Se insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los registros públicos provinciales a establecer los mecanismos necesarios para que los Consorcios de Propiedad Horizontal puedan inscribirse voluntariamente en un libro especial en su jurisdicción, con el fin de obtener la rúbrica de los libros obligatorios y voluntarios exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Se insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los registros públicos provinciales a dictar normas que permitan a las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas, inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, acceder a la individualización y rúbrica de libros contables exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, aun cuando no estén constituidas como asociaciones civiles o fundaciones.

Se establece en la órbita de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba un registro destinado a iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas comprendidas en la Ley 21.745, que no integran la Iglesia Católica Apostólica Romana. La norma elimina la obligación de constituirse como asociación civil o fundación para poder rubricar libros contables conforme a lo dispuesto por los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, permitiendo que dichas organizaciones actúen bajo sus propios estatutos y accedan voluntariamente a la toma de razón.

Se establecen nuevos requisitos para las simples asociaciones y asociaciones civiles bajo control de la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego.

La Provincia del Neuquén exceptúa a las personas jurídicas privadas sin fines de lucro —cuyos ingresos brutos anuales no superen los parámetros de la categoría C del monotributo vigente— de la obligación de presentar estados contables con certificación de contador público. En su lugar, podrán cumplir con la presentación mediante un estado de situación patrimonial y un estado de recursos y gastos firmados por el presidente y tesorero de la entidad, con certificación de firmas, junto con un informe del órgano de fiscalización.