El Poder Ejecutivo modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para redefinir quiénes son proveedores locales, precisar la fecha límite de la inversión mínima y ampliar las reglas aplicables a adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de los vehículos de proyecto único.
Los cambios fueron establecidos por el Decreto (PEN) 1366/2026, vigente desde el 16 de noviembre. La norma también adecuó el cómputo de las divisas que pueden respaldar el acceso al mercado de cambios de los proyectos adheridos.
Proveedores locales y cumplimiento de la inversión mínima
A partir de la nueva definición, son proveedores locales las personas humanas con domicilio fiscal en el país y las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en la Argentina que presten servicios o suministren bienes a uno o más vehículos de proyecto único adheridos al RIGI.
En el caso de los bienes, deberán cumplirse los criterios de origen nacional previstos por el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur. La Autoridad de Aplicación deberá precisar la metodología para determinar ese origen.
La condición de proveedor local de una persona jurídica queda vinculada con su constitución y domicilio en el país, sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición del capital social.
El decreto también redefine la fecha límite que debe contener cada solicitud: será el momento antes del cual el vehículo se compromete a alcanzar y cumplir el monto mínimo de inversión en activos computables. Esa fecha deberá guardar relación con las prácticas del sector y con el desarrollo razonable del proyecto único.
Reorganizaciones y divisas destinadas al proyecto
Los vehículos adheridos no podrán adquirir o fusionarse con proyectos distintos, salvo que la operación constituya una ampliación del mismo proyecto RIGI. Cuando una adquisición o fusión involucre dos o más proyectos del régimen, será necesaria la aprobación de la Autoridad de Aplicación y se aplicarán los derechos y obligaciones correspondientes al proyecto con la fecha de adhesión más antigua.
La compra de acciones, cuotas o participaciones de un vehículo no alterará sus derechos, pero tampoco permitirá computar la operación como inversión en activos computables. Para las uniones transitorias y otros contratos asociativos, la cesión de participaciones o la incorporación de miembros deberá informarse dentro de los 15 días corridos de su inscripción y podrá ser observada por la Autoridad de Aplicación durante los 30 días siguientes.
Las sucursales dedicadas podrán transferir todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal creada a tal efecto. La reorganización requerirá autorización previa, no implicará una nueva adhesión y conservará la fecha, los plazos, los beneficios y los compromisos originales.
En materia cambiaria, además de las divisas ingresadas y liquidadas directamente por el vehículo, podrán computarse aportes de no residentes y endeudamientos financieros externos ingresados por integrantes de contratos asociativos, accionistas directos o indirectos y sociedades vinculadas. Para ello, los fondos deberán destinarse efectivamente al proyecto, registrarse contablemente y mantener trazabilidad conforme a los procedimientos que establezca el Banco Central.
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