SUMARIO OFICIAL

Cabe revocar la sentencia que rechazó casi en su totalidad las acreencias que insinuó la AFIP con el argumento de que las determinaciones de deuda de oficio presentadas para su verificación, no fueron acompañadas de una explicación fundada y racional de las pautas utilizadas para establecerlas, pues se apartó de los principios de derecho público, en tanto, si bien reconoció que las certificaciones de deuda efectuadas en los términos de la ley 11.683 gozan de presunción de legitimidad, y que no se había cuestionado la legalidad de los procedimientos administrativos que sostenían esa certificación, sostuvo luego sin fundamento jurídico que ello, de modo alguno significa ubicar al Fisco en mejor situación que aquella ocupada por cualquier otro acreedor, en punto a la carga de la prueba para verificar su crédito, confrontando indebidamente el régimen de carga probatoria del código de procedimientos civil y comercial (art. 377) con la presunción de legitimidad del art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de naturaleza federal, en desmedro de esta última norma (Voto de los jueces Rosatti y Lorenzetti).

-Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-