La enseñanza primaria y secundaria en colegios privados incorporados a la enseñanza oficial está exenta de IVA según la Ley del impuesto. Sin embargo, los cursos extracurriculares de inglés solo quedarían exentos si se limitan estrictamente a los contenidos previstos en los planes oficiales de estudio. En caso de tratarse de programas propios, con certificaciones o contenidos distintos a los oficiales, la actividad se considera gravada y alcanzada por la alícuota general de IVA.

Los pagos que realiza una sociedad por el alquiler de la vivienda particular y de automóviles de sus directores no son deducibles como gastos propios de la actividad, ya que constituyen erogaciones de carácter personal (arts. 91 y 92 LIG). Sin embargo, pueden tratarse como beneficios en especie otorgados a los directores, en tanto constituyen compensaciones susceptibles de valoración en dinero (art. 82 LIG y art. 177 DR). En tal carácter, son deducibles como retribuciones siempre que se registren formalmente como remuneración en especie y se encuentren alcanzadas por Ganancias en cabeza del beneficiario.

El artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo regula los adelantos de remuneraciones, permitiendo anticipar hasta el 50% del sueldo del período (y excepcionalmente más, ante casos graves). En cambio, el artículo 133 establece el límite general del 20% para deducciones, retenciones o compensaciones sobre haberes ya devengados, como garantía de intangibilidad salarial. La propia redacción del art. 133 (“salvo lo dispuesto en el artículo 130”) aclara que su tope no aplica a adelantos de sueldos. En consecuencia, al otorgar anticipos, corresponde aplicar el art. 130 directamente, sin superponer el límite del 20% del art. 133.

Cuando un automóvil fue declarado en Ganancias como 100% afectado a la actividad y se dedujeron amortizaciones, su venta debe facturarse con IVA al 21% sobre el total del precio de enajenación, aun cuando en Bienes Personales se hubiera declarado como parcialmente afectado. La proporción utilizada en Bienes Personales no altera el encuadre fiscal, ya que en Ganancias quedó reconocido como bien de uso de la actividad. En consecuencia, la omisión de facturar la venta o de ingresar el débito fiscal expone a un alto riesgo de impugnación por parte de ARCA, al existir una clara trazabilidad entre la afectación declarada y el aprovechamiento de deducciones previas.

Cuando un inmueble adquirido por el presidente de una SA nunca fue formalmente transferido a la sociedad por falta de escritura traslativa, la titularidad dominial sigue residiendo en la persona física. En este marco, la alternativa más consistente es que la venta se instrumente en cabeza del presidente, dejando la sociedad constancia en acta de que el aporte no se perfeccionó, dando de baja el bien de uso y documentando un comodato que justifique la explotación y los arrendamientos facturados. De esta forma, el inmueble se incorpora a las DDJJ del presidente, quien reflejará el resultado de la enajenación y la entrada de fondos.

La exclusión de un trabajador de un convenio colectivo no puede basarse únicamente en su consentimiento, ya que el encuadramiento está determinado por el ámbito personal de aplicación del CCT y por las tareas efectivamente desarrolladas, tratándose de normas de orden público. Solo pueden quedar fuera de convenio los empleados jerárquicos o de conducción (jefes, gerentes, directores) o aquellos expresamente exceptuados por el CCT.

Según la Resolución Normativa (ARBA) 52/2020 los saldos a favor de Ingresos Brutos pueden compensarse con deudas en carácter de agente de retención o percepción del mismo impuesto, siempre que coincidan la CUIT, el régimen y la actividad. La imputación se realiza primero sobre las deudas no prescriptas más antiguas, y en caso de igualdad de antigüedad, sobre las de mayor monto.

El rechazo en la presentación del Libro de Sueldos Digital ocurre porque en el Sistema Registral – Jurisdicción Laboral sigue figurando la provincia original como activa, aunque el domicilio de explotación ya esté declarado en CABA. Para corregirlo, debe ingresarse con clave fiscal al servicio “Simplificación Registral” → “Jurisdicción Controlador Doc. Laboral”.

Cuando un fiduciante originario recibe en adjudicación una unidad cuyo valor de mercado supera al de sus aportes, la entonces AFIP —según criterios de Enlace con el CPCECABA (2006 y 2007)— interpreta que el resultado se mide por los aportes efectivamente realizados y no por el valor de plaza de la unidad. En Impuesto a las Ganancias, el costo atribuible al fiduciante-beneficiario es el monto de sus aportes, sin reconocer diferencia por mayor valor de adjudicación. En IVA, el hecho imponible se configura con la entrega de la posesión o la escritura, y la base imponible también se determina por los aportes.

