El acuerdo establece una nueva escala de salarios básicos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, distribuidos en tres tramos. Los incrementos son de carácter remunerativo y se aplican a diversas categorías laborales. Además, se pacta una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 desde abril de 2026. Asimismo, se acuerda una asignación no remunerativa de pago único de $65.950 para el Día de la Sanidad en septiembre de 2026. Las empresas podrán absorber aumentos salariales otorgados unilateralmente durante 2026. Finalmente, se establece una cláusula de revisión para mayo de 2026 y se permite la negociación de pagos en caso de dificultades económicas de las empresas.

El acuerdo establece incrementos salariales en tres tramos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, con una nueva escala de salarios básicos. Los incrementos son remunerativos y se aplican a todas las categorías. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual para los mismos meses, comenzando con $80.000 en febrero y aumentando a $90.000 en abril. Se incluye una asignación no remunerativa de pago único para el Día de la Sanidad en septiembre de 2026. Se contempla una contribución extraordinaria destinada a FATSA, pagadera en cuotas mensuales. El acuerdo prevé una revisión de las escalas salariales en mayo de 2026 y establece mecanismos de absorción para aumentos otorgados unilateralmente. Finalmente, se estipula un aporte solidario del 1% de la remuneración integral mensual durante la vigencia del acuerdo.

El acuerdo establece incrementos salariales en tres tramos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, aplicables a diversas categorías profesionales. Los incrementos son de carácter remunerativo y se detallan en una nueva escala de salarios básicos. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 desde abril de 2026. Asimismo, se otorga una asignación no remunerativa de pago único de $63.369.91 en septiembre de 2026 por el Día de la Sanidad. El adicional de cajero se ajusta a $81.077.33 desde febrero, $82.455.65 desde marzo y $83.774.94 desde abril de 2026. Las empresas continuarán pagando una contribución extraordinaria a FATSA, revisable a partir de mayo de 2026. Se establece una cuota de solidaridad del 1% de la remuneración mensual. Finalmente, se acuerda una cláusula de absorción para los aumentos salariales otorgados unilateralmente durante 2026.

El acuerdo establece una nueva escala de salarios básicos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, distribuidos en tres tramos. Los incrementos son remunerativos y se aplican a diversas categorías profesionales. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 desde abril de 2026. Asimismo, se otorga una asignación no remunerativa de pago único de $63.369.91 para el Día de la Sanidad en septiembre de 2026. Las empresas deberán garantizar el cobro íntegro de la asignación por maternidad, pudiendo optar por gratificaciones extraordinarias. Se establece una contribución extraordinaria a favor de FATSA, con cuotas mensuales revisables a partir de mayo de 2026. Finalmente, se prevé una cláusula de revisión en mayo de 2026 y la posibilidad de absorción de aumentos salariales unilaterales otorgados durante el año.

El acuerdo establece un incremento salarial en tres tramos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, aplicable a los salarios básicos de diversas categorías profesionales y técnicas. Los incrementos son remunerativos y se detallan por categoría. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 para abril. Se incluye una asignación no remunerativa de pago único de $63.369.91 para el Día de la Sanidad en septiembre. Las empresas deberán ajustar importes de intangibilidad salarial en proporción a los incrementos básicos. Se establece una contribución extraordinaria a favor de FATSA, con montos específicos para cada mes y un aporte solidario del 1% de la remuneración mensual. El acuerdo contempla una cláusula de revisión en mayo de 2026 y permite la absorción de aumentos salariales otorgados unilateralmente durante el año 2026.

Se analiza la obligación de informar vínculos familiares (cónyuge e hijos) en el sistema registral al dar de alta un trabajador. Se concluye que no constituye un requisito obligatorio para la registración laboral, pero su omisión puede impactar en la correcta liquidación y percepción de asignaciones familiares bajo el sistema SUAF, generando perjuicios para el trabajador.

Se analiza la posibilidad de otorgar una licencia paga por enfermedad sin respaldo médico en el marco de la LCT, destacando las facultades del empleador para adoptar medidas preventivas y la importancia del control médico laboral. Asimismo, se distingue el tratamiento del período de licencia según exista o no acreditación médica de la incapacidad, a efectos del cómputo de los plazos del artículo 208 y sus implicancias posteriores.

