Te contamos cómo queda el régimen de multas por falta de presentación tras la reforma introducida por la Ley 27.799 y su reglamentación. Se analiza el momento de configuración de la infracción, el plazo segmentado previo a la intimación y el alcance de la reducción del 50% por pago voluntario.

Te contamos cómo opera, según nuestro criterio interpretativo de la IG 2/2026 de ARCA, el nuevo régimen segmentado de multas por falta de presentación: se analiza el plazo previo a la intimación, el momento en que la multa se torna exigible y cuándo corresponde la reducción del 50% por pago voluntario dentro de los quince días.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introduce modificaciones al régimen de emisión de comprobantes regulado por la Resolución General 1.415, ampliando los sujetos obligados a facturar, incorporando la figura del comprobante de liquidación electrónica mensual y estableciendo nuevas reglas de identificación para operaciones con consumidores finales, en el marco de la implementación de declaraciones juradas simplificadas en Ganancias e IVA.

El Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 instituye un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas residentes que cumplan determinados parámetros de ingresos, patrimonio y perfil fiscal. El Decreto 93/2026 reglamenta sus aspectos operativos, estableciendo la modalidad de declaración jurada precargada, el concepto de “período fiscal base”, el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud respecto de períodos no prescriptos, así como los supuestos de discrepancia significativa que habilitan la impugnación y la extensión de la fiscalización. La reforma introduce una técnica legislativa orientada a fortalecer el cumplimiento voluntario mediante incentivos sustantivos de seguridad jurídica.

Se aprueban los criterios de aplicación de las modificaciones introducidas por la Ley 27.799 en materia de prescripción tributaria y previsional, en particular respecto del artículo 56, inciso a), de la Ley 11.683 y del artículo 16 de la Ley 14.236.

Se fijan las pautas procedimentales para la aplicación de la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 11.683 por la falta de presentación en término de declaraciones juradas determinativas.

Se modifica la Resolución General 830 incorporándose al Anexo III —listado de conceptos no sujetos a retención— los intereses originados por depósitos en moneda extranjera efectuados por personas humanas y sucesiones indivisas en entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reglamenta de manera integral el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias previsto en la Ley 27.799 y reglamentado por el Decreto 93/2026. La norma define el procedimiento de adhesión al sistema, la ratificación anual de la opción, la convalidación obligatoria para quienes ya habían adherido bajo el régimen transitorio anterior y las causales de desistimiento y exclusión.

El Poder Ejecutivo Nacional reglamenta el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias previsto en el Capítulo III del Título II de la Ley 27.799, aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan determinados parámetros de ingresos, patrimonio y perfil fiscal.

Se fijan criterios de actuación para la aplicación del principio de la ley penal más benigna a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.799, que actualiza los montos dinerarios del Régimen Penal Tributario y de las sanciones de la ley de procedimiento fiscal.

Se analiza si la denominada Ley de Inocencia Fiscal introduce un nuevo blanqueo de capitales o un mecanismo de regularización patrimonial. Te contamos cómo funciona el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, cuáles son sus efectos jurídicos y por qué, pese a ciertas similitudes prácticas, no puede considerarse un blanqueo en sentido técnico ni legal.

Se actualizan de manera sustancial los montos mínimos que determinan la configuración de los delitos tributarios y previsionales, elevando los umbrales económicos aplicables a la evasión, la apropiación indebida de tributos y los ilícitos vinculados a la seguridad social.