SUMARIO OFICIAL

Siendo la actora de la acción de repetición, un municipio -ente estatal con sustento territorial y de carácter público, cuyo patrimonio está destinado íntegramente a los fines públicos que justifican su existencia-, aun si por hipótesis se participara del criterio de que incluso antes de su consagración legislativa por la ley 25.795 la acreditación del "empobrecimiento" era un recaudo exigible para la procedencia de la repetición de impuestos -como lo estableció el Tribunal en el precedente "Mellor Goodwin" (Fallos: 287:79)- no podría hacerse valer tal exigencia frente a un ente municipal, en tanto la totalidad de sus recursos están destinados por vía del gasto público en beneficio de su población, que sería la que mediante el pago de la respectiva tasa habría soportado la carga del tributo cuya repetición se persigue, por lo que en razón de la naturaleza del sujeto que promovió las actuaciones, se estaría frente a un supuesto en el cual "el empobrecimiento cabe razonablemente inferirlo del solo hecho del pago. -Del precedente "Municipalidad de Monte Cristo" (Fallos:335:2117) al que la Corte remite-