La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la empresa COSEME S.A. y revocó la sentencia que había reconocido la existencia de una relación laboral entre la firma y el médico traumatólogo Tristán Manuel López Lozano. El fallo concluyó que durante más de once años el vínculo se desarrolló bajo un esquema de autonomía e independencia, sin reclamos laborales ni subordinación típica, por lo que no corresponde aplicar la presunción del art. 23 de la LCT. Se descartó la relación de dependencia y se rechazó íntegramente la demanda, con costas por su orden.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los recursos de queja interpuestos por tres directores de Telecom Argentina S.A. condenados solidariamente al pago de créditos laborales por despido, junto a la empresa y dos contratistas. La Cámara Nacional del Trabajo había extendido la condena a los miembros del directorio con fundamento en un presunto fraude laboral, sin examinar en forma razonada las circunstancias concretas de su gestión. La Corte consideró arbitraria esa decisión por no evaluar pruebas clave ni el contexto propio de grandes sociedades anónimas, y revocó la sentencia. Reenvió el caso para un nuevo pronunciamiento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la acción declarativa de certeza promovida por Cepas Argentinas S.A. contra la Provincia de Córdoba y declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley impositiva 10.324 (vigente en 2016), que establecía alícuotas agravadas del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes industriales sin establecimiento productivo en dicha jurisdicción. El Tribunal entendió que dicha norma violaba los artículos 9° a 12, 16 y 75 inc. 13 de la Constitución Nacional al crear una discriminación tributaria basada en el lugar de radicación de la planta industrial, afectando el comercio interprovincial y reinstaurando una “aduana interior” vedada por la Carta Magna. La Corte ratificó su competencia originaria, rechazó el dictamen de la Procuradora Fiscal que consideraba inexistente el “caso” y sostuvo que la actora acreditó un perjuicio concreto derivado de la norma impugnada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja interpuesto por Kia Argentina S.A. y revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Misiones que había confirmado la aplicación del impuesto de sellos a solicitudes de adhesión con aceptación tácita. El fallo declara la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 174 del Código Fiscal de Misiones, por ser incompatible con el artículo 9°, inciso b), ap. 2, de la ley de coparticipación federal 23.548. El Tribunal sostuvo que el impuesto de sellos recae únicamente sobre actos instrumentados, es decir, documentados de manera tal que por sí solos permitan exigir el cumplimiento de obligaciones, lo que no ocurre cuando la aceptación es meramente tácita o por hechos. La decisión reafirma que la imposición local no puede desvirtuar los principios estructurales del régimen federal de coparticipación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que validaba la imposición de una tasa municipal exigida por la Comuna de Delfín Gallo a Aeropuertos Argentina 2000 S.A., concesionaria aeroportuaria. Se consideró arbitraria la decisión de la Cámara Federal de Tucumán que sostenía la validez del tributo pese a no haberse acreditado la prestación efectiva de servicios municipales específicos que lo justificaran. Se concluyó que dicha exigencia vulnera lo establecido en la Ley 23.548 sobre Coparticipación Federal, siendo requisito indispensable para las tasas municipales la prestación real y concreta del servicio.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala X resolvió las apelaciones interpuestas por ambas partes en un caso de despido que la empleadora justificó por fuerza mayor. Confirmó que el despido fue injustificado, ratificó la aplicación del agravante del artículo 2° de la Ley 25.323, sostuvo la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT y rechazó el reclamo por daño moral al no configurarse un acto ilícito adicional. Según el fallo, para que se configure la "fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador" se debe acreditar no solamente las circunstancias que determinaron la situación por la que atravesó la empresa, sino que además el empleador que invoca tal circunstancia debe alegar y probar la adopción de medidas concretas tendientes a paliar la situación que atraviesa.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala V falló parcialmente a favor de dos trabajadores no afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), declarando la invalidez parcial de una cláusula convencional que establecía una cuota de solidaridad del 2% de su remuneración integral mensual. La Cámara consideró que dicha cuota, al ser superior a la cuota sindical de los afiliados (1.5%) y carecer de una limitación temporal clara, vulneraba la libertad sindical individual en su faz negativa, al implicar una afiliación forzada. Se rechazó la demanda de la UCRA en cuanto solicitaba la nulidad total de los acuerdos paritarios y la prohibición futura de incluir cláusulas similares.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por un grupo de trabajadores contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Río Negro, revocando una resolución que atribuía al sindicato la titularidad de los fondos retenidos en cuentas judiciales. El tribunal determinó que los montos descontados de los salarios, en virtud de un aporte sindical declarado inconstitucional, debían ser restituidos a los trabajadores, evitando un enriquecimiento sin causa del sindicato.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de la AFIP y confirmó el fallo que ordenó reconocer al actor como contribuyente cumplidor. El organismo recaudador había negado el beneficio previsto en la ley 27.260 debido a la presentación tardía de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales de 2015, a pesar de que la obligación tributaria estaba saldada. El máximo tribunal determinó que la AFIP aplicó un criterio excesivamente formalista, ya que la ley solo exigía el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin establecer expresamente el requisito de presentación en término de la declaración jurada.

La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche rechazó la demanda de una trabajadora, quien había sido suspendida sin goce de sueldo en 2022 por no cumplir con el requisito del pase sanitario. El tribunal consideró que la exigencia empresarial fue razonable en el contexto sanitario de la pandemia y que la suspensión del salario se ajustó a derecho, dado que no hubo prestación efectiva de servicios.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inconstitucional la ecotasa establecida por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, al considerar que no cumple con los requisitos esenciales de una tasa, dado que no existe una contraprestación efectiva e individualizada a los contribuyentes. Siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo concluyó que el tributo es ilegítimo y vulnera el artículo 17 de la Constitución Nacional.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia de primera instancia que ordenó la rehabilitación provisional de la CUIT de un contribuyente hasta que la AFIP resuelva expresamente su situación. El tribunal consideró que la inhabilitación sin acto administrativo fundado configuró una "vía de hecho" ilegal.

El Juzgado Federal de San Martín rechazó la acción de amparo de la Municipalidad de Tigre contra la resolución que impide incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, argumentando que no se vulnera la autonomía municipal y que la medida protege a los consumidores al garantizar información clara y evitar coacciones al pago de conceptos ajenos al servicio. Sin embargo, para facilitar la transición en la modalidad de cobro, dispuso una prórroga de noventa días en la aplicación de la resolución.