El esquema mantiene una prestación mensual de $78.000, pero incorpora mayores exigencias de control, capacitación y verificación patrimonial para sostener el beneficio.

El Gobierno nacional dispuso la extensión del Programa de Acompañamiento Social (PAS) por un plazo total de 48 meses y aprobó una actualización integral de sus condiciones operativas, con cambios en los requisitos de acceso, permanencia y control de los beneficiarios.

A través de la Resolución 90/2026 publicada hoy, el Ministerio de Capital Humano establece que el programa continuará dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social, especialmente mayores de 50 años, mujeres con cuatro o más hijos menores y otros casos especiales, con el objetivo de promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables.

En cuanto al beneficio económico, se mantiene una asignación mensual no remunerativa de $78.000, cuyo cobro queda sujeto al cumplimiento de determinadas corresponsabilidades, entre ellas la acreditación de controles de salud, vacunación de menores, asistencia escolar y la realización de cursos de capacitación a través de plataformas oficiales.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento de los mecanismos de control y focalización. En ese sentido, se amplían las incompatibilidades del programa, excluyendo a personas con determinados niveles de patrimonio, consumos elevados, acceso a divisas, beneficios previsionales o inscripción en categorías superiores del monotributo.

Asimismo, se introducen nuevas causales de egreso, que incluyen conductas vinculadas a la alteración del orden público, hechos de violencia o falsedad en la información declarada, además de las incompatibilidades ya previstas.

La normativa también prorroga por dos años la vigencia de la Unidad Ejecutora encargada de implementar el programa, con el objetivo de garantizar su continuidad operativa y administrativa.

Desde el Ministerio de Capital Humano se fundamentó la medida en la evolución de los indicadores sociales, destacando la reducción de la pobreza e indigencia registrada en los últimos períodos, y en la necesidad de consolidar los resultados obtenidos mediante una mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos.