Se crea la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles destinada a empleadores inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), con la finalidad de constatar el grado de cumplimiento de las obligaciones legales y laborales aplicables en el ámbito rural. La certificación podrá solicitarse voluntariamente y será emitida conforme la Guía de Certificación aprobada por la presente norma.

Se establece un plan especial y excepcional de regularización de multas impuestas a empresas constructoras por infracciones a las obligaciones previstas en la Ley 22.250, aplicable a actas de inspección o infracción labradas hasta el 31 de julio de 2026, cualquiera sea su estado procesal, siempre que posean resolución administrativa dictada.

Se establece que el Certificado del Empleador, constancia fehaciente de la inscripción y renovación anual obligatoria de los empleadores de la industria de la construcción ante el IERIC, será emitido en formato digital a partir del 1 de julio de 2025. El nuevo certificado contendrá los datos habituales y un código único (token) que permitirá verificar su autenticidad y vigencia a través de la página web del Instituto mediante la consulta por CUIT y el token correspondiente.

Se prorroga hasta el 2 de julio de 2026 el plazo establecido en la Resolución N° 1273/2024 de ANSES, que preveía la obligatoriedad de la presentación presencial de las solicitudes de la Asignación por Embarazo para Protección Social en aquellos casos en que la ANSES no contare con la información correspondiente a las mujeres gestantes inscriptas en el Programa Sumar del Ministerio de Salud.

Se fija en $68.044,85 el importe equivalente al Módulo Previsional (MOPRE) que sirve como unidad de referencia para determinar las multas previstas en el artículo 32 de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, conforme la equivalencia establecida en el artículo 15 del Decreto N° 1.694/09, que determina su valor como el 22% del Haber Mínimo Garantizado.

Se establece el pago de un bono extraordinario previsional por un monto máximo de $70.000, que será abonado en el mes de julio de 2025 a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Si la liquidación final de un trabajador resulta negativa por descontar cuotas de compras realizadas, el empleador no puede retener la totalidad del saldo. La Ley de Contrato de Trabajo impone un tope máximo del 20% de la remuneración y exige mantener un monto mínimo para garantizar la intangibilidad salarial. Además, cualquier retención debe contar con la autorización de la autoridad administrativa competente. Descubrí qué hacer con el saldo remanente y cómo documentar correctamente la deuda ante la mutual o la entidad acreedora.

Cuando fallece un trabajador, la empresa debe abonar todos los rubros de la liquidación final —indemnización por muerte, haberes pendientes y proporcionales— con independencia de los seguros de vida contratados. Estas coberturas, como el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, son adicionales y no liberan al empleador de sus responsabilidades laborales. Conocé qué pagos corresponden y cómo se coordinan con otros beneficios que perciben los derechohabientes.

Se aprueban las nuevas tarifas sustitutivas del Convenio de Corresponsabilidad Gremial celebrado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), homologado mediante Resolución 3/2019 de la ex Secretaría de Seguridad Social.

Se dispone la actualización de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley 24.714, con excepción de las asignaciones por ayuda escolar anual y por matrimonio, aplicando un incremento del 1,50% sobre los límites, rangos y valores vigentes conforme la Resolución ANSES 238/2025.

Se dispone la actualización de los haberes mínimos y máximos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de las bases imponibles y de los valores de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), conforme la movilidad mensual establecida por el artículo 32 de la Ley 24.241, según la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional del mes de mayo de 2025.

Durante junio 2025 rigen actualizaciones clave en el sistema de seguridad social: topes salariales para el cálculo de aportes y contribuciones, alícuotas vigentes según el tipo de empleador, y novedades normativas que impactan directamente en la liquidación de sueldos.

Se publican los importes actualizados al mes de junio de 2025 de los rangos de ingresos y montos correspondientes a las asignaciones familiares para monotributistas.

Se publican los importes actualizados al mes de junio de 2025 de los rangos de ingresos y montos correspondientes a las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia.

Se deroga el artículo 2° de la ley 26.876, eliminando el carácter de día no laborable para el personal de la Administración Pública Nacional en ocasión del Día del Trabajador del Estado, celebrado el 27 de junio.

El Ministerio de Economía modifica, a partir del 1° de julio de 2025, las tasas de interés aplicables a obligaciones impositivas y aduaneras conforme a las leyes 11.683 y 22.415. La tasa de interés resarcitorio se reduce al 2,75% mensual, la tasa de interés punitorio al 3,50% mensual, y la correspondiente a devoluciones, reintegros o compensaciones al 0,50% mensual.

