La modificación busca adaptar el régimen a las particularidades de sectores como hidrocarburos, energía e infraestructura sin alterar su lógica de estabilidad.

El Gobierno nacional modificó el criterio técnico que determina el carácter de largo plazo de las inversiones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través de la Resolución 484/2026, el Ministerio de Economía elevó del 30% al 35% el umbral del cociente utilizado para evaluar la maduración de los proyectos, aplicable desde su publicación oficial.

El indicador en cuestión relaciona el valor presente del flujo neto de caja esperado —sin considerar inversiones— durante los primeros 3 años desde el desembolso inicial, con el valor presente neto de las inversiones de capital proyectadas en ese mismo período. Con el nuevo esquema, los proyectos podrán presentar una recuperación inicial relativamente mayor sin perder la calificación de largo plazo exigida por el régimen.

La decisión se sustenta en informes técnicos de distintas áreas del Ministerio, que identificaron la necesidad de ajustar el parámetro frente a las particularidades de sectores estratégicos. En especial, se destacó el caso de los desarrollos hidrocarburíferos no convencionales, que presentan recuperaciones tempranas más intensas pero requieren reinversiones constantes a lo largo de ciclos productivos extensos.

El análisis también incluyó sectores como energía eléctrica, minería, industria y tecnología, donde se concluyó que el nuevo umbral no desvirtúa el concepto de inversión de larga maduración. En actividades como infraestructura, turismo y foresto-industria, las autoridades consideraron que la modificación no genera impactos sustantivos y mantiene la coherencia del régimen.

La medida se enmarca en la facultad prevista por la Ley 27.742, que habilita a la autoridad de aplicación a modificar este coeficiente de manera uniforme para todos los sectores, siempre que se preserve el objetivo central del RIGI: otorgar estabilidad jurídica y fiscal exclusivamente a inversiones de largo plazo.

Con este ajuste, el Gobierno busca mejorar la aplicabilidad del régimen y alinearlo con la dinámica económica de los distintos sectores productivos, en un contexto de promoción de grandes inversiones nacionales y extranjeras.