El ministro de Economía convocó a contadores independientes para analizar los puntos más controvertidos del Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799. En ese marco, los profesionales buscarán precisiones sobre el límite de ingresos, el alcance de las discrepancias significativas, el uso de efectivo y la seguridad jurídica del sistema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá hoy jueves a un grupo de contadores independientes para analizar las dudas que genera la implementación del Régimen Simplificado de Ganancias y el esquema de “inocencia fiscal” impulsado por el Gobierno para incentivar el ingreso de los “dólares del colchón” al sistema formal.

Según trascendió, se trata de profesionales con fuerte participación y activa presencia en redes sociales y medios especializados, convocados directamente para trasladar inquietudes operativas y jurídicas detectadas desde la entrada en vigencia del régimen. La reunión no constituye una mesa institucional con Consejos Profesionales ni con la FACPCE.

Uno de los ejes centrales será el funcionamiento del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), creado por la Ley 27.799 y reglamentado por el Decreto 93/2026, mecanismo considerado clave para otorgar el denominado “tapón fiscal” y facilitar la utilización de fondos no declarados.

El principal foco de discusión pasa por el límite de $1.000 millones de ingresos anuales, requisito de adhesión que todavía genera interpretaciones contrapuestas respecto de qué conceptos deben computarse dentro de ese parámetro.

Los especialistas sostienen que aún faltan aclaraciones oficiales sobre el tratamiento de rentas presuntas, dividendos fictos, herencias, diferencias de cambio, rescates financieros y operaciones realizadas por comisionistas, entre otros conceptos.

También preocupa el alcance de las denominadas “discrepancias significativas”, parámetro que puede hacer caer los beneficios del régimen simplificado y habilitar controles fiscales sobre ejercicios anteriores. En particular, existen dudas sobre el efecto de las inspecciones o fiscalizaciones ya iniciadas antes de la adhesión al sistema.

En este punto, los tributaristas buscan precisiones sobre la aplicación del artículo 4° del Decreto 93/2026 y sobre la interacción entre la presunción de exactitud y las órdenes de intervención notificadas con anterioridad a la presentación de la declaración jurada simplificada.

Otro tema sensible es el uso de los “dólares del colchón” y la posibilidad de que ARCA utilice la presunción del artículo 18 inciso g) de la Ley 11.683 para cuestionar depósitos bancarios que no guarden relación con los ingresos declarados.

Los profesionales también señalarán la necesidad de aclarar si los fondos no exteriorizados pueden utilizarse directamente para pagos en efectivo o si necesariamente deben ingresar previamente al sistema financiero formal mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales o cuentas comitentes.

En paralelo, otro de los temas que se llevarán a la reunión será el fuerte incremento de las multas automáticas por incumplimientos formales. Las sanciones pasaron de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas, luego de la reforma introducida en la Ley de Procedimiento Fiscal.

Los contadores cuestionan especialmente que no se haya implementado el esquema de recordatorios previos anunciado meses atrás por el propio Caputo antes de aplicar sanciones automáticas.

Además de los planteos técnicos, los especialistas buscarán acercar una serie de propuestas y pedidos concretos al Ministerio de Economía y a ARCA. Entre ellos se destacan:

• Prórroga de los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales al mes de agosto.
• Publicación urgente de dictámenes aclaratorios sobre el límite de ingresos y discrepancias significativas.
• Mejoras operativas en la web de ARCA, ante fallas y demoras reiteradas.
• Implementación efectiva de un sistema de aviso previo antes de aplicar multas automáticas.
• Revisión legislativa de las sanciones previstas en el artículo 38 de la Ley 11.683.
• Aclaración expresa sobre el uso de efectivo y la canalización de operaciones financieras.
• Definición sobre el alcance del “tapón fiscal” frente a inspecciones en curso.
• Suspensión temporal de ejecuciones fiscales.
• Lanzamiento de un nuevo plan de facilidades de pago para contribuyentes con deudas fiscales.
• Precisiones sobre el tratamiento de depósitos bancarios vinculados a fondos previamente no declarados.

ARCA informó recientemente que ya existen más de 80.000 adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque especialistas consideran que el nivel de adhesión todavía es bajo respecto del universo potencial de contribuyentes alcanzados.