La Ley de Contrato de Trabajo no reconoce un derecho automático a reducir la jornada por motivos personales tras la licencia por maternidad. Solo prevé la reincorporación, la rescisión con compensación o el pedido de excedencia sin goce de haberes (arts. 183 a 186 LCT).

Los hoteles y restaurantes pueden emitir factura tipo “A” a nombre y CUIT de la empresa que contrata el servicio, sin necesidad de presentar el antiguo Formulario 8001, eliminado por la RG 4520. No obstante, el IVA incluido en esos comprobantes no sería computable como crédito fiscal, ya que la ley presume que los servicios de alojamiento y gastronomía no guardan relación directa con operaciones gravadas.

Las ventas de productos desde el territorio continental (como CABA) hacia Tierra del Fuego se consideran exportaciones según la Ley 19.640, por lo que deben documentarse con factura tipo “E”. Estas operaciones no llevan IVA, ya que se efectúan hacia el Área Aduanera Especial.

La baja de oficio prevista por el Decreto 1299/98 se aplica cuando el contribuyente no presenta declaraciones juradas durante tres períodos anuales o treinta y seis mensuales consecutivos. En estos casos, la baja rige desde el período siguiente al incumplimiento. Para verificar qué debe regularizar, la contribuyente debe ingresar al “Sistema Registral” de ARCA y consultar en “Consultas / Motivos de Baja”.

Cuando un inmueble pertenece a varios condóminos, el condominio debe contar con un CUIT propio —aunque no tribute impuestos— para identificar la relación entre sus integrantes. Cada condómino declara su parte proporcional del alquiler, pudiendo adherir individualmente al Monotributo o tributar en el régimen general según corresponda. El CUIT del condominio se gestiona conforme a la RG 1032/2001 mediante el Formulario 460/J, consignando como forma jurídica el código 241 “Condominio” y presentando la escritura o contrato del inmueble junto con la constancia de domicilio fiscal. El trámite se realiza en el servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas” de ARCA.

La documentación contable y fiscal debe conservarse por al menos diez años desde su fecha de emisión o del último asiento, según el artículo 328 del Código Civil y Comercial de la Nación. Puede mantenerse en soporte digital solo si la empresa obtiene autorización previa del Registro Público (IGJ u organismo competente) conforme al artículo 329, mediante un trámite que requiere descripción técnica del sistema, dictamen de contador y transcripción de la resolución de autorización en los libros societarios. En materia impositiva, la Ley 11.683 y el Decreto 1397/79 también exigen conservar la documentación por diez años, ya que se suman los cinco años de prescripción más cinco adicionales.

Cuando una empleada de casas particulares trabaja menos de 12 horas semanales, tanto la Asignación por Embarazo como la Asignación por Maternidad son abonadas íntegramente por ANSES, sin participación del empleador. Durante la licencia por maternidad —que se extiende por 90 días, distribuidos 45 antes y 45 después del parto, o 30 y 60 según la opción de la trabajadora—, el empleador solo otorga la licencia, pero no paga salario ni parte alguna de la asignación. La trabajadora debe gestionar el beneficio ante ANSES con el formulario PS 2.75, acreditando el embarazo y su relación laboral registrada. Si presenta la solicitud después del parto, ANSES puede reconocer el beneficio retroactivamente siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el trabajador con licencia por enfermedad con más de cinco años de antigüedad conserva su remuneración durante seis meses, y por doce meses si acredita cargas de familia. Aunque la ley no define el concepto, la interpretación más aceptada lo vincula con quienes generan derecho a asignaciones familiares o cobertura de obra social: cónyuge, conviviente e hijos hasta 18 años (o hasta 21 si estudian y dependen económicamente), y sin límite de edad si están incapacitados. 

El artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, vencido el plazo de licencia paga por enfermedad o accidente inculpable, el empleador debe conservar el puesto de trabajo durante un año más, sin obligación de pagar remuneraciones. Si el trabajador recibe el alta con una incapacidad parcial y permanente, el empleador debe reasignarle tareas compatibles sin reducir su salario; si no puede hacerlo, abona la indemnización reducida del artículo 247 LCT.

Las inasistencias injustificadas no generan automáticamente una causal de despido con justa causa. Para que constituyan injuria laboral conforme al artículo 242 de la LCT, deben ser de tal gravedad que impidan la continuidad del vínculo. En los casos de abandono de trabajo (artículo 244), el empleador debe intimar previamente al trabajador mediante carta documento a presentarse o justificar sus ausencias dentro de un plazo de dos días, bajo apercibimiento de considerarlo despedido por abandono. Si el trabajador no responde ni se reincorpora, el despido será válido sin derecho a indemnización. No existe un número fijo de inasistencias: la valoración depende de la reiteración, falta de aviso y actitud del trabajador frente a la intimación.

