La Sindicatura General de la Nación aprobó un modelo de código de gobierno societario que deberán adoptar las empresas con participación estatal mayoritaria. La medida busca reforzar los estándares de control, integridad y gestión en el sector público empresarial.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) dispuso la aprobación de un modelo de Código de Gobierno Societario que deberá ser adoptado por las empresas y sociedades del Estado comprendidas en el artículo 8°, inciso b), de la Ley 24.156, introduciendo un marco homogéneo de control, transparencia y gestión institucional.

La medida, oficializada mediante la Resolución (SGN) 131/2026, alcanza a las sociedades con participación estatal mayoritaria, aunque excluye a aquellas que operan bajo el régimen de oferta pública de valores, entidades financieras supervisadas por el Banco Central y compañías de seguros reguladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El modelo aprobado funciona como un instrumento de referencia obligatorio que establece principios, recomendaciones y directrices orientadas a mejorar la conducción y supervisión de las empresas públicas. Entre sus ejes centrales se destacan el fortalecimiento del rol del directorio, la implementación de sistemas de control interno, la gestión integral de riesgos y la promoción de prácticas de ética e integridad.

Según se detalla en el anexo del modelo, el objetivo es promover estándares homogéneos de buen gobierno, transparencia e integridad, alineados con lineamientos internacionales como los de la OCDE, contribuyendo a una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos y a la generación de valor sostenible para la sociedad .

La normativa también introduce el criterio de “cumplir o explicar”, por el cual las empresas deberán justificar las recomendaciones que no adopten y reportar periódicamente su grado de cumplimiento, lo que implica un esquema de mayor rendición de cuentas.

En términos operativos, se exige la creación de estructuras formales de control, como comités de auditoría, áreas de auditoría interna independientes y políticas de gestión de riesgos empresariales. Asimismo, se promueve la transparencia informativa, la participación de los accionistas y la consideración de los grupos de interés en la toma de decisiones.

La resolución se enmarca en el proceso de modernización del sistema de control interno del sector público nacional, consolidando el rol de la SIGEN como órgano rector en la materia y estableciendo un estándar común para la gobernanza de las empresas estatales.