La ANSES dispone la actualización de los montos de las asignaciones familiares, así como de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, aplicable a partir de abril de 2026, en el marco del régimen establecido por la Ley 24.714 y la movilidad prevista en la Ley 27.160. El ajuste se fija en un 2,90%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026, conforme el esquema de movilidad mensual vigente.

La ANSES establece los nuevos valores de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) aplicables a partir de abril de 2026, en función de la movilidad mensual determinada por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Para el período considerado, la actualización resulta en un incremento del 2,90%, correspondiente a la variación del IPC de febrero de 2026.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

El acuerdo establece un incremento salarial para el personal comprendido en el CCT 434/06, vigente del 1 de enero al 30 de abril de 2026. Se pacta una suma fija de $100,000 de carácter no remunerativo, a abonarse en marzo de 2026, que solo devengará contribución a la obra social. Además, se acuerda un incremento remunerativo para abril de 2026, detallado en el Anexo I. Los incrementos absorberán pagos a cuenta de paritarias desde enero de 2026. Las partes se comprometen a reunirse en abril de 2026 para evaluar variables económicas. Se solicita homologación del acuerdo.

El acuerdo establece incrementos salariales acumulativos para los trabajadores comprendidos en el CCT N° 56/75, aplicables desde el 1° de marzo hasta el 30 de junio de 2026. Los incrementos se calculan sobre las retribuciones básicas vigentes al cierre del mes anterior, con valores específicos detallados en los anexos correspondientes. Además, se fija un presentismo mensual y quincenal para cada periodo, con una suma adicional de $20.000 por mes. Los importes impactan en el cálculo de adicionales como el presentismo. En junio, se revisará el acuerdo en función del índice de inflación oficial. Se establecen reglas de absorción para importes abonados previamente. Finalmente, se ratifican los porcentajes por zona desfavorable y se acuerda mantener la paz social.

En la causa 'Sindicato Empleados de Comercio de San Martín c/ Estado Nacional', el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato. La decisión implica la suspensión de la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y otros convenios vinculados. El tribunal fundamentó su resolución en la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, considerando la inminencia del vencimiento del convenio colectivo y los efectos adversos que la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar sobre la estructura económica del sindicato y la representación de los trabajadores.

Se analiza el alcance de la reforma laboral (Ley 27.802) respecto de la posibilidad de contratar trabajadores bajo la figura de monotributo. Se concluye que la norma no habilita la utilización del monotributo para encubrir relaciones laborales en actividades comerciales, como un ayudante de pizzero. La figura del colaborador independiente está limitada a supuestos específicos —principalmente profesionales— y no elimina los criterios clásicos de relación de dependencia previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, subsiste el riesgo de reclamos laborales si se utiliza indebidamente.

Se establece el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en abril de 2026, destinado a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas y graciables a cargo de ANSES. El beneficio se liquida por titular y alcanza tanto a prestaciones contributivas como no contributivas, siempre que los haberes se encuentren vigentes en el mes de pago.

En la causa 'Meza Jorge Alberto c/ Seguvip Argentina SRL', la Cámara del Trabajo de Cipolletti resolvió a favor del actor, reconociendo su situación de despido indirecto. El tribunal fundamentó su decisión en la negativa de la empresa a asignar tareas efectivas y la falta de pago de salarios correspondientes a los meses de marzo y abril de 2022. Asimismo, se destacó que el cambio de destino laboral propuesto por la demandada no cumplía con los requisitos legales, constituyendo un ejercicio abusivo del ius variandi.

El acuerdo establece un incremento salarial escalonado del 5% sobre las remuneraciones básicas del CCT 130/75, aplicable entre abril y junio de 2026. Este incremento es de carácter remunerativo y se distribuye en un 2% en abril, 1.5% en mayo y 1.5% en junio, calculado sobre los básicos de marzo de 2026. Además, se acuerda una suma fija no remunerativa de $20.000 para los mismos meses, incorporándose al básico en julio de 2026.

Se actualiza el valor de la suma fija destinada al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), prevista en el artículo 5° del Decreto 590/1997, estableciéndola en $ 1.637 para el devengado de marzo de 2026. La suma actualizada deberá abonarse a partir de abril de 2026 y resulta aplicable a las unidades productivas comprendidas en el Régimen General del sistema de riesgos del trabajo.

Se analiza la posibilidad de computar el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de contribuciones patronales al SIPA en el marco del régimen vigente. Se concluye que este beneficio se encuentra limitado exclusivamente a microempresas, quedando excluidas las pequeñas empresas aun cuando cuenten con certificado MiPyME vigente. Asimismo, se aclara que estas últimas solo pueden aplicar el cómputo general contra el impuesto a las ganancias.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.

El acuerdo establece una nueva escala de salarios básicos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, distribuidos en tres tramos. Los incrementos son de carácter remunerativo y se aplican a diversas categorías laborales. Además, se pacta una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 desde abril de 2026. Asimismo, se acuerda una asignación no remunerativa de pago único de $65.950 para el Día de la Sanidad en septiembre de 2026. Las empresas podrán absorber aumentos salariales otorgados unilateralmente durante 2026. Finalmente, se establece una cláusula de revisión para mayo de 2026 y se permite la negociación de pagos en caso de dificultades económicas de las empresas.

