Trabajo no registrado: la Justicia laboral de San Juan declara inaplicables las reformas de las Leyes de Bases y Modernización a contratos anteriores.

El Cuarto Juzgado del Trabajo de San Juan hizo lugar a la demanda promovida por tres trabajadoras que prestaban servicios en un café y local bailable en condiciones de total clandestinidad laboral, reconociendo la existencia de la relación de dependencia, la procedencia del despido indirecto y las indemnizaciones derivadas de la falta de registración. Como aspecto central del pronunciamiento, el tribunal sostuvo que las modificaciones introducidas por la Ley 27.742 (Ley de Bases) y la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral) no pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia. Consideró que los derechos y protecciones existentes al momento de celebración del contrato se incorporan al vínculo laboral y no pueden ser desplazados por reformas posteriores de carácter regresivo. En consecuencia, mantuvo la aplicación de las multas de la Ley 24.013 y demás institutos vigentes al momento de inicio de la relación laboral. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 por entender que el sistema de actualización allí previsto produce una reducción irrazonable del crédito laboral y afecta el derecho de propiedad de los trabajadores.

Reforma laboral: la Justicia Contencioso Administrativa dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley 27.802.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que había suspendido provisoriamente la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la Ley 26.854 para mantener una cautelar contra una ley sancionada por el Congreso Nacional, especialmente frente a la presunción de legitimidad de las normas y la complejidad del planteo de inconstitucionalidad formulado por la CGT. El fallo destaca que el análisis cautelar no puede convertirse en un adelanto de la sentencia definitiva ni reemplazar el examen profundo que requiere el control de constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral. Asimismo, el tribunal sostuvo que la amplitud de los temas involucrados —contratos individuales, negociación colectiva, huelga, tutela sindical, vacaciones, despidos y fondo de asistencia laboral, entre otros— excede el limitado marco cognoscitivo propio de una medida precautoria.

Conflicto de competencia por la reforma laboral: la justicia contencioso administrativa se declara competente en la causa CGT c/ Estado Nacional.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.

Inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802 en el contexto de créditos laborales.

En la causa 'Burgos Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios calle Cuenca 2379 s/ despido', el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21 declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802, que permitía el fraccionamiento de los créditos laborales. El tribunal fundamentó su decisión en la violación de principios constitucionales y derechos humanos, destacando que el tratamiento diferenciado hacia los acreedores laborales resulta discriminatorio y confiscatorio. En consecuencia, se resolvió que el crédito reconocido debía ser abonado en un único pago, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Inconstitucionalidad del pago en cuotas de indemnizaciones laborales por afectar su carácter alimentario y la tutela constitucional del trabajador.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

Declaración de inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 27.802 en despido por falta de pago salarial.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

Suspensión cautelar del traspaso de la justicia laboral nacional a la CABA por vicios constitucionales en el procedimiento.

En la causa “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional s/ medida cautelar”, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 hizo lugar a la medida precautoria solicitada por el sindicato actor y dispuso la suspensión de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la función judicial laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802.

Aplicación de la Ley Bases en caso de despido: rechazan planteo de inconstitucionalidad pero reconocen daño por falta de pago de indemnizaciones.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.742 por parte del trabajador, quien impugnó la derogación de sanciones laborales previstas en la ley 25.323 y el art. 80 de la LCT. El tribunal consideró que la norma no vulnera derechos fundamentales ni el principio de progresividad. No obstante, hizo lugar parcialmente al reclamo de reparación integral por daño derivado del incumplimiento indemnizatorio, basándose en el Código Civil y Comercial. En este sentido, impuso al empleador una condena adicional equivalente a seis salarios, pese a la derogación del régimen sancionatorio anterior. La sentencia reafirma que, si bien el Congreso puede reformar el esquema de sanciones, ello no impide al Poder Judicial reconocer daños reales conforme a principios generales del derecho.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordena la devolución de fondos retenidos a trabajadores por aportes sindicales.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por un grupo de trabajadores contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Río Negro, revocando una resolución que atribuía al sindicato la titularidad de los fondos retenidos en cuentas judiciales. El tribunal determinó que los montos descontados de los salarios, en virtud de un aporte sindical declarado inconstitucional, debían ser restituidos a los trabajadores, evitando un enriquecimiento sin causa del sindicato.

Créditos laborales. Actualización monetaria. Inconstitucionalidad de restricciones. Indemnizaciones agravadas. Aplicación de la "Ley Bases".