Se establece en $1.394 el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto 590/1997 destinada al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), correspondiente al devengado del mes de junio de 2025 para las Unidades Productivas del Régimen General, a ser abonada en julio.

La Subsecretaría de Relaciones del Trabajo autoriza a la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Luis a aplicar los modelos nacionales de actas para la detección y constatación de trabajo infantil, adolescente y de indicios de explotación laboral.

La Comisión Nacional de Valores aprueba un régimen específico para la constitución y funcionamiento de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 847/2024 que reglamenta aspectos de la Ley 27.742 en materia de modernización laboral.

ARCA publicó los valores de aportes personales de los trabajadores autónomos que rigen a partir del 15 de junio de 2025 según las categorías mínimas de revista. Los nuevos valores son de aplicación para el período devengado junio/2025 y períodos anteriores que se encuentren adeudados.

En una SRL con dos socios al 50%, ambos deben inscribirse como autónomos si trabajan en la sociedad y perciben retribución. El socio gerente está obligado a aportar como autónomo, aunque puede optar también por tributar como dependiente. El socio no gerente, con igual participación, también es autónomo obligado, sin obligación de ingresar aportes como relación de dependencia. Si no optan por tributar como empleados, no se ingresan aportes ni contribuciones, solo ART, bajo el código de actividad 15 y modalidad 99.

Una persona humana puede mantener empleados en relación de dependencia y, al mismo tiempo, incorporar colaboradores bajo el régimen de trabajadores independientes inscriptos en el PADIC. No existe una restricción legal por tipo de actividad ni por coexistencia de ambas figuras, siempre que los colaboradores mantengan autonomía real y no cumplan tareas propias de una relación laboral encubierta. Es clave evitar subordinación, exclusividad o funciones similares a las de los empleados registrados.

Cuando un empleador otorga un monto a través de una tarjeta de beneficios con carácter habitual, dicho importe debe reflejarse en el recibo de sueldo y tributa cargas sociales conforme al artículo 6 de la Ley 24.241. Solo si se trata de un beneficio esporádico y sin expectativa de continuidad podría considerarse no remunerativo. De lo contrario, su omisión puede derivar en reclamos por registración incompleta y sanciones ante ARCA.

Se aprueba un aumento del 5% en los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo instituido por la Ley 25.191, elevando los valores de $130.000 a $136.500 y de $260.000 a $273.000 respectivamente, con vigencia a partir del 1 de julio de 2025.

Ante el fallecimiento de un trabajador, el empleador debe abonar a los derechohabientes los conceptos correspondientes a la liquidación final, incluyendo días trabajados, vacaciones no gozadas, SAC proporcional y el 50% de la indemnización por antigüedad conforme al art. 248 de la LCT. Esta compensación aplica aun en casos de suicidio. Es fundamental verificar la documentación de los beneficiarios y, ante dudas, optar por la consignación judicial de los importes.

La Ley de Contrato de Trabajo solo permite otorgar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, salvo autorización expresa de la Secretaría de Trabajo. Si un trabajador solicita días a cuenta fuera de ese período, no pueden imputarse legalmente como vacaciones. Algunas empresas los otorgan bajo otro concepto, pero esta práctica no está exenta de riesgos legales y sanciones. Para evitar infracciones, es recomendable registrar esos días como licencia particular, sin computarlos como vacaciones.

Se crea el Programa de Sostenibilidad y Fomento del Empleo Rionegrino “Hacer Río Negro”, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo provincial, con el objetivo de acompañar a empresas radicadas en la provincia que acrediten situación de crisis económica, a fin de preservar los puestos de trabajo formal.

Se implementa un régimen de facilidades de pago destinado a la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril de 2025, sin contemplar reducciones de intereses ni condonación de sanciones.

La Superintendencia de Servicios de Salud aprueba un procedimiento general unificado para la gestión de denuncias, faltas formales y aplicación de sanciones a los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga, con el fin de agilizar los plazos, reducir la burocracia, reforzar la fiscalización y garantizar el acceso oportuno de los beneficiarios a sus prestaciones.

Se incorporan nuevos campos y leyendas informativas en los formularios utilizados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y Empleadores Autoasegurados (EA) al momento de otorgar el alta médica, finalizar un tratamiento o registrar un reingreso. Se exige consignar si el trabajador recibió tratamiento psicológico o psiquiátrico y si fue necesario estimar secuelas incapacitantes de índole psíquica conforme a los criterios establecidos por la Resolución SRT 886/2017 y sus modificatorias.