Las pensiones graciables están alcanzadas por el impuesto a las ganancias cuando derivan del trabajo personal del beneficiario. El artículo 82 inciso c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias incluye las jubilaciones, pensiones y retiros como rentas de cuarta categoría siempre que tengan origen laboral. Según el dictamen DiALIR 7/08, este criterio también comprende las pensiones graciables otorgadas por el Congreso bajo el artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional.

El archivo .txt del Formulario 1359 solo debe generarse y presentarse en las liquidaciones finales, anuales o informativas de aquellos empleados que hayan estado alcanzados por retenciones del Impuesto a las Ganancias en el ejercicio fiscal. Según la Resolución General 4003 (ARCA, ex AFIP), el empleador solo está obligado a confeccionar la liquidación cuando el trabajador fue pasible de retenciones.

El trabajo eventual se regula por los artículos 99 y 100 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y los artículos 68 a 74 de la Ley 24.013. Esta modalidad aplica cuando se cubren necesidades extraordinarias o transitorias —como la contratación de personal para eventos o ferias— y debe formalizarse por escrito, indicando la causa específica de la eventualidad. Las cargas sociales y el encuadre sindical son iguales a los de cualquier relación laboral: se deben efectuar los aportes y contribuciones completos a la seguridad social y encuadrar al trabajador bajo el convenio colectivo y obra social de la actividad donde presta servicios. Si la contratación se realiza por intermedio de una empresa de servicios eventuales habilitada, el empleador usuario responde solidariamente por las obligaciones laborales y previsionales (art. 29 bis LCT).

La exclusión del monotributo opera automáticamente desde el momento en que se verifica la causal —por ejemplo, superar el límite de ingresos—, sin necesidad de notificación previa de ARCA. El contribuyente debe gestionar de inmediato la baja en el monotributo y las altas en IVA, Ganancias y Autónomos. Sigue vigente el Procedimiento Permanente de Transición al Régimen General, que reemplaza al antiguo “puente” y otorga beneficios: cómputo del IVA de los últimos 12 meses como crédito fiscal, deducción en Ganancias del IVA neto de ese mismo período y reducción progresiva del saldo deudor en IVA durante tres años. 

La obligación de aportar a la obra social como jornada completa depende del monto de la remuneración. El artículo 18 de la Ley 23.660 establece que, en principio, los aportes y contribuciones se determinan sobre una base mínima equivalente a la jornada completa solo si el salario supera la base imponible mínima fijada por ANSES. Si el trabajador gana menos de ese umbral, puede optar por mantener la cobertura abonando la diferencia (Decreto 330/2010); de lo contrario, no se realizan aportes ni contribuciones. En los casos de ausencias o licencias sin goce, los aportes se calculan sobre la remuneración efectivamente devengada.

El empleador no puede requerir que el trabajador firme el recibo de haberes antes de realizar el pago del salario. El artículo 60 de la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe la firma en blanco, y los artículos 138 a 142 establecen que el recibo tiene como función acreditar un pago ya efectuado. Por ello, la firma del empleado solo es válida cuando refleja un pago real y concreto. Si el empleador exige la firma previa, incurre en una práctica irregular, ya que el documento perdería su valor probatorio al no corresponderse con una remuneración efectivamente abonada. 

Las personas jurídicas comprendidas en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias pueden trasladar los quebrantos impositivos generados en 2024 a los ejercicios siguientes, por hasta cinco años, según lo dispone el artículo 25 de la LIG. Los quebrantos de carácter general pueden compensarse sin límite porcentual contra la totalidad de las ganancias gravadas de fuente argentina obtenidas en 2025, por lo que es posible absorber hasta el 100% de la utilidad neta. Actualmente, la normativa no permite actualizar los quebrantos por inflación, ya que rige la suspensión del mecanismo de ajuste establecida por la Ley 24.073.

El uso del sistema “Libro de sueldos digital” no es obligatorio para todos los empleadores en forma general, sino únicamente para aquellos que ARCA notifique expresamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico. La incorporación se realiza de manera progresiva por sectores o jurisdicciones, y la obligación comienza a regir desde la notificación. También existe la posibilidad de adherirse voluntariamente mediante Presentaciones Digitales, opción “Libro de sueldos digital”.

El tratamiento del IVA por servicios digitales de proveedores del exterior varía según la condición fiscal del usuario y si interviene un intermediario local. Cuando el pago se realiza con tarjeta de crédito, débito o a través de un agregador de pagos argentino, este actúa como agente de percepción y liquida el impuesto ante ARCA; el monto retenido tiene carácter de impuesto ingresado. En cambio, si el pago se efectúa directamente al exterior sin intermediario residente, el responsable inscripto debe autoliquidar e ingresar el IVA hasta el último día del mes del pago, según la RG 4240/2018. Los monotributistas y consumidores finales no pueden computar el impuesto, por lo que la percepción del 21 % forma parte del costo del servicio.

