El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto de 2025, que establecía un régimen de financiamiento para universidades públicas y la recomposición salarial de su personal docente y no docente.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios modifica el Digesto de Normas Técnico-Registrales para adecuar el procedimiento de visualización de la Cédula de Identificación Digital en la aplicación “Mi Argentina”. Al respecto, se establece que el titular registral, persona humana o jurídica, puede habilitar a terceros para visualizar la cédula de su automotor, lo que no altera su responsabilidad civil por daños salvo en los casos de contratos de leasing, donde la responsabilidad recae en el tomador conforme al artículo 1243 del Código Civil y Comercial.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios introduce un nuevo procedimiento para la inscripción de contratos de leasing de automotores que incorpora la posibilidad de solicitar simultáneamente la transferencia de dominio sujeta a condición suspensiva.

La franquicia está regulada en los arts. 1512 a 1524 del Código Civil y Comercial. Si bien no es obligatorio tener la marca registrada en el INPI para firmar el contrato, es altamente recomendable para asegurar la protección jurídica del signo distintivo frente a terceros. El contrato firmado ante escribano le otorga fecha cierta, pero no sustituye el registro marcario.

El Ministerio de Justicia aprueba el Protocolo Operativo para la recepción de bienes provenientes de actividades ilícitas que hayan sido cautelados o recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal y en los procesos de extinción de dominio, en el marco del Régimen creado por el Decreto 575/2025.

Se crea la Oficina de Bienes Recuperados como organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, designada como autoridad de aplicación del régimen aprobado por el Decreto 575/25 para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en los de extinción de dominio.

El Poder Ejecutivo aprueba el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal y en procedimientos de extinción de dominio. La norma centraliza en el Ministerio de Justicia la administración y custodia de estos bienes, reservando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación o concesión comercial.

Se dispone el diferimiento, por única vez y con carácter excepcional, de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, fijando la nueva fecha para el 10 de noviembre de 2025.

Se deroga la Sección 5ª del Capítulo XVIII, Título II del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, que regulaba la acreditación de la declaración jurada de bienes registrables para maquinaria agrícola, vial e industrial autopropulsada.

Se modifica el artículo 5° de la Sección 1°, Capítulo IX, Título II del Digesto de Normas Técnico-Registrales para ampliar el sistema de habilitación remota de la Cédula de Identificación Digital de automotores a personas jurídicas, mediante la aplicación “Mi Argentina”.

Se establece que toda prescripción de medicamentos, dispositivos, estudios complementarios, prácticas y procedimientos deberá emitirse exclusivamente en formato electrónico o digital a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS).

El Ministerio de Seguridad aprueba el “Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales”, adaptando las herramientas previstas en la Ley 27.319 sobre Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos, a los entornos digitales ante el crecimiento de delitos cometidos en redes sociales y sitios web.

Se modifica el artículo 10° de la Ley N° 26.075 para redefinir la intervención del Estado Nacional en la negociación del convenio marco docente. A partir de esta reforma, la participación en la concertación de pautas generales sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente queda exclusivamente a cargo del Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales con representación nacional.

Se establece oficialmente la convocatoria a elecciones generales para el día 26 de octubre de 2025, con el propósito de elegir senadores y diputados nacionales en cumplimiento del Código Electoral Nacional y luego de la suspensión para este año de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).