El Poder Ejecutivo Nacional veta en su totalidad el proyecto de ley 27.790 que declaraba en emergencia por 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a Bahía Blanca y Coronel Rosales, por las inundaciones ocurridas en marzo de 2025, y creaba un fondo especial de $200.000 millones para atender los daños.

La Comisión Nacional de Valores aprueba dos nuevos regímenes de oferta pública con autorización automática para la emisión de acciones por parte de emisores residentes, diferenciando entre colocaciones de bajo y mediano impacto según los montos máximos en unidades UVA. La medida tiene por objetivo facilitar el acceso al mercado de capitales, especialmente para pequeñas y medianas empresas, mediante procedimientos simplificados que reducen los costos y tiempos de autorización.

Se establece un procedimiento específico para la inscripción de cooperativas en el Registro de Empresas MiPyMEs, que se aplicará a las solicitudes efectuadas a partir del 1° de junio de 2025. A partir de esa fecha, la verificación de la condición MiPyME de los integrantes de las cooperativas se realizará con base en la información contenida en el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, aprobado por la Resolución 756/2025 del INAES.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda autorizan la recompra al Banco Central de los bonos AL30 y GD30, ambos emitidos bajo la Ley 27.544, por un valor nominal conjunto de más de usd 1.464 millones, a precios de mercado correspondientes al 17 de junio de 2025, con liquidación al día siguiente.

La Comisión Nacional de Valores aprueba un régimen específico para la constitución y funcionamiento de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 847/2024 que reglamenta aspectos de la Ley 27.742 en materia de modernización laboral.

La Comisión Nacional de Valores extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 el régimen transitorio que amplía los límites de inversión en activos vinculados a sociedades que no poseen Certificado MiPyME pero tampoco son consideradas “Empresas Grandes” según el listado de ARCA. La medida impacta tanto en los Fondos Comunes de Inversión Abiertos PyMEs como en los fideicomisos financieros destinados al financiamiento de estas empresas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza el valor del módulo utilizado para determinar las sanciones administrativas previstas en el régimen de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elevándolo de $40.000 a $54.140.

Se dispone la disolución del Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras y del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP, en el marco de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley 27.742 y su Decreto reglamentario 695/2024.

Se deroga la Ley 17.606 que obligaba a productores, comerciantes y particulares a inscribirse en un registro oficial y a emitir guías de sanidad para el tránsito de plantas o sus partes, estableciendo controles por parte del Estado que hoy son considerados excesivos y desactualizados.

Se derogan los regímenes destinados a la promoción de la ganadería ovina y de llamas, la actividad caprina, la sericicultura (producción del gusano de seda), la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas y la producción de búfalos de agua, junto con sus respectivas comisiones asesoras y registros.

Se modifica la Ley 25.613 que regula el régimen de importaciones para insumos destinados a investigaciones científico-tecnológicas, suprimiéndose el control estatal sobre los bienes importados y eliminándose la Comisión de Fiscalización y Seguimiento.

El Banco Central de la República Argentina publica los valores diarios actualizados de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), instrumento creado por la Ley 25.827 y ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Esta publicación permite la adecuada indexación de operaciones financieras y crediticias vinculadas a dicha unidad.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó sin efecto la exigencia del inciso iii) del punto 3 de la Comunicación A 8230, que condicionaba el acceso al mercado de cambios para repatriaciones de no residentes a una espera mínima de 180 días desde la liquidación de los fondos. Simultáneamente, incorporó estas operaciones en las excepciones previstas en el punto 3.16.3.5. del texto ordenado de Exterior y Cambios, eximiéndolas de presentar las declaraciones juradas requeridas en los puntos 3.16.3.1. a 3.16.3.4.

Se dispone la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 10 de julio de 2025, así como la ampliación de dos instrumentos ya existentes: la Letra del Tesoro con vencimiento el 15 de agosto de 2025 y el Bono del Tesoro a tasa fija con vencimiento el 30 de mayo de 2030. 

La Comisión Nacional de Valores establece un régimen específico para la representación digital de ciertos valores negociables mediante tecnologías de registro distribuido (TRD), como parte de un entorno de prueba regulatorio (sandbox) de un año de duración. La normativa permite que determinados valores representativos de deuda, certificados de participación de fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados —con activos subyacentes del mundo real y sin cotización en mercados habilitados— puedan ser representados digitalmente y comercializados a través de plataformas y aplicaciones móviles de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados.

