La normativa laboral vigente establece que los recibos de sueldo pueden emitirse en formato papel o digital, sin imponer la obligatoriedad de su digitalización. La Ley de Contrato de Trabajo, modificada por la Ley 27.802, admite el uso de firma digital o electrónica como alternativa válida, mientras que la Resolución 346/2019 de la Secretaría de Trabajo regula los requisitos del formato digital. Asimismo, se reconoce la posibilidad de digitalizar los recibos a efectos de su conservación, otorgándoles plena validez jurídica equivalente al soporte papel.

El presente trabajo analiza el estado de situación normativa derivado de la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y su interacción con la medida cautelar dictada el 30 de marzo de 2026 en el marco de la causa “CGT c/ Estado Nacional”. Se examina el alcance de la suspensión judicial de determinados artículos, la vigencia residual del régimen reformado y las implicancias prácticas para la liquidación de haberes, la documentación laboral y los sistemas de registración. En tal sentido, se procura delimitar criterios de prudencia técnica en un contexto de inestabilidad normativa, identificando los institutos plenamente operativos, aquellos sujetos a reglamentación y los alcanzados por cuestionamiento judicial.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos ratifica la vigencia de la Resolución 0098/20 y consolida la utilización de plataformas virtuales para la realización de audiencias de conciliación laboral, incorporando un esquema que habilita su desarrollo en modalidad presencial, virtual o mixta.

El acuerdo establece nuevos salarios básicos conformados con vigencia al 31 de marzo de 2026 y al 1 de abril de 2026, los cuales incidirán sobre los adicionales convencionales.

El acuerdo establece un incremento del 6% sobre los salarios básicos convencionales vigentes al 31 de marzo de 2026, aplicable a partir del 1 de abril de 2026. Este aumento también se extiende al adicional por antigüedad.

La Suprema Corte de Buenos Aires confirmó en lo sustancial la multa impuesta a Repartos Ya S.A. por infracciones laborales detectadas en inspecciones sobre repartidores vinculados a la plataforma, al considerar válida la actuación del Ministerio de Trabajo y la aplicación de la presunción de laboralidad respecto de quienes prestaban servicios reconocidos por la empresa. Sin embargo, revocó parcialmente la sentencia en relación con ocho personas respecto de las cuales la firma negó toda vinculación, al sostener que en esos casos no corresponde aplicar automáticamente la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y que la existencia del vínculo debía ser probada por quien la invocaba. Por ello, ordenó reenviar la causa al tribunal de origen, con nueva integración, para que dicte un nuevo pronunciamiento limitado a ese aspecto.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos extraordinarios interpuestos por Rappi Argentina S.A.S. y confirmó la validez de la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo provincial por infracciones a la normativa laboral y de la seguridad social. El Tribunal consideró insuficientes los agravios planteados por la empresa, convalidó la actuación administrativa y judicial previa, y sostuvo que la autoridad laboral posee facultades para interpretar la existencia de relaciones laborales en el ejercicio del poder de policía. Asimismo, ratificó la aplicación de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y la legitimidad de la multa determinada.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.

Se crea el Programa “Formando Capital Humano”, orientado a promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales mediante el acceso a cursos de formación profesional financiados a través de un sistema de vouchers. La iniciativa apunta a personas mayores de 18 años con problemáticas de empleo, incluyendo desocupados, trabajadores informales, monotributistas sociales y de categoría A, trabajadores con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, personal de casas particulares y trabajadores rurales temporarios o estacionales.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo actualizó a $ 83.670,25 el importe equivalente al Módulo Previsional (MOPRE) aplicable al régimen sancionatorio previsto en la Ley 24.557 para empleadores autoasegurados, aseguradoras de riesgos del trabajo y compañías de seguros de retiro. La actualización se efectuó a partir del nuevo Haber Mínimo Garantizado fijado por la ANSES en $ 380.319,31 para abril de 2026, conforme la movilidad previsional vigente.

El acuerdo establece un incremento remunerativo de los salarios básicos para los meses de marzo, abril y mayo de 2026, cuyos valores específicos se detallan en los anexos correspondientes.

El acuerdo establece un incremento salarial remunerativo para los meses de marzo, abril y mayo de 2026, aplicable a los salarios básicos de cada categoría profesional.

El acuerdo establece un incremento salarial como cierre de la paritaria 2025/2026 y primer tramo bimestral de la paritaria anual 2026/2027. Se aplicará un aumento del 2% en marzo de 2026, un 1,9% en abril de 2026 y un 1,8% en mayo de 2026, todos acumulativos y sobre los salarios básicos vigentes.

El acuerdo establece un incremento salarial en cinco etapas para el período de febrero a junio de 2026. Las primeras tres etapas consisten en aumentos no remunerativos del 5%, 7.5% y 10.5% sobre el salario básico al 31 de enero de 2026, aplicables en febrero, marzo y abril respectivamente. Las dos etapas finales incluyen incrementos en el salario básico del 4% y 4.5% para mayo y junio, además de sumas no remunerativas del 7.5% y 5.5% sobre los nuevos básicos.

