Se analiza la procedencia de solicitar la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias cuando el impuesto determinado en el período base se encuentra distorsionado por un resultado extraordinario, como la venta de un inmueble. Se concluye que la normativa permite ajustar los anticipos cuando se proyecta fundadamente que el impuesto del período siguiente será significativamente menor, debiendo sustentarse la solicitud en criterios de razonabilidad, habitualidad de resultados y documentación respaldatoria suficiente.

Se analiza el criterio de categorización de las rentas en el Impuesto a las Ganancias, en particular cuando un mismo contribuyente obtiene ingresos de distinta naturaleza. Se destaca que, tratándose de actividades desarrolladas bajo estructura empresaria, las rentas generadas por bienes afectados a dicha explotación se integran en la tercera categoría, desplazando el tratamiento autónomo de otras categorías como la primera.

Se analiza el tratamiento fiscal aplicable a un menor de edad que adquiere la titularidad de un inmueble rural destinado a arrendamiento. Se concluye que el menor reviste la condición de contribuyente en los impuestos que graven dicha renta y patrimonio, debiendo inscribirse ante ARCA con CUIT propio. Las obligaciones fiscales —determinación, presentación y pago— son cumplidas por su representante legal en carácter de responsable por deuda ajena, mediante declaraciones juradas independientes de las del tutor.

Se simplifican los requisitos exigidos para el transporte internacional terrestre de carácter ocasional y se adecua la normativa nacional a los lineamientos del Acuerdo de Alcance Parcial de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

Asistente web para calcular el ajuste por inflación estático y dinámico a computar en las declaraciones juradas de Ganancias de sociedades y explotaciones unipersonales.

En la causa “Central Puerto SA c/ EN-AFIP-DGI”, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a la AFIP reintegrar a la actora la suma de $33.264.583,41, correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, por no haberse aplicado el ajuste por inflación. El tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, destacando la confiscatoriedad del tributo en cuestión debido a la falta de ajuste inflacionario, lo que generó una alícuota efectiva superior al 100%. Asimismo, se rechazaron los agravios de la demandada sobre la prescripción y la tasa de interés aplicable.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Se analiza el procedimiento aplicable cuando, habiéndose emitido el Formulario 1359, queda un saldo del Impuesto a las Ganancias sin retener por parte del empleador. Se concluye que el trabajador puede cancelar dicho saldo mediante un VEP bajo el mecanismo de autorretención voluntaria —sin necesidad de inscribirse— o, alternativamente, inscribirse en el impuesto y presentar la declaración jurada anual bajo el régimen general, ingresando el saldo resultante.

Se analiza la posibilidad de utilizar el crédito del impuesto a los débitos y créditos bancarios de períodos anteriores para cancelar anticipos del Impuesto a las Ganancias, así como su tratamiento en ejercicios con quebranto. Se concluye que los saldos no utilizados pueden trasladarse a ejercicios futuros y aplicarse a anticipos, y que su cómputo como pago a cuenta no depende del resultado fiscal del período sino de la categorización del contribuyente (micro, pequeña, mediana o general), siendo del 33% con carácter general y pudiendo alcanzar el 100% para micro y pequeñas empresas.

Se analiza si los fondos exteriorizados bajo el régimen de “Inocencia Fiscal” pueden destinarse a una sociedad, ya sea mediante préstamo o aporte de capital, incluyendo el caso de entidades del exterior. Se concluye que, en principio, el régimen no restringe el destino de los fondos, siempre que se cumplan las condiciones de bancarización y trazabilidad. Sin embargo, en operaciones con sociedades extranjeras deben considerarse adicionalmente aspectos cambiarios, fiscales internacionales y de prevención de lavado, lo que exige un análisis integral del caso.

Se analiza el caso de un contribuyente que, tras facturar una operación significativa como responsable inscripto, intenta adherirse al Monotributo bajo una actividad distinta. Se concluye que, conforme a la Ley 24.977, los ingresos brutos deben computarse en forma global por contribuyente —sin distinción de actividades— a efectos de la categorización y permanencia en el régimen. En consecuencia, los ingresos facturados previamente integran el parámetro de los últimos 12 meses, pudiendo generar exclusión o impedir la adhesión, aun cuando exista un cambio de actividad o se invoque un “nuevo inicio”.

Se analiza el encuadre tributario de las inversiones realizadas a nombre de menores de edad, particularmente en cuentas comitentes habilitadas por normativa de la CNV. Se concluye que el menor es el sujeto contribuyente tanto en el Impuesto a las Ganancias como en Bienes Personales, debiendo declarar las rentas y bienes a su nombre. Los padres o representantes legales actúan únicamente como responsables por deuda ajena, cumpliendo las obligaciones formales sin incorporar dichos activos o ingresos en sus propias declaraciones juradas.

