Se fijan nuevas remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña exclusivamente en la actividad porcina en criadero en todo el territorio nacional, con vigencia a partir del 1° de julio de 2025, del 1° de agosto de 2025, del 1° de septiembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026.

Se sustituye el Anexo I del Decreto 659/96 y su modificatorio, aprobando una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales que actualiza los criterios para determinar el daño psicofísico derivado de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, conforme a avances médicos y tecnológicos.

El Fondo de Cese Laboral sólo puede implementarse si está previsto en un convenio colectivo de trabajo, con acuerdo expreso entre empleador y trabajador al inicio de la relación laboral o mediante pacto posterior. La adhesión no es unilateral ni retroactiva, y requiere consentimiento mutuo, incluso en contratos laborales ya vigentes, conforme a la Ley 27.742 y el Decreto 847/2024.

El Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad los Proyectos de Ley Nros. 27.791, 27.792 y 27.793 sancionados por el Congreso el 10 de julio de 2025, argumentando que implican un incremento del gasto público superior a 7 billones de pesos para 2025 y 17 billones para 2026, sin previsión presupuestaria suficiente ni fuentes de financiamiento concretas.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) aprueba las alícuotas promedio correspondientes al año calendario 2024 para cada una de las actividades incluidas en el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

Se establece la gratuidad total del servicio de subterráneos, sin restricciones horarias, para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que tengan domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyos ingresos mensuales no superen dos y medio haberes mínimos jubilatorios establecidos por ANSES. La normativa deberá ser reglamentada dentro de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial.

Se establece en $69.147,18 el valor actualizado que surge de aplicar la equivalencia del 22% sobre el Haber Mínimo Garantizado vigente a partir de agosto de 2025, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 1694/2009. Esta unidad de referencia es utilizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para el cálculo de sanciones previstas en la Ley 24.557, en reemplazo del MOPRE.

Se dispone el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en agosto de 2025 para titulares de jubilaciones y pensiones a cargo de ANSES, incluyendo prestaciones contributivas del SIPA, pensiones no contributivas, PUAM y beneficios de regímenes transferidos a la Nación.

Se fijan las remuneraciones mínimas y los topes indemnizatorios del personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario de la Ley 26.727, con vigencia escalonada a partir del 1° de julio, 1° de agosto y 1° de septiembre de 2025, hasta el 31 de julio de 2026, conforme lo detallado en los anexos de la resolución. 

Se establece un aumento total del 3,5% sobre las remuneraciones mínimas vigentes de enero 2025 para el personal de casas particulares, aplicable con los salarios de julio 2025. Además, se fijan incrementos adicionales del 1% en julio, agosto y septiembre de 2025, de manera acumulativa, conforme a las escalas salariales detalladas en los anexos de la resolución. También se otorga una suma no remunerativa por única vez para todos los trabajadores alcanzados por el régimen de la Ley 26.844.

Se actualiza la alícuota del régimen especial de percepción, retención y/o autorretención para el ingreso de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito futbolístico, previsto por el Decreto 510/2023, fijándola en un 13,06% sobre el monto bruto percibido o recaudado, con una alícuota adicional y transitoria del 5,56% durante 12 meses, alcanzando un total del 18,62%.

Se modifica el artículo 4° del Anexo I de la Resolución S.R.T. N° 86/2019 para establecer que las intimaciones de pago por cuotas omitidas al Fondo de Garantía se notificarán únicamente a través del Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores – E-Servicios, manteniéndose como medio fehaciente de constitución en mora. La Gerencia de Control Prestacional tendrá la facultad de disponer, de manera excepcional, el envío postal complementario cuando lo considere necesario.

Se dispone un incremento del 1,62% en los montos de las asignaciones familiares previstas por la Ley N° 24.714, así como en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar aplicables a partir de agosto de 2025, con excepción de las asignaciones por ayuda escolar y por maternidad.

Se actualizan los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a partir de agosto de 2025, aplicando el incremento del 1,62% derivado de la movilidad mensual según el índice de precios al consumidor.

Se dispone que los Agentes del Seguro de Salud, en el marco de la Ley 23.660, y las entidades de medicina prepaga reguladas por la Ley 26.682, deberán poner a disposición de sus afiliados y beneficiarios una credencial física de identificación, sin perjuicio de la coexistencia con formatos digitales.

Se establece en $1.420 el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto 590/97, aplicable a partir del devengado de julio de 2025 para ambos regímenes: el Régimen General de Unidades Productivas y el Régimen Especial de Casas Particulares. La actualización se determina en función de la variación del índice RIPTE, conforme a lo dispuesto por las Resoluciones 467/21 y 649/22 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y las Resoluciones SRT 47/21, 51/24 y su modificatoria 75/24. El nuevo valor se abonará desde agosto de 2025.

Se dispone el traspaso del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES) desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia hacia la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ambas dependientes del Ministerio de Capital Humano, con fecha límite para su efectivización el 31 de julio de 2025, prorrogable por acto administrativo.

