Se analiza la posibilidad de adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con múltiples fuentes de ingresos (relación de dependencia, dividendos, monotributo e inversiones financieras). Se concluye que no existe exclusión por tipo de renta o condición societaria, pero la adhesión queda condicionada al cumplimiento de los parámetros de ingresos, patrimonio y demás requisitos previstos en la Ley 27.799 y su reglamentación.

Se analiza cómo aplicar el límite del 40% de la ganancia no imponible para la deducción de gastos educativos en el régimen de retención de cuarta categoría. Se concluye que el tope es anual pero su cómputo se prorratea mensualmente dentro del esquema de liquidación acumulativa de la RG 4003, no siendo posible imputar el total anual en un solo mes.

Se analiza el tratamiento de las jubilaciones en el Impuesto a las Ganancias cuando el contribuyente también obtiene rentas de tercera categoría. Se concluye que no existe una exención general por monto para jubilaciones, sino un esquema de deducciones personales —incluida una deducción incrementada específica— cuya aplicación depende de condiciones estrictas. En presencia de otras rentas relevantes, dicho beneficio puede quedar excluido, debiendo computarse las jubilaciones en la base imponible.

Se analiza si la venta de un inmueble —exenta o no alcanzada en el Impuesto a las Ganancias— debe considerarse para determinar la obligación de confeccionar el Formulario F.1359. Se concluye que dicha obligación se define exclusivamente en función de las rentas de cuarta categoría (relación de dependencia), por lo que ingresos extraordinarios como la venta de un inmueble no inciden en el umbral previsto por la RG 4003/2017.

Se analiza si corresponde el cálculo de anticipos del Impuesto a las Ganancias cuando la declaración jurada del período anterior arroja saldo cero debido a la utilización de pagos a cuenta —en particular, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios—. Se concluye que los anticipos se determinan sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo final, por lo que su generación resulta procedente aun cuando no haya impuesto a ingresar. Asimismo, se menciona la posibilidad de solicitar la reducción de anticipos cuando no reflejen la capacidad contributiva del período en curso.

En la causa 'Prete, Pablo y otros s/ incidente de recurso extraordinario', la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. La Corte destacó que los tribunales no pueden apartarse del principio de sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones en la aplicación de las penas. En consecuencia, se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había modificado las penas impuestas en el caso de asociación ilícita fiscal.

En la causa 'Biondi María Luz - TF 49573-I c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que admitió el cómputo de créditos fiscales por operaciones realizadas antes de que la actora fuera responsable inscripta en el IVA. El tribunal consideró que exigir la discriminación del IVA en los comprobantes resultaba irrazonable, dado que los proveedores no estaban obligados a hacerlo en el contexto de la condición de monotributista de la actora. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la demandada y se confirmaron las costas a su cargo.

En la causa 'Tedeshi, Mara Yael del Valle c/ AFIP-DGI', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la exclusión de la actora del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) por parte de la AFIP-DGI. La decisión se basa en la constatación de irregularidades en la emisión de facturas, específicamente por utilizar comprobantes con CAI vencido, lo que constituye una causal de exclusión según la normativa vigente. Asimismo, se desestimaron los agravios presentados por la actora, quien no logró demostrar la arbitrariedad de la resolución administrativa impugnada.

El presente trabajo analiza el Régimen General Simplificado del Impuesto a las Ganancias (RGS), destacando sus principales características, beneficios e implicancias prácticas para los contribuyentes. Se examinan, en particular, los efectos derivados de la presunción de exactitud, el efecto liberatorio del pago y la simplificación informativa, así como los riesgos asociados a su aplicación. Asimismo, se evalúa la conveniencia de adhesión en función del perfil del contribuyente —monotributistas y sujetos del régimen general—, considerando variables fiscales y patrimoniales, con especial atención a la formalización de activos y la trazabilidad de operaciones.

Se aprueba la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Expansión Fase 1B”, presentado por Minera del Altiplano S.A. Sucursal Dedicada (MDASD), en el marco de la ampliación del proyecto preexistente Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. La iniciativa, encuadrada en el sector Minería, subsector potasio y litio, tiene por objeto aumentar la capacidad instalada de producción de carbonato de litio en 9.500 toneladas anuales adicionales, elevando la producción del complejo desde 28.500 a 38.000 toneladas anuales, con beneficios del RIGI aplicables exclusivamente a esa expansión y no al proyecto preexistente.

En la causa 'Vicentin SAIC c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había determinado de oficio el IVA correspondiente a varios períodos fiscales. El tribunal consideró que la actora no logró demostrar la veracidad de las operaciones con los proveedores cuestionados, quienes presentaban irregularidades que ponían en duda su capacidad económica y operativa. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la actora y se ratificó la resolución del Fisco.

Se analiza el alcance subjetivo de la exención en el Impuesto a las Ganancias para alquileres con destino a casa habitación incorporada por la Ley 27.802. Se concluye que la exención resulta aplicable tanto a personas humanas como a personas jurídicas, dado que no se encuentra excluida expresamente para estos sujetos en la ley, quedando su aplicación sujeta a la reglamentación.

