La prórroga dispuesta por la Resolución General (ARCA) 5876/2026 separó el vencimiento para el pago del Impuesto a las Ganancias 2025 de la fecha prevista para presentar la declaración jurada. Esta situación obliga a los contribuyentes a ingresar el saldo sobre la base de una liquidación todavía no presentada y genera incertidumbre cuando posteriormente surge una diferencia a favor de ARCA.

La separación entre las fechas de pago y presentación del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025 abrió un nuevo interrogante para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada: qué sucede si el importe abonado al vencimiento resulta inferior al saldo que finalmente arroja la declaración jurada.

La Resolución General (ARCA) 5876/2026 mantuvo el 27 de julio de 2026 como vencimiento para el pago, mientras que prorrogó hasta el 27 de agosto la presentación de la declaración jurada. De este modo, el contribuyente debe cancelar el impuesto antes de exteriorizar formalmente su determinación y puede verse obligado a calcular el importe sobre la base de papeles de trabajo todavía sujetos a revisión.

La cuestión resulta relevante porque el Régimen de Declaración Jurada Simplificada reconoce beneficios específicos, entre ellos el efecto liberatorio del pago establecido en el artículo 39 de la Ley 27.799 y la presunción de exactitud regulada en el artículo 40. Estos efectos no deben confundirse con la reducción del plazo de prescripción a tres años, que posee requisitos propios.

El artículo 8° del Anexo del Decreto 93/2026 establece que el requisito de pago en término se cumple cuando el impuesto resultante de la determinación simplificada es cancelado en su totalidad dentro del vencimiento o incorporado oportunamente a un plan de facilidades. Desde una interpretación estricta, si el saldo definitivo supera el monto abonado inicialmente, la diferencia no habría sido ingresada en término.

En ese supuesto, el artículo 14 del decreto adquiere especial importancia. La disposición prevé que la falta de presentación o de pago en término priva al contribuyente de los efectos contemplados en los artículos 39 y 40 de la Ley 27.799. Por lo tanto, no resultaría jurídicamente suficiente sostener que el incumplimiento temporal solo provoca la pérdida de la prescripción reducida.

La interpretación más restrictiva considera que la totalidad del impuesto correcto debe estar cancelada al 27 de julio. Según este criterio, el posterior ingreso de la diferencia con intereses resarcitorios extinguiría la deuda, pero no modificaría el hecho de que una parte del gravamen fue abonada después del vencimiento. En consecuencia, podrían perderse tanto el efecto liberatorio como la presunción de exactitud.

La situación podría ser diferente cuando el contribuyente presenta y paga antes del vencimiento una declaración jurada confeccionada de buena fe y posteriormente detecta un error. El artículo 12 del Anexo del Decreto 93/2026 permite presentar una declaración rectificativa espontánea antes de la notificación de una orden de intervención y establece que la diferencia entre la declaración original y la rectificativa no debe computarse para determinar la existencia de una discrepancia significativa.

Esta disposición permite sostener una interpretación más favorable. Si la declaración original fue presentada en término y su saldo fue íntegramente cancelado, la posterior rectificación espontánea y el ingreso inmediato de la diferencia con intereses podrían no ocasionar automáticamente la pérdida de los beneficios.

La posición encuentra fundamento en la finalidad del artículo 12, orientado a permitir la subsanación voluntaria de errores antes del inicio de una fiscalización. También puede argumentarse que considerar perdida toda protección frente a cualquier diferencia posterior reduciría sustancialmente la eficacia práctica del mecanismo de rectificación espontánea.

Sin embargo, la norma no dispone expresamente que el importe adicional resultante de la rectificativa se considere pagado en término. El artículo 12 neutraliza la diferencia para evaluar la discrepancia significativa, pero no contiene una regla específica que modifique el vencimiento del impuesto ni que recomponga expresamente los beneficios ante un pago posterior.

Por ese motivo, debe distinguirse entre efectuar un pago estimado sin presentar la declaración jurada y presentar una declaración jurada original antes del vencimiento, pagar íntegramente su saldo y luego rectificarla. En el primer supuesto no existe una DJ presentada en término que pueda ser subsanada bajo el artículo 12. La primera declaración jurada exteriorizaría directamente un impuesto superior al monto abonado, dejando una diferencia impaga al vencimiento.

En cambio, cuando existe una DJ original presentada y pagada en término, la rectificativa espontánea ofrece un fundamento normativo concreto para defender la continuidad de los beneficios, aunque subsista una contingencia interpretativa respecto del momento en que se cancela la diferencia.

La presentación anticipada tampoco debería utilizarse para exteriorizar deliberadamente una declaración incompleta. El mecanismo de subsanación presupone un error u omisión genuinamente detectado con posterioridad. Si el contribuyente conoce de antemano la existencia de ingresos pendientes, deducciones sin verificar o información sustancial faltante, podría discutirse la buena fe de la declaración original.

Desde una perspectiva preventiva, la alternativa de menor riesgo consiste en finalizar la liquidación y cancelar íntegramente el impuesto correcto dentro del vencimiento. Cuando ello no sea posible, presentar y pagar una declaración completa según la información razonablemente disponible brinda una posición jurídica más sólida que limitarse a realizar un pago estimado y postergar la presentación.

Si posteriormente se detecta un error, la rectificación debería efectuarse inmediatamente, antes de que ARCA impugne la DJ presentada y libre orden de intervención, con el ingreso simultáneo de la diferencia y de los intereses resarcitorios. Esta conducta permite invocar el artículo 12 y acreditar una regularización espontánea, aunque no garantiza de manera absoluta que ARCA considere preservados el efecto liberatorio y la presunción de exactitud.

Hasta que el organismo emita una aclaración específica, continuará existiendo una zona de incertidumbre normativa. La interpretación estricta exige que el impuesto definitivo se encuentre íntegramente cancelado al vencimiento, mientras que una posición sistemática permite defender los beneficios cuando hubo una declaración original presentada y pagada de buena fe y una rectificación espontánea anterior a cualquier fiscalización.