El acuerdo establece incrementos salariales en tres tramos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, con una nueva escala de salarios básicos. Los incrementos son remunerativos y se aplican a todas las categorías. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual para los mismos meses, comenzando con $80.000 en febrero y aumentando a $90.000 en abril. Se incluye una asignación no remunerativa de pago único para el Día de la Sanidad en septiembre de 2026. Se contempla una contribución extraordinaria destinada a FATSA, pagadera en cuotas mensuales. El acuerdo prevé una revisión de las escalas salariales en mayo de 2026 y establece mecanismos de absorción para aumentos otorgados unilateralmente. Finalmente, se estipula un aporte solidario del 1% de la remuneración integral mensual durante la vigencia del acuerdo.

El acuerdo establece incrementos salariales en tres tramos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, aplicables a diversas categorías profesionales. Los incrementos son de carácter remunerativo y se detallan en una nueva escala de salarios básicos. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 desde abril de 2026. Asimismo, se otorga una asignación no remunerativa de pago único de $63.369.91 en septiembre de 2026 por el Día de la Sanidad. El adicional de cajero se ajusta a $81.077.33 desde febrero, $82.455.65 desde marzo y $83.774.94 desde abril de 2026. Las empresas continuarán pagando una contribución extraordinaria a FATSA, revisable a partir de mayo de 2026. Se establece una cuota de solidaridad del 1% de la remuneración mensual. Finalmente, se acuerda una cláusula de absorción para los aumentos salariales otorgados unilateralmente durante 2026.

El acuerdo establece una nueva escala de salarios básicos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, distribuidos en tres tramos. Los incrementos son remunerativos y se aplican a diversas categorías profesionales. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 desde abril de 2026. Asimismo, se otorga una asignación no remunerativa de pago único de $63.369.91 para el Día de la Sanidad en septiembre de 2026. Las empresas deberán garantizar el cobro íntegro de la asignación por maternidad, pudiendo optar por gratificaciones extraordinarias. Se establece una contribución extraordinaria a favor de FATSA, con cuotas mensuales revisables a partir de mayo de 2026. Finalmente, se prevé una cláusula de revisión en mayo de 2026 y la posibilidad de absorción de aumentos salariales unilaterales otorgados durante el año.

El acuerdo establece un incremento salarial en tres tramos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, aplicable a los salarios básicos de diversas categorías profesionales y técnicas. Los incrementos son remunerativos y se detallan por categoría. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 para abril. Se incluye una asignación no remunerativa de pago único de $63.369.91 para el Día de la Sanidad en septiembre. Las empresas deberán ajustar importes de intangibilidad salarial en proporción a los incrementos básicos. Se establece una contribución extraordinaria a favor de FATSA, con montos específicos para cada mes y un aporte solidario del 1% de la remuneración mensual. El acuerdo contempla una cláusula de revisión en mayo de 2026 y permite la absorción de aumentos salariales otorgados unilateralmente durante el año 2026.

Se analiza la obligación de informar vínculos familiares (cónyuge e hijos) en el sistema registral al dar de alta un trabajador. Se concluye que no constituye un requisito obligatorio para la registración laboral, pero su omisión puede impactar en la correcta liquidación y percepción de asignaciones familiares bajo el sistema SUAF, generando perjuicios para el trabajador.

Se analiza la posibilidad de otorgar una licencia paga por enfermedad sin respaldo médico en el marco de la LCT, destacando las facultades del empleador para adoptar medidas preventivas y la importancia del control médico laboral. Asimismo, se distingue el tratamiento del período de licencia según exista o no acreditación médica de la incapacidad, a efectos del cómputo de los plazos del artículo 208 y sus implicancias posteriores.

Se analizan los rubros que integran la liquidación final del trabajador según el tipo de extinción del contrato —con justa causa, sin causa y durante el período de prueba— a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802. Se detallan las diferencias en materia indemnizatoria, el alcance de los conceptos devengados y las exclusiones aplicables en cada supuesto, así como el plazo legal para el pago de las acreencias laborales.

Se describe el procedimiento aplicable ante inspecciones del Ministerio de Trabajo en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, incluyendo las etapas de fiscalización, verificación registral, intimación a regularizar, audiencia de descargo y eventual imposición de sanciones. Asimismo, se detallan las alternativas del empleador frente a la multa, su posible reducción por regularización temprana y las consecuencias del incumplimiento, como la inclusión en el REPSAL y la determinación de deudas previsionales.

Se analiza el tratamiento aplicable cuando un trabajador del régimen de casas particulares accede al beneficio jubilatorio o continúa prestando tareas una vez jubilado. Se detallan las obligaciones del empleador en relación con la actualización de la condición en el sistema ARCA, así como las modificaciones en los aportes y contribuciones, destacando la reducción de cargas y la exclusión del aporte a la obra social.

La Superintendencia de Servicios de Salud incorpora una sección especial dentro del Registro de Agentes del Seguro de Salud para la cobertura médico asistencial de pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado, con el fin de identificar a las obras sociales que acepten recibir afiliados monotributistas provenientes de agentes del seguro de salud dados de baja.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.