En el régimen de la Ley 26.727, la indemnización por antigüedad sigue las pautas de la LCT pero con un piso mínimo de dos sueldos (art. 22). Una gratificación anual voluntaria de carácter remuneratorio debe incorporarse a la base indemnizatoria cuando se abona en forma reiterada, ya que adquiere el carácter de habitual y regular; la forma de hacerlo es prorrateando su importe en doceavos. Para la indemnización por antigüedad se aplica la mejor remuneración mensual normal y habitual de los últimos 12 meses, incluyendo el prorrateo de la gratificación. En cambio, para la indemnización sustitutiva del preaviso, corresponde calcularla sobre un promedio representativo de las remuneraciones normales y habituales, a fin de reflejar lo que el trabajador hubiera percibido en ese período.

Cuando una persona trabaja bajo relación de dependencia y, en paralelo, desarrolla una actividad independiente inscripta en IVA como responsable inscripto, corresponde su inscripción en el régimen de autónomos, ya que cada actividad genera obligaciones previsionales propias.

El responsable inscripto que recibe comprobantes de sus proveedores debe verificar su validez para resguardar la deducción de gastos y el cómputo del crédito fiscal de IVA. Conforme a la Ley 11.683, el Decreto 477/1997 y la RG 100/1998, corresponde constatar que el emisor tenga CUIT activo y correcta categorización, que el comprobante cuente con CAE, CAI o CAEA autorizado y que no figure en la base de facturas apócrifas publicada por ARCA. También deben controlarse los datos esenciales del comprobante (denominación, numeración, domicilio, fecha, importe).

Los días en que el trabajador se encuentra de licencia por enfermedad inculpable se computan para el cálculo del sueldo anual complementario (SAC). Esto se debe a que, conforme al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, durante la licencia el empleado mantiene su remuneración habitual, lo que equivale a tiempo efectivamente trabajado a los fines del cálculo del aguinaldo.

Cuando una persona física o jurídica se dedica profesionalmente a otorgar préstamos de dinero fuera del sistema financiero formal, los intereses cobrados constituyen una prestación alcanzada por el IVA a la alícuota general del 21%. La normativa solo reconoce tratamientos diferenciales para entidades reguladas por la Ley de Entidades Financieras o para operaciones expresamente exentas, como los créditos hipotecarios destinados a vivienda.

Quienes solo perciben ingresos por trabajo en relación de dependencia no están obligados a presentar declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias, siempre que las retenciones practicadas por el empleador cubran íntegramente el tributo. La obligación aparece únicamente si ARCA requiere expresamente la presentación, o si existen otros ingresos alcanzados que no hubieran sido objeto de retención.

Al solicitar la baja como empleador en el Sistema Registral, queda inhabilitado el acceso al servicio “Simplificación Registral – Empleadores”, lo que impide generar los certificados del art. 80 de la Ley 20.744. Según la RG (AFIP) 2322/2007 y las consultas frecuentes publicadas por ARCA, una vez producida la baja definitiva, la única alternativa práctica para emitir los certificados pendientes es reingresar al servicio de simplificación registral y volver a cargar la fecha de inicio como empleador, sin dar de alta nuevamente el impuesto “301 – Reg. Seg. Social Empleador”, de modo de habilitar el sistema sin generar obligaciones adicionales.

La Ley de Impuesto a las Ganancias permite diferir la gravabilidad de la utilidad generada en la venta de bienes de uso cuando el producido se reinvierte, dentro del plazo de un año, en la adquisición de otro bien de uso de similares características. En el caso de una empresa que vende un campo y lo reemplaza por terrenos destinados al mismo fin, la operatoria puede encuadrar en el régimen de venta y reemplazo, siempre que ambos inmuebles estén afectados a la explotación y no a la comercialización, que el campo vendido haya sido bien de uso durante al menos dos años y que la opción se comunique a la AFIP/ARCA antes del vencimiento de la declaración jurada del período.

Los monotributistas pueden seguir facturando servicios al exterior mediante Factura E y cobrar en dólares, siempre que no superen el tope de USD 36.000 anuales establecido por la normativa cambiaria vigente (Com. BCRA “A” 8153/2024). Dentro de ese límite, los fondos pueden acreditarse en cuentas locales sin obligación de liquidarlos a pesos, con plazo de ingreso de hasta 20 días hábiles desde el cobro. 

El régimen de autoimpresores, regulado por la RG (AFIP) 100/1998 y sus modificatorias —en particular la RG 3665/2014—, exige determinados parámetros de facturación y cantidad de comprobantes emitidos para la inscripción. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de solicitar la inscripción por excepción cuando esos parámetros no se alcanzan. En tal caso, el contribuyente debe gestionar el trámite a través del servicio “Regímenes de Facturación y Registración” con clave fiscal, detallando actividad, montos de operaciones y cantidad de comprobantes emitidos en los últimos doce períodos.

Se puede tramitar la cancelación retroactiva mediante el servicio “Presentaciones Digitales” con clave fiscal, seleccionando el motivo “Baja retroactiva de impuestos y/o regímenes”. Debe adjuntar la constancia de baja de matrícula profesional y, de corresponder, la baja en el registro de empleadores, manifestando expresamente que no hubo actividad ni facturación posterior al cese.

