Se dispone la transferencia al Fideicomiso Financiero y de Administración “Fondo de Garantías Argentino” (FoGAr) de los fondos remanentes no comprometidos de los Fondos de Afectación Específica creados por decretos en el marco de la emergencia productiva: $463.733.915.006 del FAE MiPyMEs (Decreto 326/2020), $371.116.166.197 del FAE PCA (Decretos 332/2020 y 376/2020) y $165.568.634.155 del FAE ATP (Decreto 621/2020). La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Se deroga la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía y Minería, que establecía la obligación para los titulares de bocas de expendio de combustibles de informar al Estado los precios minoristas dentro de las ocho horas de producida una modificación en el surtidor. La medida se fundamenta en los principios de libre mercado, desregulación y competencia leal, previstos por el decreto 70/2023 y la ley 27.742, promoviendo la autonomía comercial y reduciendo costos operativos y burocráticos. La derogación entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Se prorroga, hasta el 9 de julio de 2026, la emergencia del sector energético nacional declarada por el Decreto N° 55/23 y prorrogada por el Decreto N° 1023/24, abarcando la generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de gas natural, así como las acciones derivadas.

Se dispone la modificación integral de la Ley de Migraciones N° 25.871, de la Ley de Educación Superior N° 24.521, de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, y de la Ley de Ciudadanía N° 346, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para gestionar los flujos migratorios, garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos y fomentar la inversión extranjera mediante mecanismos modernizados.

Se extiende por dos meses, hasta el 31 de julio de 2025, la vigencia de los beneficios arancelarios excepcionales establecidos por la Resolución (MJ) N° 249/2025 para trámites ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor de las zonas afectadas por el temporal ocurrido el 7 de marzo de 2025 en la ciudad de Bahía Blanca y alrededores.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) reduce de tres a dos años el plazo de amortización mínimo exigido para exceptuar del límite diario de $200 millones las transferencias de valores negociables a entidades depositarias del exterior realizadas por no residentes. La medida responde a la política de flexibilización y desregulación del mercado de capitales promovida por el Gobierno Nacional.

Se dispone la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento 29 de mayo de 2026” y del “Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento 30 de mayo de 2030” orientados a cubrir las necesidades de financiamiento, en el marco de las autorizaciones dispuestas por la Ley de Presupuesto General 27.701 y sus modificaciones.

Se introduce una restricción temporal para el pago de vencimientos de capital de títulos de deuda emitidos por entidades financieras locales, al exigir que dicho pago sólo podrá realizarse una vez transcurridos al menos 12 meses desde la fecha de emisión, aplicable a operaciones concertadas a partir del 26 de mayo de 2025.

Se establece que los usuarios incluidos en el Registro Único de beneficiarios especiales del Régimen de Zona Fría que registren más de un medidor de gas solo podrán acceder a cuadros tarifarios diferenciales generales sin aplicación de excepciones de elegibilidad por vulnerabilidad socioeconómica previstas en la Ley N° 27.637.

Se aprueba el procedimiento para la revisión de la categorización asignada a los usuarios en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), mediante la plataforma TAD, implementándose una herramienta de consulta digital para que cada usuario pueda conocer, en cualquier momento y lugar, su nivel de segmentación en el RASE.

Se establece una reducción transitoria del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) para los teléfonos inteligentes y celulares portátiles, fijándose una alícuota del 8% hasta el 14 de enero de 2026 y del 0% a partir del 15 de enero de 2026, conforme lo autorizado por la Decisión 8/21 del Consejo del Mercado Común (MERCOSUR). Asimismo, se reduce del 35% al 20% el D.I.E. aplicable a videoconsolas y máquinas de videojuegos, con el objetivo de facilitar el acceso de los consumidores a estos bienes, mejorar la oferta y promover la inclusión digital y tecnológica.

Se establece la derogación de diversos artículos y programas contemplados en las leyes 24.467 (Ley PyME) y 25.872 (Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven), en el marco de un proceso de reducción de la intervención estatal, con el objetivo de incentivar el libre mercado y la desregulación económica.

Se establece un régimen simplificado para facilitar la importación de pequeños envíos de mercaderías producidas bajo el Régimen Industrial de la Ley N° 19.640, destinadas exclusivamente al uso y consumo particular de personas humanas residentes en el territorio nacional continental, quedando prohibida su comercialización posterior.