Se analiza la obligación de confeccionar y presentar el Formulario 1359 para el período fiscal 2025 conforme la RG 4003 (t.o. RG 5531/2024). Se establece que resulta obligatorio cuando los ingresos brutos anuales del trabajador igualan o superan $26.143.532,02, determinado en función de las deducciones personales. Asimismo, la obligación subsiste aun por debajo de ese umbral cuando no se haya practicado la totalidad de las retenciones correspondientes.

Se analiza el tratamiento fiscal de la indemnización por finalización de un contrato a plazo fijo. Se concluye que, en la medida en que se trate de la compensación legal prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, tiene carácter indemnizatorio y no se encuentra alcanzada por el Impuesto a las Ganancias. Solo podría quedar gravado el eventual excedente en casos de personal directivo o ejecutivo.

Se aprueba la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación Fases 8 y 9 del Sistema de Lixiviación en Valle de Mina Veladero”, presentado por Minera Andina del Sol S.R.L. Sucursal Dedicada 1 (MAS-SD1), en el sector minería. La iniciativa contempla una inversión total en activos computables de USD 380.116.079,91 destinada a incrementar la capacidad productiva mediante la incorporación de nuevas plataformas de lixiviación, lo que permitirá procesar un volumen adicional de 1.626.034 onzas de oro sin extender la vida útil de la mina.

Se extiende hasta el 30 de abril de 2026 el diferimiento parcial de los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones de 2024 y 2025 del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono aplicables a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. De este modo, la entrada en vigencia de esos aumentos, que por el esquema anterior debía operar desde el 1° de abril de 2026, se traslada al 1° de mayo de 2026.

Se analiza el tratamiento de los saldos a favor del componente impositivo del Monotributo en casos de exclusión de oficio con efectos retroactivos. Conforme la RG (AFIP) 4309/2018, dichos saldos no pueden aplicarse libremente, sino que deben seguir un orden de imputación obligatorio: primero a deudas del propio régimen simplificado, luego a aportes de autónomos y, en caso de remanente, a otros impuestos como IVA o Ganancias. 

Se analiza el tratamiento de los saldos a favor del componente impositivo del Monotributo en casos de exclusión de oficio con efectos retroactivos. Conforme la RG (AFIP) 4309/2018, dichos saldos no pueden aplicarse libremente, sino que deben seguir un orden de imputación obligatorio: primero a deudas del propio régimen simplificado, luego a aportes de autónomos y, en caso de remanente, a otros impuestos como IVA o Ganancias. 

Se detallan los contribuyentes que no pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias según la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la RG (ARCA) 5820/2026. La exclusión se configura por incumplimiento de requisitos objetivos (niveles de ingresos, patrimonio, categorización como gran contribuyente) y formales (estado de CUIT y alta en el impuesto). Asimismo, se aclara que los socios de SRL, SA o SAS no están excluidos por su condición.

Se analiza la condición previa de inscripción en el Impuesto a las Ganancias para poder optar por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada correspondiente al período fiscal 2025. Se concluye que, en caso de no estar inscripto, el contribuyente debe gestionar el alta retroactiva en el impuesto con efecto en dicho período mediante Presentaciones Digitales de ARCA. 

En la causa “ARAUCO ARGENTINA SA c/ DGA”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 793/2018. Asimismo, se admitió la acción de repetición de derechos de exportación abonados sin causa, reconociendo el derecho de la actora a obtener el reintegro correspondiente. La decisión se fundamentó en la incompatibilidad del decreto con el texto constitucional y la falta de validez de los derechos de exportación establecidos por normas extralegales.

Escala de alícuotas vigente para el período fiscal 2025 según el artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019) correspondiente a personas humanas y sucesiones indivisas.

Se analiza el tratamiento en el impuesto a las ganancias de rendimientos financieros del exterior obtenidos por una persona humana monotributista, provenientes de bonos y ETF. Se concluye que dichas rentas constituyen ganancias de segunda categoría de fuente extranjera, deben declararse bajo criterio de lo percibido e integrarse al esquema general del impuesto. Asimismo, se aclara que la existencia de deducciones personales no exime de la obligación de presentar la declaración jurada si se obtuvieron rentas gravadas.

Se analiza el límite de deducción de honorarios de directorio en el impuesto a las ganancias y su vinculación con la distribución de utilidades. Se concluye que el tope del 25% solo resulta aplicable cuando existe distribución de dividendos, mientras que, en ausencia de distribución, el límite deducible se reduce al 5% de la utilidad contable ajustada. Asimismo, se destaca la posibilidad de aplicar un criterio proporcional cuando la distribución es parcial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había admitido parcialmente la potestad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para ejercer poderes de policía e imposición sobre el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El Tribunal puso el eje en la invalidez constitucional de la ley provincial 3978 de Río Negro, que había anexado al ejido municipal el territorio donde se emplaza la estación aérea, ubicado dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi –Zona Gutiérrez–. Con remisión a su precedente de Fallos: 347:552, la Corte reiteró que esas tierras integran un establecimiento sometido a jurisdicción federal y que la provincia no podía realizar actos de disposición sobre ellas. En consecuencia, la pretensión municipal de exigir habilitación comercial, declaraciones de ingresos y el pago de la tasa de seguridad e higiene carece de causa jurídica suficiente.