El acuerdo colectivo celebrado entre el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) establece un incremento salarial en cinco etapas para las categorías del CCT 501/07.

En la causa colectiva promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado Nacional, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo n.° 63 revocó por contrario imperio la medida cautelar innovativa que había suspendido la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802. El juez señaló que, si bien el 30 de marzo de 2026 había dispuesto una cautelar de alcance federal respecto de la mayoría de los artículos impugnados, un nuevo análisis sobre el impacto concreto del artículo 55 lo llevó a modificar su decisión provisional. Destacó que la cautelar inicialmente dictada podía perjudicar a trabajadores de determinadas jurisdicciones donde la doctrina legal vigente prevé mecanismos de actualización de créditos laborales menos favorables que el esquema contemplado por esa norma. Sobre esa base, entendió que mantener la suspensión general del artículo 55 podía contrariar la tutela de los propios sujetos protegidos por el proceso. Por ello, dejó sin efecto la suspensión cautelar de esa disposición y estableció que cada jurisdicción deberá juzgar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 de la Ley 27.802 en los procesos en trámite, difiriendo el examen de fondo para la sentencia definitiva.

En la causa 'Burgos Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios calle Cuenca 2379 s/ despido', el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21 declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802, que permitía el fraccionamiento de los créditos laborales. El tribunal fundamentó su decisión en la violación de principios constitucionales y derechos humanos, destacando que el tratamiento diferenciado hacia los acreedores laborales resulta discriminatorio y confiscatorio. En consecuencia, se resolvió que el crédito reconocido debía ser abonado en un único pago, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva.

En la causa 'Pajón, Francisco Agapito s/ incidente de verificación de crédito', la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había desestimado el carácter laboral del crédito del trabajador. El tribunal consideró que la indemnización por accidente de trabajo, aunque derivada de un contrato de seguros, debe ser tratada como un crédito laboral, otorgándole así los privilegios correspondientes en el marco de la ley concursal. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento de intereses compensatorios devengados tras la quiebra de la aseguradora.

El acuerdo establece un incremento salarial como cierre de la paritaria 2025/2026 y primer tramo bimestral de la paritaria anual 2026/2027. Se aplicará un aumento del 2% en marzo de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026, un 1,9% en abril de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026, incluyendo la absorción de una fracción de la suma no remunerativa de marzo, y un 1,8% en mayo de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026. Los incrementos son acumulativos.

El Ministerio de Capital Humano establece precisiones sobre el refuerzo adicional dispuesto por el Decreto 115/2026 en el marco de la Asignación por Ayuda Escolar Anual prevista en la Ley 24.714. La norma aclara que dicho refuerzo, destinado a complementar el monto de la asignación hasta alcanzar los $85.000, tiene carácter extraordinario, se abona por única vez y corresponde exclusivamente al ciclo lectivo 2026, comprendido entre marzo de ese año y el próximo pago masivo de la prestación.

En la causa 'Rosemberg Adrián Alberto c/ Universidad Tecnológica Nacional', la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los reclamos de salarios caídos e indemnización por despido interpuestos por el actor. El tribunal fundamentó su decisión en la naturaleza de la relación contractual, que se encuadró en locaciones de servicios y no en un vínculo laboral dependiente. Asimismo, se destacó la falta de estabilidad en el empleo y la ausencia de prueba que acredite la existencia de una relación laboral encubierta.

El presente cuadro normativo ofrece una visualización completa y estructurada de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, integrando sus 218 artículos conforme a la organización real del texto legal y permitiendo su análisis mediante filtros por título, capítulo, tipo de modificación y estado de vigencia. A través de esta herramienta se identifican de manera clara las incorporaciones, modificaciones y derogaciones introducidas en el régimen laboral, facilitando una lectura técnica, ordenada y orientada a la práctica profesional. Asimismo, se incorpora el impacto de la suspensión cautelar parcial dispuesta en la causa “CGT RA c/ Estado Nacional” (CNT 10308/2026, 30/03/2026), que afecta la vigencia de un conjunto relevante de disposiciones hasta el dictado de sentencia definitiva, permitiendo distinguir con precisión el alcance efectivo actual de la reforma.

En la causa "Chiari Cesar Ulises c/ Ruben Teodoro Casares y/o Q.R.R. y propietario de cabañas hospedaje 'Rancho Pelo Largo' s/ indemnización laboral", el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor. La decisión revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había rechazado la extensión de la condena a un tercero, argumentando que no había sido parte en el proceso principal. El tribunal fundamentó que la continuidad de la explotación del establecimiento justifica la extensión de la responsabilidad, garantizando así el derecho del trabajador a cobrar su indemnización.