Se analiza el alcance del cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, ante un cambio de categorización MiPyME durante el ejercicio. Se concluye que el beneficio del cómputo del 100% se mantiene hasta el mes inclusive en que se conserva la condición de pequeña empresa, y que a partir de su pérdida corresponde aplicar el porcentaje general. En el anticipo, debe considerarse el crédito acumulado hasta el mes anterior al vencimiento, diferenciando los porcentajes según el período en que se generó el impuesto.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto sobre los Bienes Personales de un inmueble adquirido mediante cesión de derechos de boleto de compraventa, cuando no se ha otorgado la escritura traslativa de dominio al cierre del período fiscal. Se concluye que, conforme a la normativa vigente, la posesión del bien al 31 de diciembre resulta suficiente para su incorporación al patrimonio del cesionario, aun sin escritura, debiendo declararse como inmueble.

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/2026, establece un esquema de promoción dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas —y determinadas entidades sin fines de lucro— orientado a incentivar inversiones productivas mediante beneficios fiscales condicionados. El presente trabajo analiza el alcance subjetivo del régimen, los requisitos de acceso, el concepto de inversión elegible, los montos mínimos exigidos, el criterio de puesta en marcha y el funcionamiento de los beneficios —en particular la devolución del crédito fiscal de IVA—, así como las principales exclusiones y el estado actual de implementación, destacando la relevancia práctica de la reglamentación operativa pendiente para su efectiva aplicación.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dispuso el sobreseimiento total de los imputados en una causa por evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social y retención indebida de aportes de empleados, al aplicar retroactivamente la Ley 27.799. La reforma elevó significativamente los umbrales de punibilidad —a $7.000.000 para evasión y $3.500.000 para retención indebida por cada período mensual—, lo que determinó que los montos imputados no alcanzaran el mínimo legal exigido. En consecuencia, el tribunal consideró que las conductas resultaban atípicas y extinguió la acción penal conforme al principio de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal) y la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal”.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dispuso el sobreseimiento de un imputado acusado de evasión tributaria agravada mediante el uso de facturas apócrifas, al considerar aplicable retroactivamente la Ley 27.799 (“Ley de Inocencia Fiscal”), que elevó el monto mínimo de punibilidad de $1.500.000 a $100.000.000. Dado que el monto presuntamente evadido resultaba significativamente inferior al nuevo umbral legal, el tribunal entendió que la conducta había perdido relevancia penal por ausencia de tipicidad. En consecuencia, aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal), en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal, y dispuso el sobreseimiento con costas por su orden.

Asistente web para la consulta de valuaciones de vehículos y de acciones, CEDEARs, obligaciones negociables, opciones y fondos comunes de inversión para el período fiscal 2025.

Detalle de las deducciones generales computables en la declaración jurada del impuesto a las ganancias para el período fiscal 2025 para autónomos y empleados en relación de dependencia.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa actualiza los parámetros de categorización para el Registro de Empresas MiPyMES, incorporando nuevos límites de ventas totales anuales, personal ocupado y activos, con vigencia a partir del 1° de abril de 2026.

El régimen tributario aplicable a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, una configuración compleja en la que coexisten exenciones, deducciones y beneficios específicos según el sujeto interviniente y el tributo involucrado. A la exención en el Impuesto al Valor Agregado y a la incorporación —a partir del período fiscal 2026— de la exención en el Impuesto a las Ganancias para el locador, se suman los mecanismos de deducción vigentes para el locatario y, en determinados supuestos, también para el locador en ejercicios anteriores. Asimismo, el Monotributo contempla reglas particulares que inciden en el encuadre de la actividad. En tal contexto, el presente comentario aborda en forma sistemática el tratamiento fiscal integral de la locación habitacional, incorporando el análisis de las deducciones por alquileres, su evolución normativa y su impacto en la determinación del impuesto.

