El Ministerio de Economía aprobó un nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación para la Zona Franca de San Juan, con un esquema integral orientado a las actividades mineras, industriales, logísticas, comerciales y de servicios. El régimen reemplaza al reglamento vigente desde 1996 y comenzará a regir el 20 de noviembre.
La actualización fue dispuesta por la Resolución (MEC) 2000/2026. Su anexo contiene 177 disposiciones distribuidas en 12 capítulos y regula la administración, concesión, explotación, control y funcionamiento del área franca ubicada en el departamento de Jáchal.
Un perfil minero-industrial para la Zona Franca
La finalidad declarada es promover el desarrollo productivo del norte sanjuanino mediante la radicación de actividades industriales, logísticas, comerciales y de servicios, con especial atención al abastecimiento de la cadena de valor minera y a los proyectos de cobre y oro que operan en la provincia.
El reglamento permite realizar sobre las mercaderías las operaciones admitidas por la Ley 24.331, entre ellas conservación, acondicionamiento, clasificación, fraccionamiento, mezcla, transformación, industrialización, ensamblado y otros procesos que agreguen valor.
Sus disposiciones alcanzan al Comité de Vigilancia, el concesionario, los usuarios directos e indirectos, contratistas, prestadores de servicios, transportistas, personal y cualquier persona que ingrese o desarrolle actividades dentro de la zona.
Administración, usuarios y controles
El Comité de Vigilancia queda a cargo de la administración, fiscalización y control. Entre sus funciones se incluyen supervisar el contrato de concesión, aprobar reglamentos internos y cuadros tarifarios, autorizar altas y bajas de usuarios, controlar inversiones y aplicar sanciones.
El concesionario deberá garantizar condiciones de seguridad, infraestructura y servicios, mantener registros e inventarios y asegurar un acceso objetivo, transparente y no discriminatorio. Los usuarios deberán contar con los contratos y autorizaciones correspondientes y cumplir las reglas aduaneras, operativas, ambientales y de seguridad.
La regulación contempla depósitos públicos y privados, ingreso y egreso de mercaderías, circulación interna, obras e instalaciones, protección ambiental, inspecciones, infracciones, sanciones y procedimientos para resolver controversias administrativas.
El texto aclara que el tratamiento tributario de los servicios será el que establezca la normativa nacional aplicable al régimen de zona franca y que el nuevo reglamento no crea, modifica ni exime tributos nacionales.
La resolución deroga el reglamento aprobado en 1996 y establece la vigencia del nuevo esquema desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
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