Las retenciones de IVA e Ingresos Brutos deben computarse en la declaración jurada del período en que fueron practicadas o, como máximo, en la inmediata siguiente. Si no se imputaron en ese marco, la única vía correcta es presentar declaraciones juradas rectificativas. No corresponde incorporarlas en períodos posteriores alterando la fecha. Si las retenciones no se rectifican ni se computan, los importes permanecen en contabilidad como créditos fiscales dentro del activo hasta su utilización como pago a cuenta o hasta su prescripción, momento en el cual podrán reconocerse como pérdidas del ejercicio.

Los intereses resarcitorios de anticipos de Ganancias deben calcularse solo hasta el vencimiento general de la declaración jurada determinativa (mayo de 2024 en el caso planteado), sin extenderse hasta la fecha de presentación efectiva en junio de 2025. Así lo dispone la Instrucción General DGI 342/1982 y lo ha confirmado la jurisprudencia (“Cristalería de Cuyo”, “Francisco Vicente Damiano S.A.”), que reconoce a los anticipos como obligaciones autónomas cuyo incumplimiento genera intereses hasta el vencimiento legal de la DDJJ, pero no más allá.

Según la RG 3985/2017, art. 8, cuando la reconsideración del nivel SIPER es rechazada, el contribuyente puede presentar una disconformidad dentro de los 15 días corridos desde la notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico. Si la disconformidad es admitida, el contribuyente cuenta con 10 días corridos para fundamentar su reclamo y aportar documentación a través de “Presentaciones Digitales”.

La licencia por maternidad es de 90 días corridos (45 previos y 45 posteriores al parto, con posibilidad de acumular más días en el posparto), según el art. 177 LCT. Durante este período, la trabajadora percibe de la ANSES la Asignación por Maternidad equivalente a su remuneración bruta habitual, sin topes máximos, conforme a la Ley 24.714 y el Decreto 1245/96. En el Formulario 931 debe informarse la situación “Licencia por maternidad” (código 05), declarando en “Remuneración Maternidad” el sueldo que hubiera correspondido.

La franquicia está regulada en los arts. 1512 a 1524 del Código Civil y Comercial. Si bien no es obligatorio tener la marca registrada en el INPI para firmar el contrato, es altamente recomendable para asegurar la protección jurídica del signo distintivo frente a terceros. El contrato firmado ante escribano le otorga fecha cierta, pero no sustituye el registro marcario.

En un contrato de leasing con opción de compra que transfiere sustancialmente los riesgos y beneficios, la RT 54 (FACPCE) lo considera arrendamiento financiero. En consecuencia, desde el inicio se registra un activo por derecho de uso (bien de uso) al menor entre el valor de contado y el valor presente de las cuotas más la opción, junto con un pasivo por arrendamiento financiero.

De acuerdo con la RG (ARCA) 5678/2025, los remitos digitales solo pueden emitirse a través de sistemas computarizados o electrónicos autorizados, con CAI vigente. En este escenario, la empresa que antes trabajaba con remitos impresos deberá inscribirse en el régimen de autoimpresores de ARCA, ya que es la condición necesaria para poder emitir remitos digitales sin intervención de imprenta.

El plazo de prescripción para los impuestos en CABA es de cinco años desde el 1° de enero del año siguiente al vencimiento. En el caso de períodos 2018, la prescripción hubiera operado el 1/1/2024, salvo que existieran hechos con efecto suspensivo o interruptivo. Entre ellos, la intimación de pago notificada por domicilio fiscal electrónico constituye una causal válida que impide la consumación de la prescripción: suspende el plazo por un año y, en ciertos casos, lo interrumpe reiniciando un nuevo período de cinco años.

El artículo 745 del Código Civil y Comercial establece que los embargos se cumplen en orden de prelación: primero debe atenderse el más antiguo hasta su cancelación, y solo luego aplicarse el siguiente. El empleador debe comunicar al juzgado que ordenó el embargo posterior la existencia de la medida anterior y la imposibilidad de retener en simultáneo, salvo que se trate de un embargo por alimentos, que tiene prioridad legal incluso si fue dispuesto con posterioridad.

Según la RG 1415 (t.o. RG 5678/2025), todo traslado de bienes debe estar respaldado por un comprobante válido (factura, remito, guía o documento equivalente). En el caso de ventas online, si la factura se emite con anterioridad y acompaña la mercadería, esta cumple la función de documentación del traslado, por lo que no resulta necesario emitir un remito adicional, salvo que la empresa decida hacerlo por conveniencia operativa o de control interno.

