El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la acción colectiva promovida por la CGT contra el Estado Nacional, resolvió que la inhibitoria planteada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 no se encuentra firme, por no haber sido aún aceptada ni rechazada. En consecuencia, el planteo de competencia no produce efectos suspensivos ni desplaza la jurisdicción, manteniéndose la competencia del fuero laboral. Además, admitió la intervención de la Unión Industrial Argentina como tercero necesario en el proceso y se suspendió el desarrollo del proceso hasta la incorporación de los litigantes omitidos.

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/2026, establece un esquema de promoción dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas —y determinadas entidades sin fines de lucro— orientado a incentivar inversiones productivas mediante beneficios fiscales condicionados. El presente trabajo analiza el alcance subjetivo del régimen, los requisitos de acceso, el concepto de inversión elegible, los montos mínimos exigidos, el criterio de puesta en marcha y el funcionamiento de los beneficios —en particular la devolución del crédito fiscal de IVA—, así como las principales exclusiones y el estado actual de implementación, destacando la relevancia práctica de la reglamentación operativa pendiente para su efectiva aplicación.

La Ley 27.802 establece la obligatoriedad de abonar las remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria, conforme la modificación del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dado que la norma no prevé un régimen transitorio y reviste carácter de orden público, su aplicación es inmediata desde su entrada en vigencia (6/3/2026), alcanzando tanto a nuevas contrataciones como a relaciones laborales ya existentes. En consecuencia, desde dicha fecha, todos los empleadores deben adecuar la modalidad de pago, independientemente de cuándo se haya iniciado el vínculo laboral.

En el régimen de personal de casas particulares, el recibo de sueldo continúa siendo obligatorio, manteniéndose los requisitos formales de contenido establecidos por la normativa vigente, aun cuando se avanza hacia esquemas de registración electrónica. En cuanto al medio de pago, la ley establece que la remuneración debe abonarse en efectivo y, en caso de imposibilidad, mediante cheque o depósito en cuenta bancaria a nombre del trabajador. Las billeteras virtuales no se encuentran contempladas como medio de pago válido, por lo que su utilización no se ajusta al marco legal vigente.

La Ley 27.802 modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que las remuneraciones deben abonarse exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria, eliminando la posibilidad de pago en efectivo en el régimen general. No obstante, el régimen de personal de casas particulares (Ley 26.844) mantiene la validez del pago en efectivo, permitiéndolo como modalidad principal, con opción de bancarización en caso de imposibilidad. En consecuencia, la obligación de pago mediante cuenta bancaria no resulta aplicable a este régimen especial.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago de remuneraciones mediante acreditación bancaria debe realizarse en una cuenta sueldo a nombre del trabajador, con las condiciones específicas de gratuidad y disponibilidad previstas por la normativa. No resulta válido utilizar cualquier cuenta bancaria común, salvo que sea previamente reconvertida a cuenta sueldo por la entidad financiera. La reglamentación del BCRA permite transformar una cuenta existente en cuenta sueldo a solicitud del trabajador, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.

El régimen de reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones, incorporado por la Ley 27.802 (RIFL), se encuentra formalmente vigente pero no resulta aplicable en la práctica. La norma establece alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses de la relación laboral, sin embargo, su operatividad depende de la reglamentación por parte de ARCA y de su implementación en los sistemas de liquidación (F. 931), lo cual aún no ha ocurrido. En consecuencia, al momento de dar de alta a un trabajador, deben aplicarse las alícuotas generales vigentes hasta tanto se habilite el régimen.

La normativa laboral vigente establece que los recibos de sueldo pueden emitirse en formato papel o digital, sin imponer la obligatoriedad de su digitalización. La Ley de Contrato de Trabajo, modificada por la Ley 27.802, admite el uso de firma digital o electrónica como alternativa válida, mientras que la Resolución 346/2019 de la Secretaría de Trabajo regula los requisitos del formato digital. Asimismo, se reconoce la posibilidad de digitalizar los recibos a efectos de su conservación, otorgándoles plena validez jurídica equivalente al soporte papel.

El presente trabajo analiza el estado de situación normativa derivado de la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y su interacción con la medida cautelar dictada el 30 de marzo de 2026 en el marco de la causa “CGT c/ Estado Nacional”. Se examina el alcance de la suspensión judicial de determinados artículos, la vigencia residual del régimen reformado y las implicancias prácticas para la liquidación de haberes, la documentación laboral y los sistemas de registración. En tal sentido, se procura delimitar criterios de prudencia técnica en un contexto de inestabilidad normativa, identificando los institutos plenamente operativos, aquellos sujetos a reglamentación y los alcanzados por cuestionamiento judicial.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.

Se reglamenta el “Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones” (RIMI), previsto en el Título XXIII de la Ley 27.802, estableciendo las condiciones operativas para su aplicación, los sujetos beneficiarios y el alcance de las inversiones productivas alcanzadas.