Se analizan los rubros que integran la liquidación final del trabajador según el tipo de extinción del contrato —con justa causa, sin causa y durante el período de prueba— a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802. Se detallan las diferencias en materia indemnizatoria, el alcance de los conceptos devengados y las exclusiones aplicables en cada supuesto, así como el plazo legal para el pago de las acreencias laborales.

Se describe el procedimiento aplicable ante inspecciones del Ministerio de Trabajo en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, incluyendo las etapas de fiscalización, verificación registral, intimación a regularizar, audiencia de descargo y eventual imposición de sanciones. Asimismo, se detallan las alternativas del empleador frente a la multa, su posible reducción por regularización temprana y las consecuencias del incumplimiento, como la inclusión en el REPSAL y la determinación de deudas previsionales.

Se analiza el tratamiento aplicable cuando un trabajador del régimen de casas particulares accede al beneficio jubilatorio o continúa prestando tareas una vez jubilado. Se detallan las obligaciones del empleador en relación con la actualización de la condición en el sistema ARCA, así como las modificaciones en los aportes y contribuciones, destacando la reducción de cargas y la exclusión del aporte a la obra social.

El acuerdo establece un incremento salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89, otorgando una suma no remunerativa de $53.000 a abonarse en marzo de 2026, de la cual $49.471 se incorporarán a los salarios básicos a partir de abril de 2026. Además, se otorga un incremento salarial desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2026, conforme a las escalas adjuntas. Se unifica el adicional de especialidad en un 20% para ciertas ramas, con incrementos en marzo y junio de 2026. Se crea un Premio por Presentismo y Puntualidad de $60.000, con carácter remunerativo, aplicable desde abril de 2026. El acuerdo incluye cláusulas de revisión y absorción de incrementos estatales, así como una contribución extraordinaria a las obras sociales de $25.000 por trabajador desde marzo de 2026.

El acuerdo establece un incremento salarial acumulativo sobre la base del salario de enero de 2026, distribuyéndose de la siguiente manera: un 3% a partir del 1 de febrero, un 3% desde el 1 de marzo, y un 3.5% a partir del 1 de abril de 2026.

El presente cuadro comparativo expone, de manera sistemática y artículo por artículo, las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen laboral argentino, abarcando tanto la Ley de Contrato de Trabajo como otras normas complementarias. A través de la confrontación entre el texto anterior y el texto reformado, se identifican con precisión los cambios relevantes en materia de ámbito de aplicación, principios interpretativos, modalidades contractuales, jornada, remuneración, registración, responsabilidad empresaria y régimen indemnizatorio, así como las derogaciones y nuevas incorporaciones. La herramienta permite visualizar de forma integral el alcance de la reforma, facilitando su análisis técnico y su aplicación práctica en el ámbito profesional.

Se analiza la situación en la que un trabajador solicita dejar de prestar tareas durante parte de la jornada en determinados días de la semana, con acuerdo del empleador. En estos casos, no corresponde registrar esas horas como ausencias injustificadas, sino que debe instrumentarse una modificación consensuada de la jornada laboral. El cambio debe formalizarse por escrito y reflejarse en la remuneración proporcional. Asimismo, la reorganización del tiempo de trabajo también puede instrumentarse mediante un sistema de banco de horas previsto en la reciente reforma laboral, que permite compensar horas trabajadas en distintos momentos sin reducir necesariamente el salario.

Se analiza el tratamiento indemnizatorio cuando un trabajador atraviesa una enfermedad inculpable que deriva en incapacidad absoluta. Aunque el empleador haya abonado los salarios durante el período legal de licencia por enfermedad y posteriormente haya operado la reserva del puesto por un año, la extinción del vínculo en estos casos se rige por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma establece que, cuando la incapacidad es absoluta y permanente e impide la continuidad laboral, corresponde abonar una indemnización equivalente a la prevista para el despido sin causa (artículo 245 LCT), independientemente de que se hayan cumplido previamente las etapas de licencia paga y reserva del puesto.