El Ministerio de Economía modifica el criterio para determinar el carácter de largo plazo de las inversiones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), elevando del 30% al 35% el umbral del cociente entre el valor presente del flujo neto de caja esperado —excluidas inversiones— durante los primeros 3 años y el valor presente neto de las inversiones de capital en ese mismo período. La adecuación se aplica de manera uniforme a todos los sectores alcanzados por el régimen, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 172 de la Ley 27.742.

Se reglamenta el “Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones” (RIMI), previsto en el Título XXIII de la Ley 27.802, estableciendo las condiciones operativas para su aplicación, los sujetos beneficiarios y el alcance de las inversiones productivas alcanzadas.

Se analiza el régimen vigente de registración de contratos de locación en ARCA (RELI) tras la RG 5545/2024. Se concluye que la registración ya no resulta obligatoria con carácter general, sino únicamente para acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley 27.737. En ausencia de dicha finalidad, el registro es optativo.

Se analiza el encuadre en el Monotributo de un contribuyente que subdivide un inmueble destinado a alquiler. Se concluye que la actividad de locación se considera una única unidad de explotación, con independencia de la cantidad de unidades funcionales, siempre que se trate de una actividad homogénea. En consecuencia, la subdivisión no implica por sí misma la exclusión del régimen, debiendo verificarse además el cumplimiento de los parámetros generales del Monotributo y los requisitos formales de registración de contratos.

Se analiza el encuadre impositivo de una sociedad que invierte en CEDEARs y en un trust con criptomonedas. Se concluye que la venta de CEDEARs constituye renta de fuente argentina, con implicancias específicas en el ajuste por inflación impositivo —incluyendo efectos en el ajuste dinámico y en la determinación del costo computable—. En cuanto a las inversiones en criptomonedas a través de un trust, se establece que los resultados son de fuente extranjera y, tratándose de personas jurídicas, se encuentran gravados tanto por tenencia como por enajenación, bajo el criterio de lo devengado.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de una operación de venta facturada anticipadamente respecto de la entrega del bien. Se concluye que, conforme al criterio de lo devengado, la renta no se reconoce al momento de la facturación ni del cobro, sino cuando se perfecciona jurídicamente la operación, lo que ocurre con la entrega del bien. En consecuencia, los importes percibidos con anterioridad constituyen anticipos y no resultados gravados en el ejercicio en que se facturan.

Se analiza el tratamiento impositivo de los honorarios de directores cuando superan los límites previstos societariamente, distinguiendo su validez desde la Ley General de Sociedades y su deducibilidad en el Impuesto a las Ganancias. Se concluye que la decisión asamblearia no modifica el límite fiscal, el cual se rige por el artículo 91 inciso i) de la ley del tributo, generando diferencias permanentes entre el resultado contable y el impositivo, tanto en casos sin distribución de dividendos como con asignación parcial de utilidades.

El régimen tributario aplicable a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, una configuración compleja en la que coexisten exenciones, deducciones y beneficios específicos según el sujeto interviniente y el tributo involucrado. A la exención en el Impuesto al Valor Agregado y a la incorporación —a partir del período fiscal 2026— de la exención en el Impuesto a las Ganancias para el locador, se suman los mecanismos de deducción vigentes para el locatario y, en determinados supuestos, también para el locador en ejercicios anteriores. Asimismo, el Monotributo contempla reglas particulares que inciden en el encuadre de la actividad. En tal contexto, el presente comentario aborda en forma sistemática el tratamiento fiscal integral de la locación habitacional, incorporando el análisis de las deducciones por alquileres, su evolución normativa y su impacto en la determinación del impuesto.

La locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, un tratamiento tributario particularmente diferenciado dentro del sistema fiscal argentino. A la exención prevista en el Impuesto al Valor Agregado para las locaciones destinadas exclusivamente a vivienda se suma, a partir de los ejercicios o años fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2026, la exención incorporada en el Impuesto a las Ganancias por la Ley 27.802 respecto de las rentas provenientes del alquiler de inmuebles con ese destino. Paralelamente, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes contiene previsiones específicas para la actividad locativa, tanto en materia de unidad de explotación como respecto del componente impositivo y previsional en determinados supuestos. En ese marco, el análisis del encuadre del propietario exige una visión integral que permita ponderar, en cada caso concreto, la incidencia del destino del inmueble, la cantidad de bienes locados, la existencia de otras actividades y el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la normativa vigente.

Se aprueba el Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión y la elusión fiscal, suscripto el 6 de diciembre de 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acuerdo incorpora reglas de distribución de potestades tributarias entre ambos Estados, define los sujetos alcanzados, los impuestos comprendidos y los mecanismos aplicables para evitar situaciones de doble imposición internacional en operaciones, inversiones y rentas obtenidas entre residentes de ambos países.

En la causa 'Armando Pettorossi e Hijos SA c/Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había admitido el acogimiento de la actora al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la ley 27.743. El tribunal consideró que el Fisco Nacional no había presentado objeciones válidas en el momento oportuno para cuestionar el acogimiento, lo que llevó a desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada.

En la causa Zannoner Eugenio Hector c/ Dirección General Impositiva, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I) confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que había revocado la exclusión del actor del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), así como la determinación de IVA y Ganancias y las multas aplicadas por la AFIP. El tribunal sostuvo que la actividad desarrollada —representante técnico ascensorista— posee carácter individual e indelegable, por lo que encuadra en la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 19 del Decreto 885/98 (modificado por el Decreto 485/2000), que dispensa del requisito de contar con una cantidad mínima de empleados. En consecuencia, consideró inválida la exclusión del régimen basada en el incumplimiento de dicho requisito. Asimismo, reafirmó el criterio restrictivo respecto del control judicial sobre la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal, y desestimó los agravios del Fisco por carecer de crítica concreta y razonada.

Se analiza la posibilidad de adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con múltiples fuentes de ingresos (relación de dependencia, dividendos, monotributo e inversiones financieras). Se concluye que no existe exclusión por tipo de renta o condición societaria, pero la adhesión queda condicionada al cumplimiento de los parámetros de ingresos, patrimonio y demás requisitos previstos en la Ley 27.799 y su reglamentación.

Se analiza cómo aplicar el límite del 40% de la ganancia no imponible para la deducción de gastos educativos en el régimen de retención de cuarta categoría. Se concluye que el tope es anual pero su cómputo se prorratea mensualmente dentro del esquema de liquidación acumulativa de la RG 4003, no siendo posible imputar el total anual en un solo mes.

Se analiza el tratamiento de las jubilaciones en el Impuesto a las Ganancias cuando el contribuyente también obtiene rentas de tercera categoría. Se concluye que no existe una exención general por monto para jubilaciones, sino un esquema de deducciones personales —incluida una deducción incrementada específica— cuya aplicación depende de condiciones estrictas. En presencia de otras rentas relevantes, dicho beneficio puede quedar excluido, debiendo computarse las jubilaciones en la base imponible.

Se analiza si la venta de un inmueble —exenta o no alcanzada en el Impuesto a las Ganancias— debe considerarse para determinar la obligación de confeccionar el Formulario F.1359. Se concluye que dicha obligación se define exclusivamente en función de las rentas de cuarta categoría (relación de dependencia), por lo que ingresos extraordinarios como la venta de un inmueble no inciden en el umbral previsto por la RG 4003/2017.

Se analiza si corresponde el cálculo de anticipos del Impuesto a las Ganancias cuando la declaración jurada del período anterior arroja saldo cero debido a la utilización de pagos a cuenta —en particular, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios—. Se concluye que los anticipos se determinan sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo final, por lo que su generación resulta procedente aun cuando no haya impuesto a ingresar. Asimismo, se menciona la posibilidad de solicitar la reducción de anticipos cuando no reflejen la capacidad contributiva del período en curso.