Valores de aportes personales de los trabajadores autónomos que rigen a partir del 15 de julio de 2025 según las categorías mínimas de revista. Los nuevos valores son de aplicación para el período devengado julio/2025 y períodos anteriores que se encuentren adeudados.

Se ratifica el Convenio Específico N° 1 celebrado entre el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo de la provincia de Río Negro y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para la implementación del Libro de Sueldos Digital en la provincia. La medida busca optimizar el cumplimiento de las obligaciones registrales de los empleadores mediante una plataforma única, segura y eficiente, evitando la duplicidad de cargas de datos y reduciendo inconsistencias entre los sistemas de información.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.742 por parte del trabajador, quien impugnó la derogación de sanciones laborales previstas en la ley 25.323 y el art. 80 de la LCT. El tribunal consideró que la norma no vulnera derechos fundamentales ni el principio de progresividad. No obstante, hizo lugar parcialmente al reclamo de reparación integral por daño derivado del incumplimiento indemnizatorio, basándose en el Código Civil y Comercial. En este sentido, impuso al empleador una condena adicional equivalente a seis salarios, pese a la derogación del régimen sancionatorio anterior. La sentencia reafirma que, si bien el Congreso puede reformar el esquema de sanciones, ello no impide al Poder Judicial reconocer daños reales conforme a principios generales del derecho.

Se modifican los criterios de inclusión al Programa de Prevención para Empleadores PyMES con Siniestralidad Elevada (PESE-PyMES), elevando el umbral de comparación de siniestralidad al 300% y estableciendo que, para ser evaluada, una empresa deberá registrar al menos dos eventos computables entre accidentes con más de 10 días de baja, enfermedades profesionales y secuelas incapacitantes.

Se aprueba el Programa Crédito Fiscal 2025 en el marco de la Ley 22.317, destinado a fomentar la formación profesional mediante la intervención de empresas y cooperativas de trabajo, promoviendo la capacitación de personas ocupadas y desocupadas. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer competencias laborales, mejorar la empleabilidad, y aumentar la productividad y competitividad del entramado productivo. El programa se enmarca en el Plan de Formación Profesional y Continua aprobado por la resolución 784/2020, y contempla la asignación de un cupo presupuestario para la cancelación de tributos a través de capacitaciones.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la empresa COSEME S.A. y revocó la sentencia que había reconocido la existencia de una relación laboral entre la firma y el médico traumatólogo Tristán Manuel López Lozano. El fallo concluyó que durante más de once años el vínculo se desarrolló bajo un esquema de autonomía e independencia, sin reclamos laborales ni subordinación típica, por lo que no corresponde aplicar la presunción del art. 23 de la LCT. Se descartó la relación de dependencia y se rechazó íntegramente la demanda, con costas por su orden.

Se establece un plazo excepcional hasta el 30 de abril de 2025 para que los empleadores inscriptos hasta el 31 de diciembre de 2024 bajo el régimen de la Resolución 1162/14-SET puedan solicitar la rúbrica de hojas móviles correspondientes a períodos atrasados entre julio de 2024 y enero de 2025.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los recursos de queja interpuestos por tres directores de Telecom Argentina S.A. condenados solidariamente al pago de créditos laborales por despido, junto a la empresa y dos contratistas. La Cámara Nacional del Trabajo había extendido la condena a los miembros del directorio con fundamento en un presunto fraude laboral, sin examinar en forma razonada las circunstancias concretas de su gestión. La Corte consideró arbitraria esa decisión por no evaluar pruebas clave ni el contexto propio de grandes sociedades anónimas, y revocó la sentencia. Reenvió el caso para un nuevo pronunciamiento.

Se habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a actualizar de oficio los datos del Registro Especial del Personal de Casas Particulares cuando detecte información incorrecta o desactualizada, informando dicha modificación al empleador a través del Domicilio Fiscal Electrónico u otros medios.

Se aprueba la nueva tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial correspondiente a las actividades de producción de algodón, maíz, trigo, sorgo, soja y girasol en la provincia del Chaco, celebrado entre UATRE, la Federación Agraria Argentina (filial Chaco) y UCAL. 

Se convoca a sesión plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para el 14 de julio de 2025 con el objetivo de analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del personal comprendido en el régimen de la Ley 26.844, lo que anticipa un incremento salarial para el sector. La reunión se realizará de forma presencial en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, con opción de participación virtual, conforme lo previsto en la Resolución 344/2020.

Se aprueba una nueva reglamentación del Programa “Puente al Empleo” destinado a promover la transformación de programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado, incorporando como destinatarios a los titulares de los Programas Volver al Trabajo y de Acompañamiento Social, en reemplazo del Programa Potenciar Trabajo, y excluyendo el Programa Jóvenes MIPYMES.

Se aprueba el formulario destinado a que las instituciones responsables de propuestas aprobadas en el marco de la Línea de Formación Profesional Sectorial del Plan de Formación Profesional y Continua acrediten el cumplimiento de la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de siniestros que puedan ocurrir a los participantes durante el desarrollo de las actividades presenciales y, en su caso, a los niños y niñas que concurran a los espacios de cuidado habilitados en cada sede.