El Gobierno aprobó el modelo de un préstamo del BID por hasta USD 300 millones para financiar la modernización del empleo público y la capacidad tecnológica de la Administración Pública Nacional. La operación integra una línea de crédito más amplia, de hasta USD 800 millones, cuyos instrumentos fueron aprobados por el Decreto (PEN) 1177/2026, publicado el 14 de octubre.
La distinción entre ambos montos es relevante: los USD 300 millones forman parte de la línea de USD 800 millones; no se suman a ella. La línea tendrá un plazo de utilización de diez años desde la entrada en vigencia del acuerdo y permitirá tramitar operaciones individuales para modernizar las administraciones nacional y subnacionales, sujetas a sus requisitos y aprobaciones.
El decreto autoriza la firma de los modelos contractuales. Por lo tanto, su publicación no equivale al desembolso de la totalidad de los recursos ni a la ejecución inmediata de todas las medidas previstas por el programa.
Qué se financiará con la primera operación
El programa “Transformación del Estado Nacional I” destinará USD 220 millones a modernizar la gestión del empleo público. Este componente contempla programas de retiros voluntarios aplicables en organismos de la Administración Pública Nacional, el diseño e implementación de procesos de reclutamiento y selección y el fortalecimiento de la gestión de recursos humanos.
La previsión de financiamiento para retiros voluntarios no implica que el decreto abra por sí mismo una convocatoria para adherirse. La norma aprueba el contrato y el programa; no establece en su articulado un plazo general de inscripción ni las condiciones individuales de acceso a un retiro.
Otros USD 77 millones se asignan al fortalecimiento tecnológico. Entre las actividades previstas se encuentran la actualización de bienes y servicios de tecnologías de la información, la mejora de los requerimientos para contrataciones transversales y la implementación de acuerdos marco.
El componente también abarca la modernización del sistema nacional de compras públicas y del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional, junto con el fortalecimiento de las capacidades de contratación y administración de activos públicos. Se prevé, además, un Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos con información desagregada por sexo y situación de discapacidad sobre trayectoria y remuneración.
Los USD 3 millones restantes del préstamo se destinan a administración y auditoría, incluyendo supervisión, monitoreo y evaluación intermedia. El objetivo declarado es mejorar la eficiencia técnica del gasto asociado al empleo público y a los bienes y servicios transversales de transformación digital.
Quién ejecutará el programa y qué alcance tiene la línea
El Ministerio de Economía será el organismo ejecutor, a través de la Secretaría de Hacienda y del Equipo de Ejecución del Programa, responsable de la coordinación interinstitucional, administrativa y fiduciaria. El contrato prevé la participación, cuando corresponda, de organismos técnicos vinculados con transformación del Estado, contrataciones, innovación y administración de bienes públicos.
La línea de crédito condicional también contempla a las provincias como prestatarias elegibles, siempre que cumplan las condiciones acordadas, entre ellas contar con un programa de transformación del Estado y con capacidad satisfactoria de ejecución. Cada operación requerirá su propia solicitud, aprobación y contrato, así como la garantía nacional cuando corresponda.
Finalmente, el decreto faculta a las autoridades competentes a suscribir los acuerdos y su documentación adicional. Las modificaciones posteriores no podrán cambiar sustancialmente el objeto o destino de los fondos, incrementar los montos ni alterar el procedimiento arbitral pactado.
