El presente trabajo analiza el Régimen General Simplificado del Impuesto a las Ganancias (RGS), destacando sus principales características, beneficios e implicancias prácticas para los contribuyentes. Se examinan, en particular, los efectos derivados de la presunción de exactitud, el efecto liberatorio del pago y la simplificación informativa, así como los riesgos asociados a su aplicación. Asimismo, se evalúa la conveniencia de adhesión en función del perfil del contribuyente —monotributistas y sujetos del régimen general—, considerando variables fiscales y patrimoniales, con especial atención a la formalización de activos y la trazabilidad de operaciones.

Se detallan los contribuyentes que no pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias según la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la RG (ARCA) 5820/2026. La exclusión se configura por incumplimiento de requisitos objetivos (niveles de ingresos, patrimonio, categorización como gran contribuyente) y formales (estado de CUIT y alta en el impuesto). Asimismo, se aclara que los socios de SRL, SA o SAS no están excluidos por su condición.

Se analiza la condición previa de inscripción en el Impuesto a las Ganancias para poder optar por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada correspondiente al período fiscal 2025. Se concluye que, en caso de no estar inscripto, el contribuyente debe gestionar el alta retroactiva en el impuesto con efecto en dicho período mediante Presentaciones Digitales de ARCA. 

El presente comentario analiza las modificaciones introducidas por la Ley 27.799 al régimen de multas automáticas previsto en el artículo 38 de la Ley 11.683, con especial énfasis en la incorporación de mecanismos de aviso previo, la segmentación de plazos para la intimación administrativa y los beneficios de reducción de sanciones por cumplimiento espontáneo. Se examina el nuevo equilibrio entre automaticidad sancionatoria y garantías procedimentales, así como su impacto práctico en la gestión tributaria y en la prevención de contingencias fiscales.

El presente trabajo analiza el régimen simplificado de determinación del Impuesto a las Ganancias introducido por la Ley 27.799 —en el marco del denominado Régimen de Inocencia Fiscal—, su reglamentación por el Decreto 93/2026 y los lineamientos operativos derivados de su implementación. Se examinan los requisitos de acceso, las condiciones de permanencia, los efectos jurídicos derivados de la adhesión —especialmente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago— y las implicancias prácticas en la relación fisco-contribuyente, destacando los desafíos interpretativos y operativos que presenta el nuevo esquema.

El régimen simplificado de Ganancias permite facilitar la liquidación del impuesto y otorgar beneficios como la presunción de exactitud, sin embargo su conveniencia depende del perfil del contribuyente, en particular en el caso de empleados y monotributistas, donde pueden surgir ventajas operativas pero también riesgos asociados a inconsistencias, exclusiones o diferencias en períodos fiscales.

De cara a los vencimientos de junio de 2026, se analizan algunos aspectos técnicos relevantes para la confección de la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2025, incluyendo criterios de valuación de activos, el impacto del REIBP y la vinculación del impuesto con el Régimen de Inocencia Fiscal.

El trabajo analiza el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias incorporado por el Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 y reglamentado por el Decreto 93/2026 y la Resolución General (ARCA) 5820/2026. La autora examina su alcance subjetivo, los parámetros de ingresos y patrimonio exigidos para su adhesión, el procedimiento de opción en el “Sistema Registral” y la modalidad de determinación del impuesto mediante una declaración jurada precargada que prescinde de la información patrimonial y del cálculo del consumo. Asimismo, analiza los efectos jurídicos derivados de la adhesión —particularmente el efecto liberatorio del período base y la presunción de exactitud de los períodos no prescriptos—, las situaciones que configuran discrepancia significativa y la obligación de bancarización de las operaciones económicas.

La Ley N.° 27.799 introduce un cambio relevante en el paradigma de fiscalización tributaria al incorporar el denominado principio de “inocencia fiscal”, basado en la presunción de buena fe del contribuyente y en la segmentación del universo fiscal según niveles de riesgo. En tal contexto, se crea el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, se establece el denominado “tapón fiscal” para períodos anteriores, se modifican los plazos de prescripción en la Ley 11.683, se actualizan los montos de sanciones por infracciones formales y materiales y se introducen ajustes en el régimen penal tributario. La reforma procura orientar la fiscalización hacia conductas de mayor riesgo fiscal, al tiempo que simplifica el cumplimiento para contribuyentes considerados cumplidores.

La consulta examina si la prohibición establecida en la Ley 27.743 —que impide adherir a futuros regímenes de regularización de activos no declarados hasta el 31 de diciembre de 2038— alcanza también al régimen creado por la Ley 27.799. 