Se establece un nuevo marco normativo para la certificación, trazabilidad y control de autopartes y elementos de seguridad alcanzados por el Anexo C del Decreto 779/1995, en reemplazo del régimen anterior dispuesto por la Resolución 166/2019. El nuevo sistema requiere que todas las autopartes de seguridad cuenten con Licencia de Certificación emitida por organismos reconocidos, tanto para productos de origen nacional como importados, y dispone la obligatoriedad de un Código QR visible que permita verificar en tiempo real los datos de certificación, incluyendo origen, fabricante, modelo y organismo certificador.

La ANMAT establece un nuevo marco normativo que regula la publicidad dirigida al público de productos para la salud, alimentos, cosméticos y afines, aplicable a todos los medios tradicionales, no tradicionales y digitales. La disposición reemplaza la normativa anterior y fija criterios unificados para especialidades medicinales de venta libre, suplementos dietarios, productos cosméticos, higiénicos, domisanitarios, médicos de uso sin prescripción y de diagnóstico para autoevaluación.

La Superintendencia de Seguros de la Nación modifica los criterios para determinar el capital computable y la computabilidad de inmuebles y bienes de uso en el marco del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

Se deroga la Resolución 960/1986 del Ministerio de Economía, que extendía las exigencias de tipificación, empaque y fiscalización de hortalizas frescas con destino a los mercados de interés nacional, con el objetivo de reducir trabas burocráticas y simplificar el marco normativo del sector frutihortícola.

La Comisión Nacional de Valores incorpora una nueva excepción al tope diario de $200 millones para operaciones con valores negociables transferidos al exterior, en el marco del proceso de flexibilización del mercado de capitales impulsado por el Gobierno Nacional. La medida habilita a los no residentes a realizar transferencias sin límite diario cuando se trate de títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional con vencimiento total o parcial no inferior a 180 días desde su emisión, adquiridos en procesos de colocación o licitación primaria, hasta el valor nominal suscripto.

Se dispone la excepción del Fondo Fiduciario Público “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364”, actualmente en proceso de liquidación, de las disposiciones del artículo 4° del anexo de la Resolución 796/2024 del Ministerio de Economía, que establece la transferencia de activos líquidos y financieros al Tesoro Nacional.

Se dispone la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de agosto de 2025 (LECAP S29G5), con un tope de hasta un billón de pesos de valor nominal original, a efectos de permitir su entrega al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en reemplazo de otras letras del Tesoro en cartera.

Se establece la asignación de competencias y procedimientos para implementar la liquidación del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, conforme al decreto 1018/2024, encargando a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles afectados al programa, así como la suscripción de los actos jurídicos necesarios.

La Unidad de Información Financiera dispuso una actualización integral de los umbrales monetarios aplicables a operaciones consideradas relevantes a efectos de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en cumplimiento del Decreto 353/2025.

Se modifica el Decreto 617/2024 para redefinir el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo de Mayo, creado como órgano consultivo para la implementación de los lineamientos del Pacto de Mayo, ante la ausencia de propuestas por parte de los sectores convocados.

Se aprueban con carácter general las condiciones contractuales del Seguro de Caución para Obra y/o Suministros y/o Servicios Públicos, incorporándose dicha cobertura al Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Las nuevas condiciones podrán ser utilizadas desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

La Superintendencia de Seguros de la Nación modifica el régimen documental aplicable a los accionistas personas físicas de entidades aseguradoras, eliminando la exigencia de presentar copias de las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales o comprobantes de no alcanzado. A partir de ahora, solo será necesario cumplir con los requisitos establecidos en el formulario previsto como Anexo del punto 7.1.2. inc. a) apartado I), cuya presentación deberá revestir carácter de declaración jurada ante escribano público, quien certificará el cotejo de la documentación respaldatoria.

La Superintendencia de Seguros de la Nación sustituye íntegramente el punto 33.3 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708/2014) y establece nuevos lineamientos para el cálculo de reservas por siniestros pendientes y siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR), aplicables desde los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025. Entre los principales cambios se incorpora de forma permanente el uso de la Tasa Pasiva BCRA (Comunicación 14.290) como coeficiente de actualización y se consolida la aplicación del índice FACPCE para el ajuste a moneda homogénea.

Se dispone que la provisión de tarjetas de débito para cuentas a la vista (depósitos de ahorro, cuenta sueldo y cuentas especiales) será optativa y quedará sujeta a solicitud expresa de sus titulares, sin importar si la apertura de dichas cuentas se realiza presencialmente o por medios digitales.

Se establece la eliminación, a partir del 2 de junio de 2025, de la opción de cancelación anticipada a los 30 días para los depósitos a plazo fijo en pesos expresados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por CER (UVA), captados por entidades financieras de personas humanas. En consecuencia, desde dicha fecha, estos depósitos tendrán un plazo mínimo obligatorio de 90 días sin posibilidad de cancelación anticipada previa.