El Ministerio de Justicia creó una mesa estratégica para elaborar una política común de incorporación de inteligencia artificial al sistema de justicia. El nuevo espacio deberá identificar proyectos, proponer pruebas piloto y coordinar acciones de capacitación, con pautas de seguridad, protección de datos y supervisión humana.
La medida fue dispuesta por la Resolución 469/2026, publicada el 23 de septiembre en el Boletín Oficial. La Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia (MEIAJ) funcionará en la Unidad de Gabinete de Asesores y tendrá a Esteban Mahiques como coordinador.
Su primera obligación con plazo definido será elevar al ministro una propuesta preliminar de estrategia dentro de los 90 días corridos contados desde la primera reunión. Por lo tanto, el plazo no comienza con la publicación de la resolución, y la norma no fija una fecha calendario para la entrega.
El alcance es institucional: busca ordenar las iniciativas que ya existen y orientar las que se desarrollen en el futuro. La resolución aclara que la estrategia no tendrá por objeto establecer un régimen general de regulación de la inteligencia artificial.
Qué tareas tendrá la mesa y quiénes participarán
La MEIAJ deberá relevar herramientas, proyectos y experiencias de IA en el sistema de justicia, identificar necesidades de los organismos y determinar las capacidades disponibles. A partir de ese diagnóstico, propondrá objetivos, prioridades, resultados esperados y etapas de implementación.
También analizará casos de uso y proyectos piloto para evaluar su utilidad, viabilidad, seguridad e impacto. El enfoque previsto es gradual y requiere mecanismos de seguimiento: la resolución encomienda promover indicadores y evaluar las iniciativas que se desarrollen.
Otra línea de trabajo será la capacitación y sensibilización de magistrados, funcionarios, empleados y otros operadores del sistema. El intercambio de conocimientos podrá involucrar a instituciones judiciales, organismos públicos, universidades, colegios profesionales y actores tecnológicos.
La integración inicial comprende un representante de la Unidad Gabinete de Asesores, la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, la Subsecretaría de Política Criminal, la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica y el área ministerial competente en tecnologías de la información y las comunicaciones.
La coordinación podrá invitar al Poder Judicial de la Nación, los ministerios públicos, organismos nacionales y provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instituciones académicas, organizaciones civiles, empresas tecnológicas y especialistas. Esa posibilidad de participación no implica que todos esos actores hayan quedado incorporados automáticamente a la Mesa.
El espacio actuará en coordinación con el Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia, creado por la Resolución MJ 111/2024 y sus modificatorias, sin desplazar las competencias que le fueron asignadas.
Protección de datos y supervisión humana
La formulación e implementación de la estrategia deberán respetar la normativa vigente en materia de datos personales, seguridad de la información, propiedad intelectual, transparencia y tutela de derechos. La resolución exige promover mecanismos adecuados de supervisión humana, trazabilidad y evaluación de riesgos.
En consecuencia, la creación de la Mesa no equivale a autorizar de manera general el uso de cualquier herramienta ni a aprobar un sistema concreto para intervenir en procedimientos judiciales. El paso dispuesto consiste en organizar la planificación y la coordinación institucional, con análisis y evaluación de las soluciones que se propongan.
Los considerandos vinculan la iniciativa con la cooperación técnica de EL PACCTO 2.0, programa de la Unión Europea para América Latina y el Caribe. En julio de 2026 se realizó una misión de trabajo con áreas del Ministerio y expertos de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia para relevar necesidades, capacidades y posibles objetivos.
La MEIAJ definirá su cronograma y modalidad de funcionamiento, podrá conformar grupos específicos y reunirse de manera presencial, virtual o combinada. La participación será ad honorem, sin remuneraciones ni compensaciones, y la resolución dispone que su implementación no cree nuevas estructuras organizativas ni genere erogaciones presupuestarias adicionales.
