SUMARIO OFICIAL

La sentencia que confirmó la determinación de oficio del impuesto de sellos, con sustento en que la solicitud de adhesión y el Reglamento General para Concesionarios suscriptos por los concesionarios y luego remitidos a la empresa automotriz actora para su evaluación constituyen un contrato de adhesión alcanzado por el tributo en cuestión, es arbitraria, pues el a quo interpretó dicho tributo como si tuviese la naturaleza jurídica de un impuesto sobre actos, contratos y operaciones que había sido señalada por la nota del proyecto de la ley 22.006 como la causante de los excesos de imposición que desvirtuaban la esencia del régimen de coparticipación; interpretación que había motivado la reforma introducida por la citada ley 22.006 al régimen de coparticipación de la ley 20.221 (Voto de los jueces Rosatti y Rosenkrantz).