El Ministerio de Justicia creó una comisión para elaborar un anteproyecto de reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La iniciativa busca incorporar la oralidad, modernizar la gestión mediante herramientas tecnológicas y simplificar los procedimientos, respetando las garantías del debido proceso.
La decisión se formalizó mediante la Resolución (MJ) 515/2026, publicada el 7 de octubre de 2026 y con entrada en vigencia el día siguiente. No se aprueba todavía un nuevo Código ni se modifican, por esta resolución, las reglas procesales vigentes. La medida organiza el trabajo previo de elaboración de una propuesta legislativa.
Los cuatro ejes de la reforma
El anteproyecto deberá seguir cuatro lineamientos expresamente establecidos:
- Instaurar el sistema de oralidad en el proceso civil y comercial.
- Asegurar la tutela judicial efectiva y las garantías constitucionales y convencionales del debido proceso.
- Incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la gestión procesal.
- Simplificar los procedimientos y favorecer mecanismos de resolución de conflictos.
Los fundamentos destacan el papel de las audiencias orales, públicas y con presencia directa del juez para mejorar la celeridad, la transparencia y la cercanía de la justicia. Estos son objetivos de la propuesta, no nuevos requisitos exigibles de inmediato a quienes intervienen en un juicio.
Cómo se organizará el trabajo
La comisión contará con una subcomisión redactora, encargada del índice, el articulado, los fundamentos y el anteproyecto de ley, y otra revisora, que analizará el texto producido. Sus miembros ejercerán las tareas ad honorem.
Podrá convocar con carácter consultivo a magistrados, funcionarios, especialistas, instituciones académicas, colegios profesionales, organismos públicos y otros expertos. Además, recibirá apoyo técnico de las áreas competentes del Ministerio y dictará su reglamento interno.
Desde cuándo se cuentan los 60 días
El plazo máximo para concluir las tareas y aprobar el texto definitivo es de 60 días corridos desde la primera reunión formal de la comisión. No se cuenta desde la publicación de la resolución y puede prorrogarse a pedido del propio cuerpo.
Una vez elaborado, el anteproyecto y los demás documentos deberán presentarse a la Secretaría de Justicia para su consideración y posterior elevación al ministro.
Por qué se impulsa una revisión integral
El Ministerio señala que el Código Procesal, establecido en 1967 y objeto de reformas parciales, no fue adecuado integralmente a los cambios introducidos por el Código Civil y Comercial vigente desde 2015. También menciona las actualizaciones realizadas por diversas provincias y las transformaciones en la gestión judicial.
Entre los antecedentes que servirán de insumo figuran el anteproyecto presentado en 2019, el programa de fortalecimiento de la oralidad desarrollado desde 2016, la experiencia procesal de Mendoza y las bases de reforma elaboradas en el marco de Justicia 2020.
Para profesionales, empresas y particulares que litiguen en el ámbito alcanzado, el efecto inmediato es la apertura de una etapa de diseño de la reforma. Las modificaciones concretas dependerán del texto que se elabore y de su posterior trámite legislativo.