En la causa colectiva promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado Nacional, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo n.° 63 revocó por contrario imperio la medida cautelar innovativa que había suspendido la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802. El juez señaló que, si bien el 30 de marzo de 2026 había dispuesto una cautelar de alcance federal respecto de la mayoría de los artículos impugnados, un nuevo análisis sobre el impacto concreto del artículo 55 lo llevó a modificar su decisión provisional. Destacó que la cautelar inicialmente dictada podía perjudicar a trabajadores de determinadas jurisdicciones donde la doctrina legal vigente prevé mecanismos de actualización de créditos laborales menos favorables que el esquema contemplado por esa norma. Sobre esa base, entendió que mantener la suspensión general del artículo 55 podía contrariar la tutela de los propios sujetos protegidos por el proceso. Por ello, dejó sin efecto la suspensión cautelar de esa disposición y estableció que cada jurisdicción deberá juzgar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 de la Ley 27.802 en los procesos en trámite, difiriendo el examen de fondo para la sentencia definitiva.

El presente cuadro normativo ofrece una visualización completa y estructurada de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, integrando sus 218 artículos conforme a la organización real del texto legal y permitiendo su análisis mediante filtros por título, capítulo, tipo de modificación y estado de vigencia. A través de esta herramienta se identifican de manera clara las incorporaciones, modificaciones y derogaciones introducidas en el régimen laboral, facilitando una lectura técnica, ordenada y orientada a la práctica profesional. Asimismo, se incorpora el impacto de la suspensión cautelar parcial dispuesta en la causa “CGT RA c/ Estado Nacional” (CNT 10308/2026, 30/03/2026), que afecta la vigencia de un conjunto relevante de disposiciones hasta el dictado de sentencia definitiva, permitiendo distinguir con precisión el alcance efectivo actual de la reforma.

Se analiza el alcance subjetivo de la exención en el Impuesto a las Ganancias para alquileres con destino a casa habitación incorporada por la Ley 27.802. Se concluye que la exención resulta aplicable tanto a personas humanas como a personas jurídicas, dado que no se encuentra excluida expresamente para estos sujetos en la ley, quedando su aplicación sujeta a la reglamentación.

Se analiza el alcance de los mecanismos de cese laboral introducidos por la Ley 27.802, diferenciando entre el sistema sustitutivo por convenio colectivo, los fondos optativos del empleador y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se concluye que, en general, no existe una distinción entre empleados actuales y futuros, aunque la implementación depende del tipo de instrumento y, en algunos casos, de la negociación colectiva. Asimismo, el empleador mantiene la responsabilidad por las indemnizaciones.

Se analiza la vigencia de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 respecto del contenido del recibo de sueldo. Si bien la norma rige desde el 6 de marzo de 2026, la falta de reglamentación y de adecuación de los sistemas impide su aplicación inmediata. En consecuencia, no resultaría exigible implementar los nuevos recibos en la liquidación de marzo hasta que se definan formalmente los aspectos operativos.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

En la causa 'Sindicato Empleados de Comercio de San Martín c/ Estado Nacional', el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato. La decisión implica la suspensión de la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y otros convenios vinculados. El tribunal fundamentó su resolución en la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, considerando la inminencia del vencimiento del convenio colectivo y los efectos adversos que la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar sobre la estructura económica del sindicato y la representación de los trabajadores.

Se analiza el alcance de la reforma laboral (Ley 27.802) respecto de la posibilidad de contratar trabajadores bajo la figura de monotributo. Se concluye que la norma no habilita la utilización del monotributo para encubrir relaciones laborales en actividades comerciales, como un ayudante de pizzero. La figura del colaborador independiente está limitada a supuestos específicos —principalmente profesionales— y no elimina los criterios clásicos de relación de dependencia previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, subsiste el riesgo de reclamos laborales si se utiliza indebidamente.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.

La consulta analiza el tratamiento impositivo aplicable a la venta de un inmueble rural adquirido por una persona humana con posterioridad a enero de 2018 y destinado a alquiler no habitual. Se concluye que, si bien estas operaciones estaban alcanzadas por el impuesto cedular del 15% sobre la ganancia, a partir de la reforma introducida por la Ley 27.802, los resultados derivados de la enajenación de inmuebles quedan exentos en el Impuesto a las Ganancias para operaciones realizadas desde el 1° de enero de 2026. Asimismo, se recuerda que el ITI fue derogado, por lo que la operación no se encuentra alcanzada por ningún tributo nacional.

La Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y obliga a revisar los procedimientos de liquidación de haberes. Algunos cambios son inmediatos y visibles en el recibo; otros impactan en la estructura del paquete remunerativo y en la base de cálculo de aportes y contribuciones. A continuación, un repaso práctico de los puntos más relevantes.

Se analizan los rubros que integran la liquidación final del trabajador según el tipo de extinción del contrato —con justa causa, sin causa y durante el período de prueba— a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802. Se detallan las diferencias en materia indemnizatoria, el alcance de los conceptos devengados y las exclusiones aplicables en cada supuesto, así como el plazo legal para el pago de las acreencias laborales.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.