En la Provincia de Buenos Aires, el arrendamiento de inmuebles rurales destinados a fines agropecuarios realizado por personas humanas se encuentra alcanzado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La única exención prevista en el Código Fiscal provincial refiere a la locación de hasta un inmueble destinado a vivienda, y no se aplica a contratos de arrendamiento rural.

La venta de un inmueble rural adquirido antes del 1/1/2018, mantenido inexplotado o destinado a alquiler, no genera carga tributaria nacional, ya que no queda alcanzada ni por el impuesto cedular ni por el impuesto a las ganancias. Distinto sería si el inmueble hubiera sido explotado directamente en una actividad agropecuaria, caso en el cual el resultado de la venta se considera renta de fuente unipersonal y tributa en ganancias bajo la escala progresiva de hasta el 35%.

En CABA, la exención de Ingresos Brutos para alquileres habitacionales aplica a hasta tres unidades destinadas a vivienda, siempre que cada una no supere el monto mensual fijado en la Ley Tarifaria (en 2025, $1.000.000). La existencia de otros contratos de alquiler con destino comercial, gravados por el impuesto, no impide utilizar la exención respecto de las unidades habitacionales, ya que los requisitos legales refieren únicamente al destino, cantidad y monto de las propiedades arrendadas.

La sociedad anónima puede comprar directamente en Amazon bajo el régimen de pequeños envíos, ya que este admite tanto a personas humanas como jurídicas como destinatarios, siempre que el bien no sea para reventa y se respeten los límites de valor (USD 3.000), cantidad (máx. 3 unidades iguales) y peso (50 kg). Impositivamente, si el valor FOB no supera los USD 400, solo corresponde pagar IVA e impuestos internos si aplican; si lo supera, también se abonan derechos de importación y tasa de estadística.

En IVA Simple, cuando hay operaciones exentas, solo se computa crédito fiscal si se configura correctamente el método de prorrateo. Si se selecciona únicamente “asignación directa” y no se discrimina en los comprobantes, el sistema no habilita crédito computable; en cambio, con “prorrateo global” o “mixto” se permite distribuirlo entre computable y no computable.

El SITRADIB comenzó en forma voluntaria el 1/9/2024. La Resolución 2481/2024 estableció un cronograma inicial que luego fue prorrogado por la Resolución 3159/2024. Con la prórroga, los plazos obligatorios de adecuación son: a partir del 1/3/2025 para empleadores con más de 100 trabajadores, desde el 1/4/2025 para quienes tengan entre 50 y 99, desde el 1/5/2025 para los que ocupen entre 10 y 49, y desde el 1/6/2025 para los que tengan menos de 10 empleados.

La RG (ARCA) 5705/2025 dispuso que el sistema “IVA Simple” será obligatorio desde las declaraciones juradas correspondientes a noviembre de 2025, aunque puede utilizarse en forma opcional desde junio. Sin embargo, incluso en esta etapa de adhesión anticipada, el sistema exige la registración de comprobantes con apertura de conceptos en el Portal IVA. Esto significa que el contribuyente debe discriminar crédito y débito fiscal según actividad, tipo de operación, tipo de sujeto y alícuota, algo que antes se informaba solo en la DJ de IVA.

Según el artículo 40 de la Ley 24.977, quienes adhieren al monotributo deben ingresar el componente previsional, salvo que se encuentren en alguno de los supuestos de excepción (trabajador en relación de dependencia con aportes, menores de 18 años, beneficiarios de regularización Ley 24.476 o afiliados obligatorios a caja profesional provincial). En el caso de un administrador de SAS que cobra honorarios sin generar aportes previsionales ni de obra social, no se configura ninguna de estas excepciones.

Una farmacia responsable inscripta se encuentra obligada a practicar retenciones conforme a la RG (AFIP) 830. El pago de alquiler a una persona jurídica encuadra en el régimen del Anexo II, apartado 3 (código 30), correspondiente a locaciones de inmuebles urbanos. El locador, al ser persona jurídica, está incluido como sujeto pasible de retención (Anexo V).

