Para determinar el valor impositivo de las existencias finales de mercaderías importadas, se aplica el criterio del artículo 56 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el artículo 136 del decreto reglamentario. El “valor de la última compra” corresponde al costo total de adquisición puesto en condiciones de venta, que incluye el precio facturado por el proveedor del exterior (valor CIF) más los gastos de nacionalización, derechos de importación, tasas, seguros, fletes, almacenaje y cualquier otro costo necesario hasta su ingreso al depósito o punto de venta. 

Cuando una sociedad adquiere un inmueble en cuotas en dólares y solo cuenta con el boleto de compraventa —sin posesión ni escritura—, el bien no se reconoce aún como activo fijo, sino como un crédito o compromiso en moneda extranjera. Según la RT 56 (FACPCE) y la Ley del Impuesto a las Ganancias, las deudas o créditos en moneda extranjera deben valuarse al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio, y las diferencias de cambio que se generen son resultados gravados. 

En la provincia de Buenos Aires, el contrato de comodato por el cual una persona cede gratuitamente el uso de un local comercial, aun sin vínculo familiar entre las partes, puede quedar alcanzado por el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. Según el art. 306 y siguientes del Código Fiscal, el beneficio de usar un inmueble sin pagar alquiler constituye un enriquecimiento patrimonial a título gratuito. El art. 315 inc. 23 fija como base imponible el 5% del valor fiscal del inmueble por cada año de duración del contrato. 

Cuando una Unión Transitoria de Empresas (UTE) finaliza sus operaciones y mantiene un saldo a favor por retenciones de aportes y contribuciones (SUSS) no compensable, puede solicitar su transferencia a las empresas integrantes conforme a la RG 2761/2010 (AFIP). La distribución se realiza según el porcentaje de las remuneraciones declaradas por cada integrante en los tres períodos previos a la solicitud.

En el régimen de trabajadoras de casas particulares, como en el régimen general de contrato de trabajo, los viáticos solo se consideran no remunerativos cuando la empleada presenta comprobantes que respalden los gastos efectuados. Si el empleador abona una suma fija sin exigir rendición, esos montos se consideran remunerativos, integrando la base de cálculo para vacaciones, aguinaldo y demás conceptos. 

La certificación literal de estados contables, regulada por la RT 37 y modificada por la RT 53 de la FACPCE, se limita a constatar que los estados contables fueron transcriptos en los libros obligatorios (Diario o Inventario y Balances) de manera completa y exacta. No supone emitir opinión técnica sobre su razonabilidad ni implica auditoría, por lo que el riesgo profesional es mínimo si se verifica dicha transcripción. El contador solo debe firmar la certificación emitida y no las hojas del balance incluidas en los libros, dado que su responsabilidad se acota a esa constatación formal.

La normativa permite rectificar el certificado PyME para adherir al beneficio del pago diferido del IVA en cualquier momento, conforme al art. 20 de la RG 4010/17, con efectos desde el primer día del mes de aprobación. El trámite se realiza a través del servicio web de ARCA “PyME Solicitud de categorización y/o Beneficios”, rectificando el certificado vigente y seleccionando la opción de IVA diferido. 

La Ley 25.321 permite a los trabajadores que ya reúnen los 30 años de aportes necesarios para jubilarse, con servicios en relación de dependencia u otros válidos, renunciar a los períodos impagos como autónomos. Esa renuncia extingue la deuda, aunque los períodos no se computan para la jubilación. Por otra parte, la Ley 14.236 (art. 16) dispone que las obligaciones previsionales prescriben a los diez años, siempre que en ese plazo ARCA (antes AFIP) no haya iniciado acciones de cobro ni el contribuyente haya interrumpido la prescripción mediante pagos o reconocimientos. 

Las vacaciones son un derecho irrenunciable y obligatorio según la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 156 y 162), cuyo fin es garantizar el descanso del trabajador. Por ello, en principio, no deberían ser reemplazadas por trabajo ni compensación económica, salvo en caso de extinción del contrato.

Con la reforma introducida por el DNU 70/2023 (art. 311), los trabajadores ya no están obligados a permanecer un año en la obra social sindical de su actividad, como establecía el Decreto 438/2021. Ahora, desde el inicio de la relación laboral pueden elegir libremente a qué obra social derivar sus aportes dentro del régimen de la Ley 23.661. Sin embargo, una vez ejercida la opción, rige un plazo mínimo de permanencia de doce meses fijado por la Superintendencia de Servicios de Salud (Res. 201/2024), luego del cual se puede volver a cambiar de obra social.

