Exclusión del Monotributo por superar ingresos: la Cámara revoca la decisión de la ex AFIP por aplicación del criterio de devengado.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la resolución de la AFIP que había excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado (Monotributo) a un contribuyente por haber superado el límite de ingresos anuales de la categoría H. La exclusión se basó en la facturación registrada entre julio de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, el Tribunal consideró que uno de los comprobantes computados correspondía a una prestación de servicios devengada en un período anterior al auditado, lo que dejaba al contribuyente dentro del límite permitido. La Cámara resaltó que el criterio aplicable para medir los ingresos es el del devengado y que en el caso existía prueba suficiente para demostrar que al menos una de las facturas cuestionadas no debía ser computada en el período fiscalizado.

Impuesto mínimo a cigarrillos y trato desigual: la Corte revoca sentencia favorable a Tabacalera Sarandí.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430 respecto de Tabacalera Sarandí S.A. La Cámara consideró que el impuesto mínimo a los cigarrillos, al recaer desproporcionadamente sobre productos baratos y ultrabaratos, vulneraba el principio de igualdad y el derecho a ejercer industria lícita. Sin embargo, la Corte rechazó la acción al concluir que la empresa no logró probar de forma suficiente el daño invocado ni la relación directa entre la aplicación del tributo y la supuesta inviabilidad de su actividad comercial. El Tribunal sostuvo que los fines extrafiscales perseguidos por el legislador, como la protección de la salud pública y la reducción del tabaquismo, son constitucionalmente válidos, y que la carga de demostrar la irrazonabilidad o arbitrariedad de la norma pesa sobre quien la impugna. Por insuficiencia probatoria, el planteo fue desestimado y se impusieron las costas a la parte vencida.

Gastos de mantenimiento de vehículos: la Cámara declara inconstitucionales los topes en IVA y Ganancias por falta de actualización.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación de ROEMMERS S.A.I.C.F. y declaró la inconstitucionalidad de los topes vigentes aplicados por la AFIP para deducir gastos y créditos fiscales por automóviles afectados a la actividad gravada, utilizados por agentes de propaganda médica (APM). Si bien la empresa no se encuentra comprendida en la excepción del art. 88, inciso l, de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Cámara consideró que la falta de actualización de los límites establecidos ($20.000 para amortizaciones y $7.200 anuales para gastos de mantenimiento) implicaba una violación del principio de razonabilidad y del deber legal de revisión periódica. Se dejó sin efecto la determinación de oficio, los intereses y las sanciones impuestas, con costas por su orden.

Compensación de impuestos en bienes personales: la Cámara ordena a ARCA abstenerse de embargar a responsable sustituto.

La Cámara Federal de San Martín, Sala II, revocó la resolución que había rechazado la medida cautelar solicitada por Yamaha Motor Argentina S.A. contra la AFIP-DGI (hoy ARCA). La empresa, como responsable sustituto del impuesto sobre los bienes personales de sus accionistas, buscaba suspender los efectos de la intimación de pago y evitar embargos, bloqueos y medidas que afectaran su actividad comercial, en el marco de una controversia por la compensación con saldos a favor en el impuesto a las ganancias. El tribunal consideró que existía verosimilitud en el derecho invocado, respaldada por el fallo “Rectificaciones Rivadavia” de la Corte Suprema, y que el peligro en la demora se encontraba configurado por la ejecución fiscal en trámite. Se hizo lugar parcialmente a la cautelar, ordenando a la ARCA abstenerse de trabar embargos, impedir contrataciones con el Estado o bloquear certificados fiscales, previa caución de $15 millones y por un plazo de seis meses.

Exención de ganancias por operaciones con títulos públicos: la Cámara revoca determinación de oficio y multa impuestas por ARCA.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, revocó una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que había impugnado la declaración jurada del contribuyente por operaciones de compra y venta de títulos públicos en pesos y dólares durante 2008. El Tribunal Fiscal había confirmado la determinación de un ajuste impositivo, intereses y una multa millonaria, al entender que las diferencias de cotización constituían renta gravada. La Cámara consideró que el art. 20, inc. w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé una exención objetiva para este tipo de resultados, sin imponer requisitos adicionales como plazos mínimos de tenencia. Rechazó el uso del principio de "realidad económica" para limitar una exención clara y textual.

Aplicación de la Ley Bases en caso de despido: rechazan planteo de inconstitucionalidad pero reconocen daño por falta de pago de indemnizaciones.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.742 por parte del trabajador, quien impugnó la derogación de sanciones laborales previstas en la ley 25.323 y el art. 80 de la LCT. El tribunal consideró que la norma no vulnera derechos fundamentales ni el principio de progresividad. No obstante, hizo lugar parcialmente al reclamo de reparación integral por daño derivado del incumplimiento indemnizatorio, basándose en el Código Civil y Comercial. En este sentido, impuso al empleador una condena adicional equivalente a seis salarios, pese a la derogación del régimen sancionatorio anterior. La sentencia reafirma que, si bien el Congreso puede reformar el esquema de sanciones, ello no impide al Poder Judicial reconocer daños reales conforme a principios generales del derecho.