El trámite de “voluntad de permanencia en obra social” aplica únicamente a quienes contrataron un plan de medicina prepaga y desean mantener su cobertura en la obra social de origen, evitando la derivación automática de aportes a la prepaga según lo dispuesto por la Resolución 1/2025 y la Resolución 1608/2025. Quienes no poseen prepaga no deben realizar gestión alguna, ya que sus aportes continúan en la obra social declarada, aunque en la práctica no se haya concretado el alta.

En una sociedad conformada por dos socios, con participaciones del 80% y 20% como director titular y suplente respectivamente, no corresponde la inscripción de los mismos en el Impuesto a las Ganancias mientras no existan rentas personales gravadas. De acuerdo con el Decreto Reglamentario de la LIG y la RG (AFIP) 5692/2025, la obligación de inscribirse y presentar declaración jurada surge recién cuando se perciben ingresos como honorarios de director, sueldos, dividendos u otras rentas alcanzadas. 

Un gerente de SRL inscripto como autónomo y en ganancias puede adherirse al Monotributo únicamente por la actividad de locación de inmuebles, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la RG (AFIP) 4309/2018 y su modificatoria RG 5545/2024: tener hasta dos inmuebles alquilados y registrar los contratos en el servicio RELI. La normativa permite que el contribuyente mantenga su condición de responsable inscripto por su rol societario y, en paralelo, se encuadre como monotributista para facturar los alquileres.

Para trabajadoras de casas particulares con jornada menor a 12 horas semanales, tanto la Asignación por Embarazo como la Asignación por Maternidad son prestaciones a cargo exclusivo de ANSES, sin que el empleador deba abonar ninguna parte de estas sumas. Durante la licencia por maternidad (45 días antes y 45 después del parto, o 30 y 60 según la opción de la trabajadora), el empleador solo concede la licencia sin pagar salario, ya que la remuneración es reemplazada íntegramente por ANSES.

La actividad de los productores asesores de seguros se encuentra alcanzada por el régimen general del artículo 2° del Convenio Multilateral, ya que se trata de una actividad de intermediación mediante la cual perciben comisiones, sin asumir riesgos propios ni emitir pólizas. La Comisión Plenaria, en su Resolución 25/2019, aclaró que estos sujetos no pueden encuadrarse en el régimen especial del artículo 7°, reservado para aseguradoras, entidades financieras y otras actividades específicas. 

Las facturas “E” emitidas a Tierra del Fuego no se equiparan a exportaciones al exterior a los efectos de Ingresos Brutos. Si bien la Ley 19.640 establece beneficios impositivos a nivel nacional, no los extiende automáticamente a tributos provinciales o locales. Por ello, los Códigos Fiscales consideran las ventas a Tierra del Fuego como operaciones gravadas dentro del territorio nacional, no exentas de IIBB. 

Cuando un monotributista percibe importes en concepto de gastos por cuenta y orden de terceros, el tratamiento depende de a nombre de quién estén emitidos los comprobantes. Si el gasto figura a nombre del monotributista, debe incluirse en su factura junto con los honorarios, señalando en un ítem diferenciado que se trata de un reintegro de gastos; sin embargo, estos montos igualmente computan como ingresos propios a efectos del régimen. En cambio, si el comprobante del gasto se emite a nombre del cliente, no corresponde incorporarlo en la factura del monotributista, sino rendirlo mediante una liquidación o documento no fiscal, emitiendo factura únicamente por los honorarios profesionales.

La deducción del 40% de los alquileres (art. 85 inc. h LIG) no procede si el contribuyente es titular, aun parcialmente, de un inmueble, por lo que en este caso queda descartada. Sin embargo, la deducción del 10% (art. 85 inc. k LIG) no exige esa condición, de modo que puede computarse siempre que se cumplan los requisitos formales. Para que la deducción sea válida, el contrato debe estar declarado en el RELI conforme la RG 5545/2024, trámite que puede efectuar tanto el locador como el locatario.

La normativa (RG AFIP 100/98 y modificatorias) permite a los contribuyentes inscribirse como autoimpresores únicamente para ciertos comprobantes, por ejemplo los remitos, mientras que las facturas pueden seguir emitiéndose mediante controlador fiscal, factura electrónica o impresora fiscal. Para acceder al régimen, se deben cumplir condiciones de capacidad operativa y de cumplimiento fiscal.

Los bonos AL30 deben registrarse inicialmente al costo de adquisición en moneda extranjera, incluyendo gastos asociados. A medida que se cobran amortizaciones de capital, se reduce el valor contable del título en la proporción correspondiente, mientras que los intereses devengados se reconocen como resultado financiero. En el cierre del ejercicio, la valuación se efectúa al costo amortizado según RT 17 y RT 41, es decir, partiendo del valor de compra, ajustado por los intereses devengados según la TIR y deduciendo las amortizaciones ya percibidas. Como se trata de títulos en dólares, la medición se realiza en la moneda de origen y luego se convierte a pesos al tipo de cambio oficial de la fecha de cierre.