Se desarrolla un análisis técnico-práctico de la Ley 27.799, destacando que la reforma implica un cambio de paradigma en el régimen penal tributario y en el procedimiento fiscal argentino. La autora explica que la norma actualiza significativamente los umbrales de punibilidad para adecuarlos al contexto inflacionario, introduce un mecanismo de actualización automática por UVA, redefine las causales de dispensa y extinción de la acción penal mediante el pago, incorpora supuestos reglados de no denuncia ante diferencias interpretativas o rectificaciones espontáneas, establece un régimen de prescripción abreviada para contribuyentes cumplidores condicionado a la inexistencia de “discrepancia significativa” y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada con efectos liberatorios. En este marco, el trabajo sostiene que la ley busca racionalizar el poder punitivo del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y concentrar la persecución penal en conductas dolosas de significativa entidad económica.

La Ley 27.799, conjuntamente con el Decreto 93/2026, la RG ARCA 5820/2026 y las Instrucciones Generales ARCA 2/2026 y 3/2026, consolida un modelo de control tributario sustentado en automatización, segmentación de contribuyentes y explotación intensiva de datos financieros. La reforma impacta operativamente en los estudios contables al redefinir la dinámica de aplicación de multas formales, introducir la prescripción abreviada condicionada y habilitar un régimen opcional de declaración jurada simplificada en el Impuesto a las Ganancias, configurando un escenario que exige gestión preventiva del riesgo fiscal y monitoreo permanente de consistencia sistémica.

La reforma introducida por la Ley 27.799 en materia de prescripción tributaria no constituye una mera modificación técnica del procedimiento fiscal, sino que impacta directamente en la gestión financiera y estratégica de las pequeñas y medianas empresas. Comprender cómo opera el nuevo plazo reducido de tres años —en reemplazo del tradicional plazo quinquenal previsto en el art. 56 de la Ley 11.683— permite dimensionar su incidencia en el horizonte de riesgo fiscal, en la previsibilidad económica y en la estructuración de políticas internas de cumplimiento.

La Ley 27.799, reglamentada por el Decreto 93/2026, instituye un régimen optativo de declaración jurada simplificada en el Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes, condicionado al cumplimiento de parámetros objetivos de ingresos y patrimonio. El régimen introduce un esquema de determinación asistida, elimina la obligación de exteriorizar la composición patrimonial y prevé efectos liberatorios sujetos a la inexistencia de discrepancias significativas, configurando un nuevo paradigma de relación fisco-contribuyente basado en presunción de exactitud condicionada y canalización financiera formal.

La Comisión Nacional de Valores reglamenta la operatoria de ingreso de fondos y activos al sistema financiero por parte de personas humanas y sucesiones indivisas que adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias, previsto en la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la RG 5820 de ARCA.

Se analiza si un funcionario público inscripto en el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio de una actividad profesional puede adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada previsto en la Ley 27.799.

Se analiza la posibilidad de que un contribuyente encuadrado en el Monotributo por alquileres pueda adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias previsto en la Ley 27.799, a fin de declarar rentas financieras de fuente extranjera.

Se analiza si los directores de sociedades anónimas, inscriptos únicamente en el Impuesto a las Ganancias y exentos en IVA, pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada previsto en la Ley 27.799. 

Se analiza el alcance de la expresión “canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el BCRA y la CNV” prevista en el Decreto 93/2026 reglamentario de la Ley 27.799. Se examinan dos posibles interpretaciones: una restrictiva, limitada a fondos previamente no declarados, y otra amplia, comprensiva de todas las operaciones del contribuyente que adhiera al régimen simplificado.

Se analiza si la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de la Ley 27.799 produce un “tapón fiscal” respecto de períodos anteriores. Te contamos cómo funciona el efecto liberatorio del período base, en qué condiciones opera la presunción de exactitud y cuáles son los supuestos en los que el beneficio puede decaer.

Te contamos cómo queda el régimen de multas por falta de presentación tras la reforma introducida por la Ley 27.799 y su reglamentación. Se analiza el momento de configuración de la infracción, el plazo segmentado previo a la intimación y el alcance de la reducción del 50% por pago voluntario.

Te contamos cómo opera, según nuestro criterio interpretativo de la IG 2/2026 de ARCA, el nuevo régimen segmentado de multas por falta de presentación: se analiza el plazo previo a la intimación, el momento en que la multa se torna exigible y cuándo corresponde la reducción del 50% por pago voluntario dentro de los quince días.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introduce modificaciones al régimen de emisión de comprobantes regulado por la Resolución General 1.415, ampliando los sujetos obligados a facturar, incorporando la figura del comprobante de liquidación electrónica mensual y estableciendo nuevas reglas de identificación para operaciones con consumidores finales, en el marco de la implementación de declaraciones juradas simplificadas en Ganancias e IVA.

El Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 instituye un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas residentes que cumplan determinados parámetros de ingresos, patrimonio y perfil fiscal. El Decreto 93/2026 reglamenta sus aspectos operativos, estableciendo la modalidad de declaración jurada precargada, el concepto de “período fiscal base”, el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud respecto de períodos no prescriptos, así como los supuestos de discrepancia significativa que habilitan la impugnación y la extensión de la fiscalización. La reforma introduce una técnica legislativa orientada a fortalecer el cumplimiento voluntario mediante incentivos sustantivos de seguridad jurídica.