El TSJ de Córdoba rechaza la existencia de relación laboral en un vínculo de once años bajo un esquema de autonomía e independencia.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la empresa COSEME S.A. y revocó la sentencia que había reconocido la existencia de una relación laboral entre la firma y el médico traumatólogo Tristán Manuel López Lozano. El fallo concluyó que durante más de once años el vínculo se desarrolló bajo un esquema de autonomía e independencia, sin reclamos laborales ni subordinación típica, por lo que no corresponde aplicar la presunción del art. 23 de la LCT. Se descartó la relación de dependencia y se rechazó íntegramente la demanda, con costas por su orden.

Responsabilidad personal de directores de una sociedad anónima en fraude laboral: la Corte revoca condena por falta de fundamentación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los recursos de queja interpuestos por tres directores de Telecom Argentina S.A. condenados solidariamente al pago de créditos laborales por despido, junto a la empresa y dos contratistas. La Cámara Nacional del Trabajo había extendido la condena a los miembros del directorio con fundamento en un presunto fraude laboral, sin examinar en forma razonada las circunstancias concretas de su gestión. La Corte consideró arbitraria esa decisión por no evaluar pruebas clave ni el contexto propio de grandes sociedades anónimas, y revocó la sentencia. Reenvió el caso para un nuevo pronunciamiento.

La Corte Suprema declara inconstitucional alícuota diferencial de Ingresos Brutos en Córdoba por discriminar a industrias no radicadas en la provincia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la acción declarativa de certeza promovida por Cepas Argentinas S.A. contra la Provincia de Córdoba y declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley impositiva 10.324 (vigente en 2016), que establecía alícuotas agravadas del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes industriales sin establecimiento productivo en dicha jurisdicción. El Tribunal entendió que dicha norma violaba los artículos 9° a 12, 16 y 75 inc. 13 de la Constitución Nacional al crear una discriminación tributaria basada en el lugar de radicación de la planta industrial, afectando el comercio interprovincial y reinstaurando una “aduana interior” vedada por la Carta Magna. La Corte ratificó su competencia originaria, rechazó el dictamen de la Procuradora Fiscal que consideraba inexistente el “caso” y sostuvo que la actora acreditó un perjuicio concreto derivado de la norma impugnada.

Inconstitucionalidad del impuesto de sellos en contratos entre ausentes con aceptación ficta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja interpuesto por Kia Argentina S.A. y revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Misiones que había confirmado la aplicación del impuesto de sellos a solicitudes de adhesión con aceptación tácita. El fallo declara la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 174 del Código Fiscal de Misiones, por ser incompatible con el artículo 9°, inciso b), ap. 2, de la ley de coparticipación federal 23.548. El Tribunal sostuvo que el impuesto de sellos recae únicamente sobre actos instrumentados, es decir, documentados de manera tal que por sí solos permitan exigir el cumplimiento de obligaciones, lo que no ocurre cuando la aceptación es meramente tácita o por hechos. La decisión reafirma que la imposición local no puede desvirtuar los principios estructurales del régimen federal de coparticipación.

Inconstitucionalidad de la tasa municipal exigida sin prestación efectiva del servicio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que validaba la imposición de una tasa municipal exigida por la Comuna de Delfín Gallo a Aeropuertos Argentina 2000 S.A., concesionaria aeroportuaria. Se consideró arbitraria la decisión de la Cámara Federal de Tucumán que sostenía la validez del tributo pese a no haberse acreditado la prestación efectiva de servicios municipales específicos que lo justificaran. Se concluyó que dicha exigencia vulnera lo establecido en la Ley 23.548 sobre Coparticipación Federal, siendo requisito indispensable para las tasas municipales la prestación real y concreta del servicio.

Despido invocado por fuerza mayor: la Cámara confirma el despido injustificado porque no se configuró debidamente la fuerza mayor invocada por la empresa.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala X resolvió las apelaciones interpuestas por ambas partes en un caso de despido que la empleadora justificó por fuerza mayor. Confirmó que el despido fue injustificado, ratificó la aplicación del agravante del artículo 2° de la Ley 25.323, sostuvo la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT y rechazó el reclamo por daño moral al no configurarse un acto ilícito adicional. Según el fallo, para que se configure la "fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador" se debe acreditar no solamente las circunstancias que determinaron la situación por la que atravesó la empresa, sino que además el empleador que invoca tal circunstancia debe alegar y probar la adopción de medidas concretas tendientes a paliar la situación que atraviesa.