Los abogados inscriptos en el Monotributo pueden estar exceptuados de emitir comprobantes cuando perciben sus honorarios mediante liquidaciones judiciales, conforme a la Resolución General (AFIP) 1415. En esos casos, la liquidación firmada en el expediente actúa como comprobante válido. A efectos tributarios, todos los ingresos —tanto judiciales como extrajudiciales— deben incluirse para calcular los topes de facturación y realizar la recategorización del contribuyente dentro del régimen simplificado.

Las vacaciones no gozadas y el SAC proporcional abonados al finalizar la relación laboral están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, al tratarse de conceptos de naturaleza remuneratoria. El empleador debe incluirlos en la liquidación final y practicar la retención conforme a la RG 4003 y la Circular 4/2021.

La venta de departamentos obtenidos por un ex socio de una sociedad constructora se considera una actividad habitual vinculada al negocio inmobiliario, alcanzada por el régimen general del Impuesto a las Ganancias como renta de tercera categoría. No corresponde el impuesto cedular ni puede encuadrarse en el Monotributo, siendo lo más adecuado mantener la condición de responsable inscripto.

El monotributista que obtiene un beneficio jubilatorio bajo la Ley 18.037/38, la Ley 24.241 o regímenes provinciales adheridos al sistema de reciprocidad debe registrar su condición en el padrón mediante el portal Monotributo. Desde entonces, aporta solo el componente previsional de la categoría A y deja de generar aportes al sistema de obras sociales, según lo previsto por el art. 17 de la RG 4309/2018 y el art. 13 de la Ley 24.476.

La cesión de derechos fiduciarios o de adjudicación de unidades en un fideicomiso se considera una transferencia onerosa de derechos sobre inmuebles y tributa bajo el impuesto cedular con alícuota del 15%. Solo si el contribuyente actúa como habitualista, el resultado pasa a integrar la renta general del impuesto a las ganancias.

La jubilación de un viajante se liquida como una renuncia, sin preaviso ni indemnización por antigüedad, pero con derecho a la indemnización por clientela, equivalente al 25 % de la prevista en el artículo 245 de la LCT. Dicha base de cálculo está sujeta al mismo tope legal aplicable a la indemnización por antigüedad.

Las criptomonedas alojadas en Binance, como XRP, se consideran activos de fuente extranjera, ya que el exchange y el emisor no están radicados en Argentina. En el Impuesto a las Ganancias, deben incorporarse al patrimonio al costo de adquisición y solo generan renta gravada al momento de su venta, determinándose la ganancia por la diferencia entre el valor de venta y dicho costo. En Bienes Personales, deben declararse como bienes situados en el exterior y valuarse al último valor de cotización al 31 de diciembre o, en su defecto, al costo de compra.

La normativa (Ley 27.618, Decreto 337/2021 y RG 5003/2021) no exige un tiempo mínimo de permanencia en el Monotributo para acceder a la reducción del débito fiscal en IVA al pasar al Régimen General. El beneficio aplica siempre que la renuncia o exclusión se comunique dentro del plazo previsto, el alta en IVA se realice oportunamente y los ingresos brutos no superen el 50% del tope para microempresas. 

El comprobante “Cuenta de venta y líquido producto” se utiliza exclusivamente en operaciones de consignación o comisión vinculadas con la compraventa de bienes, donde el consignatario actúa en nombre propio pero por cuenta de un tercero. En esos casos, al vender a terceros debe facturar a su nombre y luego emitir la liquidación al comitente, discriminando el IVA para permitir su cómputo como crédito fiscal. En cambio, si la operatoria consiste en servicios —como fletes o intermediación en transporte—, no corresponde usar este tipo de comprobante: el prestador debe emitir una factura común por su comisión o servicio.

Al presentar una declaración jurada rectificativa de IVA no se debe volver a informar el monto pagado en la declaración original, ya que el sistema no lo solicita ni lo contempla. Si el nuevo cálculo determina un importe mayor, la diferencia se reflejará en el Sistema de Cuentas Tributarias (SCT), desde donde podrá generarse el VEP solo por el saldo pendiente. Si el resultado es menor, el excedente quedará registrado como saldo a favor del contribuyente para compensar futuras obligaciones o solicitar su devolución.

Ante el envío de notificaciones de ARCA a contribuyentes por supuestas deudas del derecho de exportación de servicios correspondientes a los años 2019-2021, corresponde aclarar que el tributo solo era exigible cuando las exportaciones anuales superaban los USD 600.000 y el contribuyente no contaba con certificado MiPyME. El pago siempre se realizaba en pesos mediante VEP (Impuesto 2091 – Concepto 800 – Subconcepto 800). Los monotributistas y pequeñas empresas que no superaron ese umbral o estaban inscriptos como MiPyME pueden responder acreditando su exención o desestimando el requerimiento.