El presente cuadro comparativo expone, de manera sistemática y artículo por artículo, las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen laboral argentino, abarcando tanto la Ley de Contrato de Trabajo como otras normas complementarias. A través de la confrontación entre el texto anterior y el texto reformado, se identifican con precisión los cambios relevantes en materia de ámbito de aplicación, principios interpretativos, modalidades contractuales, jornada, remuneración, registración, responsabilidad empresaria y régimen indemnizatorio, así como las derogaciones y nuevas incorporaciones. La herramienta permite visualizar de forma integral el alcance de la reforma, facilitando su análisis técnico y su aplicación práctica en el ámbito profesional.

Se analiza la situación en la que un trabajador solicita dejar de prestar tareas durante parte de la jornada en determinados días de la semana, con acuerdo del empleador. En estos casos, no corresponde registrar esas horas como ausencias injustificadas, sino que debe instrumentarse una modificación consensuada de la jornada laboral. El cambio debe formalizarse por escrito y reflejarse en la remuneración proporcional. Asimismo, la reorganización del tiempo de trabajo también puede instrumentarse mediante un sistema de banco de horas previsto en la reciente reforma laboral, que permite compensar horas trabajadas en distintos momentos sin reducir necesariamente el salario.

Se analiza si un empleador puede abonar en cuotas la indemnización derivada de un despido sin causa. Se concluye que, conforme al régimen laboral vigente, la liquidación final debe pagarse en forma inmediata al extinguirse el vínculo laboral. La posibilidad de cancelar el crédito laboral en cuotas introducida por la Ley 27.802 se limita exclusivamente a sentencias judiciales condenatorias, permitiendo hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas o personas humanas. Por lo tanto, el pago en cuotas solo sería posible mediante un acuerdo con el trabajador debidamente formalizado y, preferentemente, homologado ante la autoridad administrativa o judicial.

El presente trabajo analiza las disposiciones contenidas en los artículos 189 a 196 de la Ley 27.802, que introducen modificaciones de diverso alcance al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto a las Ganancias y a los impuestos selectivos al consumo. En materia de IVA, la norma incorpora la provisión de energía eléctrica destinada al riego agroindustrial dentro del esquema de alícuota reducida del artículo 28 de la ley del gravamen. En el Impuesto a las Ganancias, las reformas comprenden la sustitución del índice de actualización de quebrantos —reemplazando el IPIM por el IPC y desvinculando la limitación histórica emergente del artículo 39 de la Ley 24.073—, la ampliación de exenciones aplicables a depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y a operaciones inmobiliarias vinculadas con la vivienda, la incorporación de un régimen optativo de valuación de existencias para establecimientos de engorde a corral, y la regulación de la residencia fiscal de extranjeros naturalizados por inversión. Finalmente, el Título XXV dispone la eliminación de determinados impuestos internos y la modificación del esquema de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico. La relevancia práctica del conjunto normativo reside tanto en su impacto sobre la determinación de los tributos en contextos inflacionarios como en la reconfiguración de incentivos sectoriales con vigencia diferenciada a partir de los ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025 y 2026, según corresponda.

Se detallan las fechas de entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral; en general y en los casos particulares de acuerdo a lo estipulado en cada título, capítulo o sección.

Se aprueba una reforma integral del derecho del trabajo argentino, modificando la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, el régimen procesal, el sistema sindical, la negociación colectiva, el trabajo agrario y el régimen de plataformas tecnológicas, y creando nuevos fondos e incentivos a la formalización y la inversión.

Si los trabajadores desempeñan tareas típicas de empleados, no pueden ser registrados como colaboradores independientes. El empleador debe regularizar la relación con alta retroactiva bajo el régimen laboral, evitando sanciones por encubrimiento o falta de registración.

El Fondo de Cese Laboral sólo puede implementarse si está previsto en un convenio colectivo de trabajo, con acuerdo expreso entre empleador y trabajador al inicio de la relación laboral o mediante pacto posterior. La adhesión no es unilateral ni retroactiva, y requiere consentimiento mutuo, incluso en contratos laborales ya vigentes, conforme a la Ley 27.742 y el Decreto 847/2024.

La Superintendencia de Seguros de la Nación aprueba los lineamientos técnicos y contractuales que deberán cumplir los seguros de cese laboral celebrados conforme a los artículos 6° y 21 del Anexo II del Decreto 847/2024, que regula el nuevo régimen alternativo al sistema indemnizatorio tradicional.

La Comisión Nacional de Valores aprueba un régimen específico para la constitución y funcionamiento de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 847/2024 que reglamenta aspectos de la Ley 27.742 en materia de modernización laboral.

Una persona humana puede mantener empleados en relación de dependencia y, al mismo tiempo, incorporar colaboradores bajo el régimen de trabajadores independientes inscriptos en el PADIC. No existe una restricción legal por tipo de actividad ni por coexistencia de ambas figuras, siempre que los colaboradores mantengan autonomía real y no cumplan tareas propias de una relación laboral encubierta. Es clave evitar subordinación, exclusividad o funciones similares a las de los empleados registrados.

El régimen de trabajadores independientes con colaboradores previsto en el capítulo IV de la Ley 27.742 no es aplicable a personas jurídicas. Según el artículo 97, está destinado únicamente a personas humanas que desarrollen un emprendimiento productivo con hasta tres colaboradores independientes. Por lo tanto, una SRL no puede contratar profesionales bajo esta figura.