Se analiza la posibilidad de otorgar una licencia paga por enfermedad sin respaldo médico en el marco de la LCT, destacando las facultades del empleador para adoptar medidas preventivas y la importancia del control médico laboral. Asimismo, se distingue el tratamiento del período de licencia según exista o no acreditación médica de la incapacidad, a efectos del cómputo de los plazos del artículo 208 y sus implicancias posteriores.

Se analizan los rubros que integran la liquidación final del trabajador según el tipo de extinción del contrato —con justa causa, sin causa y durante el período de prueba— a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802. Se detallan las diferencias en materia indemnizatoria, el alcance de los conceptos devengados y las exclusiones aplicables en cada supuesto, así como el plazo legal para el pago de las acreencias laborales.

Se describe el procedimiento aplicable ante inspecciones del Ministerio de Trabajo en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, incluyendo las etapas de fiscalización, verificación registral, intimación a regularizar, audiencia de descargo y eventual imposición de sanciones. Asimismo, se detallan las alternativas del empleador frente a la multa, su posible reducción por regularización temprana y las consecuencias del incumplimiento, como la inclusión en el REPSAL y la determinación de deudas previsionales.

Se analiza el tratamiento aplicable cuando un trabajador del régimen de casas particulares accede al beneficio jubilatorio o continúa prestando tareas una vez jubilado. Se detallan las obligaciones del empleador en relación con la actualización de la condición en el sistema ARCA, así como las modificaciones en los aportes y contribuciones, destacando la reducción de cargas y la exclusión del aporte a la obra social.

La Superintendencia de Servicios de Salud incorpora una sección especial dentro del Registro de Agentes del Seguro de Salud para la cobertura médico asistencial de pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado, con el fin de identificar a las obras sociales que acepten recibir afiliados monotributistas provenientes de agentes del seguro de salud dados de baja.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

En la causa “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional s/ medida cautelar”, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 hizo lugar a la medida precautoria solicitada por el sindicato actor y dispuso la suspensión de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la función judicial laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802.

El acuerdo establece un incremento salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89, otorgando una suma no remunerativa de $53.000 a abonarse en marzo de 2026, de la cual $49.471 se incorporarán a los salarios básicos a partir de abril de 2026. Además, se otorga un incremento salarial desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2026, conforme a las escalas adjuntas. Se unifica el adicional de especialidad en un 20% para ciertas ramas, con incrementos en marzo y junio de 2026. Se crea un Premio por Presentismo y Puntualidad de $60.000, con carácter remunerativo, aplicable desde abril de 2026. El acuerdo incluye cláusulas de revisión y absorción de incrementos estatales, así como una contribución extraordinaria a las obras sociales de $25.000 por trabajador desde marzo de 2026.

El acuerdo establece un incremento salarial acumulativo sobre la base del salario de enero de 2026, distribuyéndose de la siguiente manera: un 3% a partir del 1 de febrero, un 3% desde el 1 de marzo, y un 3.5% a partir del 1 de abril de 2026.

El presente cuadro comparativo expone, de manera sistemática y artículo por artículo, las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen laboral argentino, abarcando tanto la Ley de Contrato de Trabajo como otras normas complementarias. A través de la confrontación entre el texto anterior y el texto reformado, se identifican con precisión los cambios relevantes en materia de ámbito de aplicación, principios interpretativos, modalidades contractuales, jornada, remuneración, registración, responsabilidad empresaria y régimen indemnizatorio, así como las derogaciones y nuevas incorporaciones. La herramienta permite visualizar de forma integral el alcance de la reforma, facilitando su análisis técnico y su aplicación práctica en el ámbito profesional.

El socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada debe inscribirse en el régimen de trabajadores autónomos por el ejercicio de funciones de administración dentro de la sociedad. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la obligación de inscripción y de presentación de declaración jurada anual no surge únicamente por el hecho de ocupar el cargo, sino por la obtención de rentas gravadas atribuibles, como honorarios por la función o utilidades societarias. 

Se analiza la situación en la que un trabajador solicita dejar de prestar tareas durante parte de la jornada en determinados días de la semana, con acuerdo del empleador. En estos casos, no corresponde registrar esas horas como ausencias injustificadas, sino que debe instrumentarse una modificación consensuada de la jornada laboral. El cambio debe formalizarse por escrito y reflejarse en la remuneración proporcional. Asimismo, la reorganización del tiempo de trabajo también puede instrumentarse mediante un sistema de banco de horas previsto en la reciente reforma laboral, que permite compensar horas trabajadas en distintos momentos sin reducir necesariamente el salario.