Se analiza si corresponde abonar la integración del mes de despido cuando el empleador está comprendido en el régimen de pequeñas empresas de la Ley 24.467. Mientras que el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé la integración cuando el despido sin preaviso se produce en una fecha que no coincide con el último día del mes, el artículo 95 de la Ley 24.467 establece un régimen especial de preaviso de un mes para las pymes. Esta particularidad ha generado distintas interpretaciones: una postura entiende que la integración sigue siendo aplicable, mientras que otra —respaldada por cierta jurisprudencia— considera que el régimen especial desplaza la aplicación del artículo 233 de la LCT, por lo que no correspondería abonarla.

Se analiza si un empleador puede abonar en cuotas la indemnización derivada de un despido sin causa. Se concluye que, conforme al régimen laboral vigente, la liquidación final debe pagarse en forma inmediata al extinguirse el vínculo laboral. La posibilidad de cancelar el crédito laboral en cuotas introducida por la Ley 27.802 se limita exclusivamente a sentencias judiciales condenatorias, permitiendo hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas o personas humanas. Por lo tanto, el pago en cuotas solo sería posible mediante un acuerdo con el trabajador debidamente formalizado y, preferentemente, homologado ante la autoridad administrativa o judicial.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares actualizó las remuneraciones mínimas del personal comprendido en la Ley 26.844 con dos incrementos consecutivos del 1,5%: el primero desde febrero de 2026 sobre los salarios mínimos vigentes a enero de 2026 y el segundo acumulativo desde marzo de 2026 sobre los valores de febrero. Además, estableció el pago de una suma no remunerativa para los salarios de febrero y marzo de 2026, diferenciada según la carga horaria semanal.

Se detallan las fechas de entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral; en general y en los casos particulares de acuerdo a lo estipulado en cada título, capítulo o sección.

Se consulta sobre el procedimiento para solicitar la excedencia luego de la licencia por maternidad, su duración, los efectos sobre la remuneración y la cobertura de obra social, y qué corresponde percibir si la trabajadora decide renunciar.

Se consulta cómo debe computarse la antigüedad cuando una trabajadora fue contratada, renunció y luego reingresó a la misma empresa con reconocimiento del tiempo trabajado anteriormente, y es despedida al finalizar su licencia por maternidad. Se concluye que, conforme al artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe sumarse el período trabajado en la relación anterior con el tiempo correspondiente al nuevo vínculo para el cálculo de la indemnización por antigüedad del artículo 245. En el caso planteado, la suma de ambos períodos supera el año y seis meses, por lo que corresponde considerar dos años indemnizatorios. Asimismo, se aclara que la indemnización agravada por maternidad prevista en el artículo 182 no depende de la antigüedad, sino que equivale a un año de remuneraciones y se adiciona a la indemnización por despido.

Se consulta si corresponde otorgar las vacaciones pendientes inmediatamente después de la licencia por maternidad y si luego la trabajadora puede solicitar el período de excedencia previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. La respuesta explica que las vacaciones pueden concederse a continuación de la licencia si la trabajadora no opta por la excedencia. Sin embargo, la opción por la excedencia debe comunicarse dentro de las cuarenta y ocho horas previas al vencimiento de la licencia por maternidad y, de ejercerse, la suspensión del contrato comienza al finalizar dicha licencia, por lo que las vacaciones deberán postergarse hasta el momento de la reincorporación efectiva.

Se consulta si una persona puede ser contratada por una empresa cuya actividad está alcanzada por el convenio colectivo metalúrgico (CCT 260/75) pero quedar fuera de dicho convenio por acuerdo con el empleador. Se concluye que el encuadramiento convencional no depende de la voluntad de las partes sino de las tareas efectivamente realizadas y del ámbito de aplicación del convenio.

Se consulta cómo debe aplicarse el descanso por lactancia previsto en el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando la trabajadora cumple una jornada reducida de seis horas. La respuesta analiza que la norma reconoce dos descansos de media hora diaria hasta que el hijo cumpla un año sin diferenciar según la extensión de la jornada. Sin embargo, en la práctica existen dos criterios: uno literal que reconoce la hora completa cualquiera sea la jornada, y otro que aplica el principio de proporcionalidad propio del trabajo a tiempo parcial, reduciendo el tiempo de lactancia de acuerdo con la duración de la jornada.

Se aprueba una reforma integral del derecho del trabajo argentino, modificando la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, el régimen procesal, el sistema sindical, la negociación colectiva, el trabajo agrario y el régimen de plataformas tecnológicas, y creando nuevos fondos e incentivos a la formalización y la inversión.