El Banco Central de la República Argentina publica los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL), conforme a la Ley 27.551, correspondientes al período del 17 de mayo de 2025 al 16 de junio del mismo año.

Se modifica la Resolución 333/2025 del SENASA para establecer un plazo máximo de treinta días corridos en los procedimientos de autorización por equivalencia de productos veterinarios registrados, elaborados y comercializados en el exterior. Además, se incorpora al listado de países habilitados a los socios fundadores del MERCOSUR con estándares sanitarios equivalentes, reemplazando a la República Oriental del Uruguay.

El Banco Central de la República Argentina establece que, para acceder al mercado de cambios con el fin de realizar transferencias al exterior destinadas al pago de capital de títulos de deuda emitidos a partir del 16 de mayo de 2025, deberá cumplirse como condición adicional que hayan transcurrido al menos dieciocho meses desde la fecha de emisión de dichos títulos.

La ANMAT dispone la inclusión obligatoria de un código QR en los envases secundarios —y opcionalmente en los primarios— de todas las especialidades medicinales de origen sintético o semisintético, cualquiera sea su condición de expendio, con el fin de facilitar el acceso inmediato a la información contenida en los prospectos mediante dispositivos móviles.

El SENASA establece el procedimiento de autorización por equivalencia para productos veterinarios registrados, elaborados y comercializados en países que integran el Anexo de la resolución, con el fin de facilitar su ingreso al mercado argentino bajo criterios de armonización regulatoria.

Se dispone la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 30 de abril de 2026” por hasta vno $5 billones, como parte del programa financiero del ejercicio 2025.

Se incorpora el artículo 44 quinquies a la Ley N° 5547 de Defensa del Consumidor de la provincia de Mendoza, estableciendo que en las relaciones de consumo vinculadas a servicios financieros que involucren billeteras electrónicas a nombre de menores de edad, los padres o tutores responsables deberán contar con acceso irrestricto a toda la información relacionada con consumos, transferencias e inversiones de dichas cuentas.

Se establece un nuevo marco normativo integral para la inscripción y mantenimiento en los registros del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), unificando, simplificando y modernizando los requisitos aplicables a operadores, yerbales, viveros, plantas y depósitos del sector.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) establece un nuevo marco normativo para la clasificación, tipificación, envasado, empaque, rotulado, transporte y exportación de hortalizas frescas, con el objetivo de simplificar los procedimientos, eliminar requisitos burocráticos y adecuar la normativa vigente a los estándares internacionales.

Se deroga el Decreto N° 71.178/1935, que establecía requisitos para la exportación de hortalizas frescas en cuanto a tipificación, embalaje y fiscalización, al considerarse desactualizado y en desuso tras la derogación de la Ley N° 4863 por la Ley N° 27.444.

La Comisión Nacional de Valores convoca al procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para recibir propuestas en torno al proyecto de reglamentación de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos y Fideicomisos Financieros aplicables al nuevo Sistema de Cese Laboral, previsto por el Decreto 847/2024 como alternativa indemnizatoria en el marco de convenios colectivos.

Se aprueba una operación de conversión de deuda pública mediante la cual el Banco Central de la República Argentina suscribirá la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de septiembre de 2025” (LECAP S30S5), a través de la entrega de sus tenencias de las LECAP con vencimientos el 16 y el 30 de mayo de 2025.

La Superintendencia de Seguros de la Nación modifica el punto 39.6.4 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, estableciendo que las entidades aseguradoras deberán remitir trimestralmente la información relativa a juicios y mediaciones, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en un nuevo anexo.

Se establece que todas las farmacias y farmacias mutuales deberán exhibir un código QR visible al consumidor, el cual deberá redirigir a una lista de precios actualizada y precisa de los medicamentos ofrecidos, conforme a las especificaciones técnicas definidas en el anexo de la disposición.

La Comisión Nacional de Valores abre un proceso de elaboración participativa de normas con el fin de reglamentar un régimen especial de oferta pública con autorización automática aplicable a emisiones de acciones de bajo y mediano impacto, en línea con los objetivos de ampliación y simplificación del acceso al mercado de capitales.

Se establece la creación del Consejo Asesor del Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) con el objetivo de brindar asistencia técnica y estratégica a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento en el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos destinados al fortalecimiento del sector.

Se introducen modificaciones en la reglamentación operativa del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento con el objetivo de mejorar la administración del cupo fiscal y fortalecer el control de los beneficios otorgados.