Se analiza el tratamiento indemnizatorio cuando un trabajador atraviesa una enfermedad inculpable que deriva en incapacidad absoluta. Aunque el empleador haya abonado los salarios durante el período legal de licencia por enfermedad y posteriormente haya operado la reserva del puesto por un año, la extinción del vínculo en estos casos se rige por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma establece que, cuando la incapacidad es absoluta y permanente e impide la continuidad laboral, corresponde abonar una indemnización equivalente a la prevista para el despido sin causa (artículo 245 LCT), independientemente de que se hayan cumplido previamente las etapas de licencia paga y reserva del puesto.

Se analiza si corresponde abonar la integración del mes de despido cuando el empleador está comprendido en el régimen de pequeñas empresas de la Ley 24.467. Mientras que el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé la integración cuando el despido sin preaviso se produce en una fecha que no coincide con el último día del mes, el artículo 95 de la Ley 24.467 establece un régimen especial de preaviso de un mes para las pymes. Esta particularidad ha generado distintas interpretaciones: una postura entiende que la integración sigue siendo aplicable, mientras que otra —respaldada por cierta jurisprudencia— considera que el régimen especial desplaza la aplicación del artículo 233 de la LCT, por lo que no correspondería abonarla.

Se analiza si un empleador puede abonar en cuotas la indemnización derivada de un despido sin causa. Se concluye que, conforme al régimen laboral vigente, la liquidación final debe pagarse en forma inmediata al extinguirse el vínculo laboral. La posibilidad de cancelar el crédito laboral en cuotas introducida por la Ley 27.802 se limita exclusivamente a sentencias judiciales condenatorias, permitiendo hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas o personas humanas. Por lo tanto, el pago en cuotas solo sería posible mediante un acuerdo con el trabajador debidamente formalizado y, preferentemente, homologado ante la autoridad administrativa o judicial.

La Superintendencia de Servicios de Salud extendió por 30 días el plazo para que las entidades de medicina prepaga y los agentes del seguro de salud adecúen sus contratos, facturas y estados de cuenta al modelo de “Cuota Transparente” establecido por la Resolución 1725/2025. La prórroga se suma a la extensión anterior por 90 días dispuesta por la Resolución 1941/2025.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares actualizó las remuneraciones mínimas del personal comprendido en la Ley 26.844 con dos incrementos consecutivos del 1,5%: el primero desde febrero de 2026 sobre los salarios mínimos vigentes a enero de 2026 y el segundo acumulativo desde marzo de 2026 sobre los valores de febrero. Además, estableció el pago de una suma no remunerativa para los salarios de febrero y marzo de 2026, diferenciada según la carga horaria semanal.

Se detallan las fechas de entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral; en general y en los casos particulares de acuerdo a lo estipulado en cada título, capítulo o sección.

Se consulta sobre el procedimiento para solicitar la excedencia luego de la licencia por maternidad, su duración, los efectos sobre la remuneración y la cobertura de obra social, y qué corresponde percibir si la trabajadora decide renunciar.

Se consulta cómo debe computarse la antigüedad cuando una trabajadora fue contratada, renunció y luego reingresó a la misma empresa con reconocimiento del tiempo trabajado anteriormente, y es despedida al finalizar su licencia por maternidad. Se concluye que, conforme al artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe sumarse el período trabajado en la relación anterior con el tiempo correspondiente al nuevo vínculo para el cálculo de la indemnización por antigüedad del artículo 245. En el caso planteado, la suma de ambos períodos supera el año y seis meses, por lo que corresponde considerar dos años indemnizatorios. Asimismo, se aclara que la indemnización agravada por maternidad prevista en el artículo 182 no depende de la antigüedad, sino que equivale a un año de remuneraciones y se adiciona a la indemnización por despido.

Se consulta si corresponde otorgar las vacaciones pendientes inmediatamente después de la licencia por maternidad y si luego la trabajadora puede solicitar el período de excedencia previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. La respuesta explica que las vacaciones pueden concederse a continuación de la licencia si la trabajadora no opta por la excedencia. Sin embargo, la opción por la excedencia debe comunicarse dentro de las cuarenta y ocho horas previas al vencimiento de la licencia por maternidad y, de ejercerse, la suspensión del contrato comienza al finalizar dicha licencia, por lo que las vacaciones deberán postergarse hasta el momento de la reincorporación efectiva.