Cuando una sociedad cierra balance fuera de término y ya tiene prevista la baja de impuestos y el cese de actividades en los meses siguientes, correspondería incluir una nota a los estados contables informando esta circunstancia. Según la RT 17 (sección 4.9) y la NIC 10, se trata de un hecho posterior relevante que no requiere ajuste porque no confirma una situación existente al cierre, pero sí debe revelarse para garantizar la transparencia.

Cuando una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) no registra pagos de Ingresos Brutos ni de otros tributos provinciales en la provincia de Buenos Aires, la Clave de Identificación Tributaria (CIT) solo puede gestionarse de forma presencial en un Centro de Servicio Local de ARBA. Para ello, el representante legal debe presentar estatuto social, acta de designación de autoridades y su DNI, completar el formulario de solicitud e informar un correo electrónico.

En la finalización de un contrato de trabajo a plazo fijo por cumplimiento del término, no corresponde indemnización por antigüedad, pero sí deben abonarse los días trabajados del mes, la proporción del Sueldo Anual Complementario y las vacaciones no gozadas con su respectivo SAC, conforme a los artículos 93 a 95 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En IVA Simple, cuando el contribuyente realiza operaciones gravadas y exentas o no gravadas, el crédito fiscal puede informarse mediante prorrateo por asignación directa, prorrateo global o una combinación de ambos. Según la opción seleccionada en “Datos iniciales”, el sistema permite detallar el crédito computable por comprobante, registrar los importes prorrateados en una pestaña especial de “CF Computable Global” y discriminar entre crédito computable directo, por prorrateo, global, no computable y a restituir.

Un monotributista radicado en la provincia de Buenos Aires que presta servicios a consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe inscribirse en el Convenio Multilateral si la actividad se realiza efectivamente en CABA o se considera localizada allí según el criterio de territorialidad y sustento territorial fijado por el artículo 1° del Convenio y la RG (CA) 5/2021.

Para la recategorización del monotributo en julio 2025 deben considerarse los ingresos brutos obtenidos en los últimos 12 meses, incluyendo tanto los obtenidos como responsable inscripto —con IVA incluido— como los generados bajo el régimen simplificado. Esto se basa en el artículo 9 del Anexo de la Ley 24.977 y su reglamentación, que establecen que el cálculo comprende la totalidad de ingresos obtenidos, sin importar el régimen bajo el cual se hayan generado.

Una SAS que inicia actividades con un empleado debe presentar sus declaraciones juradas de cargas sociales a través del servicio “Declaración en línea” hasta recibir notificación formal de ARCA indicando la obligatoriedad de utilizar el Libro de Sueldos Digital (LSD). Conforme a la RG 5250/2022, el uso del LSD solo es obligatorio para los empleadores notificados o que opten voluntariamente por adherirse, previa aceptación y comunicación de la fecha de inicio mediante el domicilio fiscal electrónico.

La normativa vigente permite que una misma razón social lleve un único Libro Especial de Sueldos y Jornales que incluya tanto a trabajadores del régimen general como a los del régimen agrario, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 52 de la Ley 20.744. La Ley 26.727 de Trabajo Agrario no establece la obligación de libros diferenciados, por lo que rige supletoriamente la LCT en materia de documentación laboral.

Las obligaciones impositivas y previsionales de socios de SRL y accionistas de SA varían según su participación y funciones. Quienes integran la administración (socios gerentes, presidentes o vicepresidentes) deben inscribirse en Ganancias, en IVA como exentos y como autónomos, además de tributar Bienes Personales si superan el mínimo no imponible. Los socios sin funciones ejecutivas ni prestación de servicios solo tributan Ganancias por utilidades y Bienes Personales si corresponde.

Las empresas cuya actividad principal es el transporte pueden computar como pago a cuenta del IVA el 45% del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos discriminado en los tickets factura A por la compra de gasoil destinado a vehículos directamente afectados al servicio, conforme a la Ley 23.966. El crédito no absorbido en un período puede trasladarse a los siguientes, y en el caso del transporte automotor internacional de carga, es posible solicitar su devolución como saldo de libre disponibilidad ante ARCA.

En sociedades, la utilidad obtenida al liquidar aportes en dólares mediante operaciones de dólar CCL se considera un rendimiento financiero gravado por el Impuesto a las Ganancias, dado que surge de la compraventa de títulos valores y no de una simple diferencia de cambio. Este resultado, generado por la diferencia entre la cotización oficial y la obtenida vía CCL, constituye renta de fuente argentina y debe incorporarse al resultado impositivo del ejercicio.