La ausencia de talonario de resguardo constituye un incumplimiento formal según la Ley 11.683 y la normativa de ARCA sobre comprobantes. Las multas previstas van desde $150 hasta $2.500 en casos leves, pero si se verifica la falta de documentación que respalde operaciones comerciales, pueden llegar hasta $45.000 e incluso aplicarse la clausura de 2 a 6 días (art. 40 de la Ley 11.683). La graduación depende de la gravedad, reincidencia y magnitud del negocio, aunque en la práctica los pequeños contribuyentes suelen enfrentar sanciones en el tramo bajo o medio, salvo que se detecte infracción en un operativo de control.

De acuerdo con la Ley 24.241, los aportes y contribuciones previsionales al SIPA y al INSSJP se vuelven obligatorios desde el mes calendario en el que el trabajador cumple 18 años, sin importar el día exacto del cumpleaños. En consecuencia, si el empleado alcanza la mayoría de edad el 27 de septiembre, corresponde liquidar aportes y contribuciones por todo el mes de septiembre, además de los demás conceptos habituales de seguridad social.

La venta de cuotas sociales de una SRL realizada por una persona humana está gravada por el Impuesto a las Ganancias – impuesto cedular, con una alícuota fija del 15 % sobre la ganancia neta. Esta se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición: si las cuotas fueron compradas desde el 1/1/2018, el costo puede actualizarse por IPC; si fueron adquiridas antes de esa fecha, debe mantenerse a valor histórico. Además, la cesión debe instrumentarse en escritura pública y puede estar alcanzada por el Impuesto de Sellos, cuya aplicación depende de la normativa provincial, siendo el escribano quien debe retenerlo en caso de corresponder.

La deducción por hijo puede computarse en forma compartida al 50 % por ambos progenitores, siempre que ambos tengan ganancias imponibles, o bien al 100 % por uno solo, según lo dispuesto por el art. 101 del decreto reglamentario. En cambio, los gastos educativos y las cuotas de medicina prepaga constituyen deducciones generales que solo puede computar el progenitor que figure en la factura y que efectivamente haya pagado el gasto.

Para emitir remitos digitales a través de web services se debe habilitar un punto de venta exclusivo desde el servicio con Clave Fiscal de ARCA, seleccionando la opción “RECE para aplicativo y web services”. Posteriormente, corresponde gestionar el Código de Autorización de Impresión (CAI) para ese punto de venta, ya que debe figurar en todos los remitos, incluso en formato digital.

Cuando un contribuyente da la baja en Monotributo al 31/08/2025 y se inscribe en IVA desde el 01/09/2025, puede computar como crédito fiscal el impuesto facturado en los 12 meses previos a la fecha en que la renuncia surtió efecto. Según la RG 5003/2021, ello implica el período septiembre 2024 a agosto 2025, inclusive.

Para que un contribuyente sea dado de baja de la Base de Contribuyentes No Confiables (Base Apoc), debe iniciar una Presentación Digital bajo el trámite “Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial”. Se requiere acompañar documentación que pruebe la existencia y actividad real de la persona o sociedad (estatutos, habilitaciones, declaraciones juradas, contratos, etc.).

En la provincia de Santa Fe, las retenciones y percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos pueden consultarse mediante el sistema COPRIB Web, regulado por la RG API 8/2011. El acceso se realiza desde la página de ARCA, ingresando con CUIT y clave fiscal y habilitando el servicio “API – Santa Fe – COPRIB” en el administrador de relaciones.

Cuando una SRL entrega un vehículo a un socio que se retira, la operación se equipara fiscalmente a una enajenación. La sociedad debe facturar el rodado al socio como si se tratara de una venta, aplicando el IVA al valor de transferencia. Para el socio saliente, el vehículo recibido constituye la contraprestación por sus cuotas sociales: el hecho imponible se determina en el marco del impuesto cedular a la renta financiera, gravando con el 15% la ganancia resultante de comparar el valor actualizado de adquisición de las participaciones con el valor del bien recibido.

Cuando una trabajadora presta servicios en forma estable todos los domingos y feriados, lo adecuado es registrarla como empleada permanente a tiempo parcial conforme al art. 92 ter de la LCT, con salarios y aportes proporcionales a la jornada convenida. En cambio, si su prestación se limita a reemplazos esporádicos o necesidades transitorias, corresponde utilizar la modalidad de contrato eventual prevista en el art. 99 LCT, documentando siempre la causa objetiva que justifique la contratación.

