacionales, bajo responsabilidad de la Dirección General Impositiva de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero introdujo cambios en el régimen de información de las entidades administradoras de tarjetas de crédito, compra y débito respecto de consumos realizados en el exterior.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica el Sistema de Acciones de Control Electrónico (SIACE), eliminando medidas sancionatorias como la recategorización en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), la exclusión o suspensión en registros tributarios especiales, la emisión obligatoria de comprobantes clase “M” y la valoración en el Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF). 

El Ministerio de Economía modificó las tasas de interés resarcitorio y punitorio, aplicables a los tributos regidos por las Leyes N° 11.683 (Ley de Impuesto a las Ganancias) y N° 22.415 (Código Aduanero).

Se modifica el procedimiento para la obtención de la Clave de Inversores del Exterior (CIE), ampliando su alcance a personas humanas residentes en el exterior que deseen realizar inversiones financieras en el país, facilitándoles así el acceso al mercado de capitales.