La Provincia de Córdoba reglamenta el procedimiento para que los productores que posean sistemas y/o equipos de riego con destino al sector agroindustrial puedan solicitar la aplicación de la alícuota reducida del 10,5% en el Impuesto al Valor Agregado sobre la provisión de energía eléctrica utilizada con ese fin. La solicitud deberá tramitarse mediante un formulario con carácter de declaración jurada, que será habilitado en la Plataforma Ciudadano Digital (CiDi) del Gobierno provincial.

Se establece un nuevo marco normativo integral para el registro y control aduanero de los artefactos navales y demás mercaderías destinadas a la investigación, exploración y explotación de recursos naturales en el mar territorial argentino, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, mediante su instrumentación en el Sistema Informático MALVINA (SIM), sustituyendo el régimen anterior previsto en la Resolución 3.277/1996 (ANA) y la Nota Externa 15/2005 (DGA).

El presente análisis examina el concepto de discrepancia significativa en el marco del régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias introducido por la Ley 27.799, con especial foco en su configuración normativa, sus supuestos de procedencia y sus efectos jurídicos. Se abordan las pautas cuantitativas y cualitativas previstas en el artículo 40, así como el alcance de la reglamentación introducida por el Decreto 93/2026 en materia de carga probatoria y la relevancia de la declaración jurada rectificativa como mecanismo de subsanación. El estudio resulta de particular utilidad práctica para la adecuada gestión del riesgo fiscal y la preservación de los beneficios del régimen.

El trabajo examina los principales aspectos que deben revisarse en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2025 de las sociedades que mantienen inversiones financieras, poniendo el foco en la necesaria distinción entre valuación impositiva al cierre, costo computable en caso de enajenación e incidencia en el ajuste por inflación impositivo. A partir de un abordaje sistemático de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se destacan las reglas diferenciales aplicables según la naturaleza del instrumento —FCI, acciones, fideicomisos financieros, CEDEARs, títulos públicos y obligaciones negociables—, así como la improcedencia de trasladar sin mayor análisis los criterios contables al plano fiscal. La cuestión presenta especial relevancia práctica en la medida en que una incorrecta clasificación o valuación de estas tenencias puede distorsionar la determinación de la ganancia neta imponible y generar contingencias fiscales.

Se sustituye el régimen aplicable al sistema “marcador/reagente” para el control de los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, y redefine el procedimiento de trazado químico de combustibles con destino exento, con exención parcial o con reducción de impuestos. La norma alcanza a sujetos pasivos del tributo, distribuidores, adquirentes, titulares de estaciones de servicio y bocas de expendio, y regula las condiciones de marcado, detección, información, homologación de sistemas y documentación respaldatoria de las operaciones.

La ARCA incorporó a LOGROS S.A. a la nómina de sujetos comprendidos en el régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Resolución General 2.854 y sus modificatorias. La medida implica que la empresa pasará a integrar el Anexo II de ese régimen, aplicable a operaciones que, por su naturaleza, generan crédito fiscal en el IVA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introduce modificaciones a la Resolución General 5.692 a fin de incorporar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la Resolución General 5.820. La norma establece que los contribuyentes podrán cumplir con la determinación anual del gravamen tanto bajo el régimen general como mediante la modalidad simplificada, adecuando los procedimientos, formularios y condiciones operativas aplicables.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.

Se analiza el efecto de la incorporación de un nuevo local comercial con contrato de alquiler en el régimen de Monotributo. Se concluye que el parámetro “alquileres devengados” debe evaluarse en forma acumulada considerando los últimos 12 meses, por lo que el exceso individual de un nuevo contrato no obliga a una recategorización inmediata, salvo que configure una causal de exclusión. La adecuación corresponde efectuarse en la recategorización semestral.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de los importes percibidos en un juicio laboral con sentencia favorable por despido indirecto. Se concluye que las indemnizaciones derivadas de la desvinculación laboral no se encuentran gravadas, salvo en el caso de cargos directivos o ejecutivos. Asimismo, se aclara que los conceptos remunerativos o accesorios sí pueden quedar alcanzados y sujetos a retención, la cual debe practicarse en el marco del pago judicial conforme al régimen vigente.

Se analiza la determinación del ajuste por inflación impositivo en sociedades simples y su imputación a los socios. Se concluye que el ajuste —tanto estático como dinámico— se calcula a nivel de la sociedad como un único resultado impositivo, sin segmentación por socio, y luego se atribuye íntegramente según la participación societaria, sin considerar consumos individuales.