Declaran la invalidez parcial de una cláusula convencional que establecía una cuota de solidaridad a trabajadores no afiliados al sindicato.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala V falló parcialmente a favor de dos trabajadores no afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), declarando la invalidez parcial de una cláusula convencional que establecía una cuota de solidaridad del 2% de su remuneración integral mensual. La Cámara consideró que dicha cuota, al ser superior a la cuota sindical de los afiliados (1.5%) y carecer de una limitación temporal clara, vulneraba la libertad sindical individual en su faz negativa, al implicar una afiliación forzada. Se rechazó la demanda de la UCRA en cuanto solicitaba la nulidad total de los acuerdos paritarios y la prohibición futura de incluir cláusulas similares.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordena la devolución de fondos retenidos a trabajadores por aportes sindicales.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por un grupo de trabajadores contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Río Negro, revocando una resolución que atribuía al sindicato la titularidad de los fondos retenidos en cuentas judiciales. El tribunal determinó que los montos descontados de los salarios, en virtud de un aporte sindical declarado inconstitucional, debían ser restituidos a los trabajadores, evitando un enriquecimiento sin causa del sindicato.

La Corte Suprema confirma que ARCA (ex AFIP) no puede denegar beneficios fiscales a contribuyentes cumplidores por incumplir requisitos no previstos en la ley.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de la AFIP y confirmó el fallo que ordenó reconocer al actor como contribuyente cumplidor. El organismo recaudador había negado el beneficio previsto en la ley 27.260 debido a la presentación tardía de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales de 2015, a pesar de que la obligación tributaria estaba saldada. El máximo tribunal determinó que la AFIP aplicó un criterio excesivamente formalista, ya que la ley solo exigía el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin establecer expresamente el requisito de presentación en término de la declaración jurada.

Vacunación COVID-19: la Justicia rechaza demanda por suspensión de empleo sin goce de sueldo por no presentar pase sanitario.

La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche rechazó la demanda de una trabajadora, quien había sido suspendida sin goce de sueldo en 2022 por no cumplir con el requisito del pase sanitario. El tribunal consideró que la exigencia empresarial fue razonable en el contexto sanitario de la pandemia y que la suspensión del salario se ajustó a derecho, dado que no hubo prestación efectiva de servicios.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declara inconstitucional la ecotasa de Bariloche.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inconstitucional la ecotasa establecida por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, al considerar que no cumple con los requisitos esenciales de una tasa, dado que no existe una contraprestación efectiva e individualizada a los contribuyentes. Siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo concluyó que el tributo es ilegítimo y vulnera el artículo 17 de la Constitución Nacional.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordena rehabilitación provisional de CUIT suspendida por la AFIP.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia de primera instancia que ordenó la rehabilitación provisional de la CUIT de un contribuyente hasta que la AFIP resuelva expresamente su situación. El tribunal consideró que la inhabilitación sin acto administrativo fundado configuró una "vía de hecho" ilegal.

La Justicia convalida la normativa que prohíbe el cobro de tasas municipales en facturas de servicios públicos.

El Juzgado Federal de San Martín rechazó la acción de amparo de la Municipalidad de Tigre contra la resolución que impide incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, argumentando que no se vulnera la autonomía municipal y que la medida protege a los consumidores al garantizar información clara y evitar coacciones al pago de conceptos ajenos al servicio. Sin embargo, para facilitar la transición en la modalidad de cobro, dispuso una prórroga de noventa días en la aplicación de la resolución.

Se declara arbitraria la sentencia que convalidaba la aplicación del impuesto de sellos por ignorar el requisito de instrumentación de los actos gravados.

Se reconoce la relación laboral bajo el régimen de casas particulares y se admite la indemnización agravada por falta de registración.

Se rechaza el pedido de inconstitucionalidad de la indexación de crédito hipotecario por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Medida cautelar a favor del Banco de la Nación Argentina por cobro desproporcionado de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

Riesgos del trabajo: constitucionalidad de la instancia previa ante comisiones médicas creadas por la ley 27.348 .

Inconstitucionalidad de normas impositivas de la Provincia de Buenos Aires por afectar la libre circulación de bienes interprovinciales.

Se confirma la resolución de la IGJ que declaró irregular e ineficaz las Asambleas e impuso multas al presidente de la sociedad por omisión de hechos relevantes en el acta.

Contrato de Trabajo. Reembolso de gastos de teletrabajo. Actos discriminatorios. Persecución sindical.

Medida cautelar. Impuesto interno y adicional de emergencia a los cigarrillos. Impuesto mínimo. Recurso Extraordinario. Revoca sentencia apelada.

Créditos laborales. Actualización monetaria. Inconstitucionalidad de restricciones. Indemnizaciones agravadas. Aplicación de la "Ley Bases".

Contrato de trabajo. Despido indirecto. Licencia por enfermedad. Certificado médico. Prueba. Diferencias salariales. Indemnización. Rechazo.