En la liquidación final de un contrato a plazo fijo corresponde abonar las remuneraciones pendientes, el proporcional de sueldo anual complementario y las vacaciones proporcionales no gozadas. Si el contrato tuvo una duración menor a un año y se extingue al vencimiento con preaviso, no corresponde indemnización. En cambio, si la duración fue igual o mayor a un año, se aplica la indemnización reducida del art. 247 LCT (la mitad de la prevista en el art. 245). Si el empleador no preavisa, debe abonarse la indemnización sustitutiva de un mes, y si la ruptura es anticipada, se deben reconocer los salarios que hubieran correspondido hasta el vencimiento pactado.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la prórroga o renovación de un contrato a plazo fijo solo es válida si existe una causa objetiva y comprobable que justifique la transitoriedad. En caso contrario, la relación se presume como contrato por tiempo indeterminado desde su inicio (art. 90 LCT).

Según la RG 830, Anexo III, inciso i), los importes facturados por agencias de viajes y turismo en concepto de pasajes no están sujetos a retención de Ganancias siempre que se encuentren discriminados en la factura. Sin embargo, otros conceptos incluidos en la misma factura, como comisiones, honorarios por servicios de organización o paquetes turísticos propios, no gozan de esta exclusión, por lo que sobre dichos montos sí corresponde aplicar la retención.

Las facturas de servicios de telefonía, internet y comunicaciones móviles se encuentran expresamente excluidas del régimen de retención de Ganancias establecido por la RG 830. El Anexo III, inciso d), dispone que no corresponde practicar retención cuando se trata de pagos efectuados a empresas prestadoras de servicios públicos o de comunicaciones móviles por el desarrollo de su actividad específica.

La venta de frutas, hortalizas y legumbres frescas, refrigeradas o congeladas tributa IVA al 10,5%, de acuerdo con el art. 28 de la Ley de IVA. Esta alícuota reducida aplica siempre que los productos no hayan pasado por procesos de cocción o elaboración que los conviertan en preparados. En cambio, para otros artículos no alcanzados por la reducción —como alimentos envasados, elaborados o distintos a frutas y verduras frescas— corresponde la alícuota general del 21%.

En la provincia de Santa Fe, el artículo 213 inciso ñ) del Código Fiscal prevé la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos para las actividades industriales, bajo ciertas condiciones de ingresos. La noción de “actividad industrial” debe interpretarse conforme al Decreto 3856/1979, que define como tales a las empresas que realizan procesos de transformación física, química o fisicoquímica de materias primas en nuevos productos, mediante técnicas de producción estandarizadas, maquinaria y repetición de operaciones en instalaciones fijas.

De acuerdo con el artículo 18 de la LCT, cuando un trabajador renuncia y luego es recontratado por el mismo empleador, la antigüedad se acumula, sumando los períodos trabajados en cada vínculo, sin importar la causa de la interrupción. En el ejemplo planteado (alta en enero 2024, renuncia en diciembre 2024 y nuevo ingreso en agosto 2025), corresponde reconocer 1 año de antigüedad más el tiempo del nuevo contrato. En el alta temprana, se informa siempre la fecha de reingreso (agosto 2025 en este caso), mientras que el cómputo de la antigüedad acumulada se aplica para beneficios laborales como vacaciones, preaviso, indemnizaciones y adicionales. La categoría laboral puede modificarse, salvo disposición expresa de convenio o acuerdo entre las partes.

El artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo permite anticipar hasta el 50% de la remuneración mensual, sin que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) funcione como límite adicional. La interpretación mayoritaria entiende que el tope del 50% se calcula sobre el sueldo bruto, ya que el neto depende de retenciones posteriores. No obstante, parte de la doctrina sugiere verificar que el anticipo no supere la mitad aproximada del neto, en resguardo de la intangibilidad salarial. Los anticipos deben documentarse en recibos formales, registrarse en el Libro de Sueldos, abonarse por medios habilitados y descontarse de la liquidación final del período, asegurando así la trazabilidad y correcta imputación.

Los gastos en que incurre una empresa por congresos, conferencias y viajes de negocios, incluidos los reintegros a empleados, son deducibles en el Impuesto a las Ganancias como gastos de representación (art. 91 inc. h) LIG), siempre que se vinculen directamente con la obtención o conservación de ganancias gravadas. La deducción tiene un tope del 1,5% de las remuneraciones pagadas al personal en relación de dependencia (sin contar gratificaciones extraordinarias).

Los contribuyentes de minimercados pueden inscribirse en el Registro de Sujetos No Alcanzados – Productos de Consumo Masivo (RG 5329/2023) para evitar percepciones de IVA. Si el alta definitiva es rechazada o dada de baja, corresponde utilizar los mecanismos previstos en la norma: reconsideración dentro de los 7 días corridos y, en caso de nuevo rechazo, presentación de disconformidad dentro de los 15 días, adjuntando documentación que acredite la realidad económica. Si se acredita la procedencia, ARCA restituirá la caracterización 555 con vigencia desde el mes siguiente a la notificación.